Con una conferencia de prensa realizada ayer a la mañana, distintas organizaciones lanzaron la campaña «Salta con Bosques” que exigen a Urtubey que derogue los decretos que contradicen la Ley Nacional de Bosques. La situación había sido denunciada por la auditoria de la nación hace unos meses. (R.F.L.)
La conferencia se llevó adelante en el Hotel Colonial. Allí se lanzó la campaña “Salta con bosques. Salteños en defensa de los bosques nativos». Fueron varios los convocantes que incluyeron a la CTA, la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta, FUNDAPAZ, Greenpeace, la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, Qullamarka, Takuapú, Tepeyac.
Además de denunciarse las consecuencias ambientales que provocan los desmontes y los impactos que poseen en las comunidades campesinas e indígenas, se enfatizó también que desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en diciembre de 2007, en Salta se desmontaron 400.000 hectáreas de las cuales 120.000 estaban en zonas protegidas por la misma ley nacional. En ese marco, el objetivo de la campaña lanzada en el día de ayer es exigir al gobierno salteño derogue los decretos que contradicen la Ley Nacional de Bosques y permiten modificar la zonificación establecida en el Ordenamiento Territorial, a pedido del titular de la finca.
Esa estrategia es la que usa el gobierno de Urtubey para autorizar desmontes y había sido denunciada hace un par de meses por la Auditoría General de la Nación. Ese informe está firmado en octubre del 2013 aunque se publicó en la web del organismo en mayo de este año y se encarga de evaluar la implementación de la ley conocida como la Ley de Bosques. El trabajo de campo de los técnicos duró diez meses y se focalizó en Santiago del Estero y Salta porque son las provincias que poseen regiones con mayor valor de conservación y, por ello mismo, las que recibieron mayor financiamiento nacional para el enriquecer y conservar los bosques nativos.
Lo que descubrieron en el caso salteño fue más que indignante: la forma de burlar la ley nacional en Salta es a través de las recategorizaciones prediales que suelen realizarse a simple solicitud del titular de la finca. El secreto que hace posible la maniobra es la propia ley de ordenamiento territorial impulsada por Urtubey en el año 2008. Y es que el artículo 17 de la ley salteña contempla la re categorización de zonas.
“La categorización reflejada en la presentación cartográfica (…) es de carácter orientativa y será objeto de definición (…) en ocasión de la tramitación de las solicitudes de actividades establecidas en la presente ley”. Ante ello, los auditores nacionales marcaron lo que muchos ambientalistas provinciales denunciaron hace años: que la ley salteña contemplan “el cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo (es decir de una categoría de mayor conservación a una de menor conservación) expresada en el art. 9 de la Ley 26.331”. Los auditores ejemplificaron la situación con varios casos.
En la conferencia de prensa de ayer, los convocantes lanzaron la iniciativa que busca obtener el apoyo de la ciudadanía a través de la firma de los mayores de 16 años y así solicitar la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11 que permiten al Poder Ejecutivo provincial realizar recategorizaciones. “La modificación de las leyes ambientales no puede significar un retroceso en los niveles de protección alcanzados con anterioridad, sino por el contrario, debe incrementarlos.”, recordó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe realizarse cada 5 años. Sin embargo, según señalaron las organizaciones convocantes, disminuir las categorías de conservación viola la normativa nacional y sus principales objetivos. La provincia de Salta ya ha recategorizado más de 125.000 hectáreas de bosques nativos inicialmente zonificados en las Categorías I – rojo y II – amarillo. Esto representa un cambio claro del OTBN original, que no cumplió los requerimientos establecidos por la Ley Nacional 26.331 y su decreto reglamentario.