La corrupción judicial en su máxima expresión. Cristina Fernández te puede gustar o no, pero es innegable la impunidad con que la Justicia llevó adelante procesos que se pasaban de irregulares y desprolijos, desconociendo toda la jurisprudencia existente.
En el juicio sobre la obra pública en Santa Cruz desfilaron los testigos de la fiscalía que terminaron favoreciendo más a la defensa que a la acusación.
Ahora les toca a los testigos de las defensas, jefes de gabinete de los gobiernos kirchneristas, empezando por Alberto Fernández, siguiendo con Sergio Massa y Aníbal Fernández. Sólo en esa causa faltan 100 testigos, que pueden llevar días enteros en sus declaraciones. Lo que nos lleva a pensar que tampoco habrá definición durante este año en lo que hace a esta causa.
Peor está el caso del dólar futuro, que tiene más posibilidades de caerse que se persistir. Una pericia firmada de manera unánime derrumbó la acusación y ahora el Tribunal de Casación debe resolver si hay juicio o no, con todas las posibilidades de que no pase.
También el caso del Memorándum de Entendimiento con Irán se va despintando. Se espera una respuesta de Interpol. El juicio podría empezar, pero no terminará en este año. Es el mismo cuadro de situación se puede ver en el expediente de la causa Cuadernos. Tras un vergonzoso fallo del Tribunal de Casación, habrá que dedicar todo este año a la instrucción suplementaria. El último hundimiento es más estruendoso porque con solo una pericia la causa quedó anulada, el Plan Qunitas. usa que estuvo en la tapa de los diarios opositores: el plan Qunitas.
Obra Pública
El juicio se inició en mayo de 2019 y los testigos que desfilaron hasta ahora son los convocados por la fiscalía para sostener la acusación, ya que se desmantelaron las imputaciones principales. Que se pagaron obras que no se hicieron. Que Lázaro Báez «patoteó» a las otras empresas constructoras y las compró. Que había atrasos importantes en las obras de Báez. Que hubo una maniobra para beneficiar a Santa Cruz por encima de otras provincias. Que Lázaro Baez ganó 51 de las 81 licitaciones en Santa Cruz. Un momento cumbre lo tendrán los ex jefes de Gabinete, Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina.
Todo indica que esos testigos terminarán con la acusación contra CFK porque el rol de un presidente es reducido, hay 26 instancias que le ponen la firma a licitaciones, precios y reasignaciones. Hasta el momento, Carlos Alberto Beraldi, abogado de CFK no tuvo que intervenir para responder a nada.
Choque
El 3 de enero pasado, el diario Clarín publicó que hubo un escándalo por la declaración del auditor de Vialidad Nacional, Justo Pastor Romero, en la audiencia del 14 de diciembre. Entre los datos que se filtraron está el hecho de que Romero leyó parte de su testimonio y los defensores de los imputados pidieron que los papeles que tenía Pastor Romero se incorporaran a la causa.
El ingeniero estableció que el promedio del costo por kilómetro de las rutas construidas en Santa Cruz fue de 550.000 dólares, el mismo que en el resto del país. Además, Pastor Romero contó y calculó que durante el macrismo hubo tramos que se construyeron a 1.600.000 dólares el kilómetro, pero con la financiación privada del sistema conocido como Participación Pública Privada terminarían costando 5.500.000 dólares.
Dólar futuro
La causa quedó en la nada a raíz de la pericia, realizada por peritos de la Corte Suprema, en la que se determinó que no hubo perjuicio para el estado, se mantuvieron las reservas, hubo pérdidas para el Banco Central, pero se evitó una corrida cambiaria, ningún funcionario se benefició y quienes ganaron plata en verdad fueron ministros de Mauricio Macri. El caso quedó tan liquidado que se hizo una presentación para que todos los imputados fueran sobreseídos y se diera por cerrado el caso. El planteo perdió dos a uno y ahora debe tomar la decisión la Sala I de la Cámara de Casación.
