La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece que 24 ciudades del país sean «capitales alternas», para realizar allí reuniones con parte del Gabinete nacional, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. «Es un paso más en la construcción de una Argentina más federal», dijo Alberto Fernández.

El objetivo es federalizar la participación en la toma de decisiones nacionales y agilizar los encuentros entre funcionarios locales y nacionales.

En el marco de una visita de campaña que Fernández realizó a Mendoza en septiembre de 2019, surgió su interés por establecer capitales móviles y rotativas para fortalecer el federalismo. “Crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al Gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí, para escuchar ‘in situ’ los problemas de cada una. Porque una cosa es ver estadísticas y otra es ver y escuchar a la gente, es ahí donde uno puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto», sostuvo en aquel momento el candidato presidencial.

De ahí la idea de gobernar de otro modo, con un presidente y 24 gobernadores sentados a una mesa para resolver las urgencias de la Argentina.

Los distritos designados como capitales alternas son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), General Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis. También Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán).

La votación del proyecto fue heterogénea. El Frente de Todos y los interbloques Federal y Unidad para el Desarrollo aportaron 178 votos. Mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría objetando aspectos del proyecto del gobierno nacional y votó en forma dividida, 11 en contra, 36 abstenciones y 40 a favor.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo González, sostuvo entre otras cosas que las secretarias de Minería y de Energía «no deberían estar en la ciudad de Buenos Aires sino en las provincias productoras». También lamentó la falta de acuerdo con el macrismo y recordó que el ex presidente Raúl Alfonsín propuso trasladar la capital a Viedma con el objetivo era «descentralizar y desburocratizar el poder político, económico y financiero que residía en la ciudad de Buenos Aires».

El radical Gustavo Menna remarcó el carácter “simbólico, testimonial” del proyecto: “No vamos a estar resolviendo los enormes desequilibrios entre el centro y el interior del país”, dijo. Mientras Fabio Quetglas remarcó que la propuesta “da por sentada la intención del Gobierno de federalizar en el sentido más pleno de la palabra”.

Por su parte, el ex gobernador y diputado oficialista Sergio Casas dijo que el proyecto busca «centralizar la Administración Pública para acercar las decisiones al interior del país».

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