Memorándum
La acusación es que CFK, el fallecido canciller Héctor Timerman y otros ex funcionarios y dirigentes firmaron el acuerdo con Irán y que eso benefició a los sospechosos iraníes de haber atentado contra la AMIA. El punto central es que contra esos cinco individuos se dictaron órdenes de captura con alertas rojas de Interpol y la imputación consiste en que con el Memorándum se levantaban las capturas con alertas rojas. Nada de eso ocurrió y, de hecho, las alertas rigen hasta hoy.
Los dos testigos claves, Ronald Noble y Joel Sollier, titular de Interpol y responsable legal, ya dijeron públicamente que la acusación, formulada por Alberto Nisman, es falsa y que nunca los funcionarios argentinos hicieron gestiones para levantar las alertas. Con sus declaraciones antes del juicio o durante el juicio, la acusación se caería. En ese marco, Interpol está reticente a que sus exfuncionarios declaren y la central mundial de policías tendrá que contestar en forma oficial al requerimiento. Lo mas delirante todo esto es que las defensas pidieron que declaren todos los diputados y senadores que votaron a favor del Memorándum (160 legisladores) porque la hipótesis de la imputación implica que de alguna manera avalaron el supuesto delito que se cometió.
Cuadernos
El reciente fallo de la Casación convalidando los arrepentidos pese a que no se registraron sus declaraciones y a que la ley es posterior a los hechos, abre las puertas a la realización del juicio por las fotocopias de los cuadernos. La lógica indica que los miembros del Tribunal Oral Federal 7, que incluye al juez que Cambiemos colocó a dedo, Germán Castelli, convocarán a una audiencia con las partes para que ofrezcan prueba. Lo más probable es que la realización de esas medidas tarde lo que resta del año. Es decir, que no habrá juicio en 2021. Por supuesto, nada se avanzó en determinar cómo fue que los cuadernos que el chofer Oscar Centeno dijo que quemó aparecieron después intactos. Tampoco se explica por qué Centeno no está acusado, por falso testimonio agravado ya que mintió en su declaración como arrepentido.
Plan Qunitas
Tras una denuncia de Graciela Ocaña, los imputados son Aníbal Fernández, Daniel Gollán y Ernesto Kreplak.. La denuncia se hizo en junio de 2015 y trata de kits para madres de recién nacidos y el objetivo era reducir la mortalidad de bebés en sectores vulnerables. El Tribunal Oral Federal 1 tiene en su poder una pericia que demuele la acusación. Ocaña presentó un kit, con sus precios, lo que según ella demostraba la existencia de sobreprecios.
La pericia evidenció, sin embargo, que al kit presentado por Ocaña le faltaban elementos y que no contemplaba la logística, es decir la distribución y el almacenamiento. Valuado todo lo faltante, la pericia indicó que no se encontraron sobreprecios. Ya antes el Tribunal ordenó que se distribuyeran los kits lo que también terminó con la acusación de que eran nocivos. El kit fue aprobado por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial. Con la pericia de por medio, parece difícil que existan condenas si el juicio empieza y se termina en 2021.
Hotesur y Los Sauces
Están pendientes los expedientes conocidos como Hotesur y Los Sauces, relacionados con alquileres de los Kirchner. La acusación consiste en que hubo maniobras en la obra pública y se benefició a Lázaro Báez y a los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián De Souza, en relación con su petrolera. A cambio de beneficios ilegales, éstos le alquilaron propiedades a los Kirchner.
Las causas son por lavado de dinero y los delitos precedentes eran la obra pública en Santa Cruz y los beneficios a Oil. La cuestión es que los dos juicios, sobre obra pública en Santa Cruz y el de Oil Combustibles están en desarrollo y en ambos casos no aparecen las pruebas de las irregularidades y si no hay condenas, quedan averiadas las causas Hotesur y Los Sauces.
Así las cosas, parece imposible que haya alguna condena contra CFK en 2021, aunque con el aparato político-judicial-mediático de Comodoro Py nunca se sabe.
