Vaqueros está en calma debido a una medida de no innovar. Las agresiones y amenazas cesaron, pero la custodia policial que evitaba los aprietes de los empleados de Alejandro Torrejón ya no está. La familia Pacheco continúa temerosa. (Federico Anzardi)
A poco más de una semana del pico del conflicto en la finca de Ramón Pacheco y su familia, la situación se mantiene con una calma frágil que podría romperse en cualquier momento. Después de agresiones, amenazas y escraches, el terreno ubicado en la zona de La Isla, en Vaqueros, es en este momento un territorio donde, se supone, no pueden desatarse más problemas. Pero todo está en duda.
El 1 de abril, la fiscal Gabriela Romero Nallar dictaminó la medida de no innovar. Pablo Alejandro Torrejón, quien junto a sus empleados está instalado en la finca desde hace más de un mes ya que asegura que las tierras le pertenecen, tiene orden de no agredir ni amenazar a los Pacheco ni a algunos de los pequeños productores de Vaqueros y La Caldera que formaron parte del conflicto al intentar defender a la familia.
Según la información recogida durante la semana, la medida de Romero Nallar se cumple a medias, ya que la orden de no innovar alcanza a Torrejón pero no a sus empleados, quienes están denunciados por amenazas y agresiones. Si bien ninguna de las partes puede acercarse a la otra, los Pacheco tienen miedo. La consigna policial instalada en la puerta de la finca el miércoles 30 de marzo se fue el lunes 4 de abril. Estaba allí desde que la disputa incluyó agresiones físicas y denuncias penales.
Los habitantes de la zona aseguran que a pesar de que la medida también prohíbe la entrada y salida de personas ajenas al conflicto, los empleados de Torrejón van y vienen y mantienen el turno semanal de tres personas por semana dentro de un tráiler ubicado a veinte metros de la vivienda de los Pacheco.
La medida también complica las actividades de los Pacheco, quienes viven de su pequeña producción agrícola. Trabajan con papa rosada, blanca y negra; choclo y maíz; colaboran con apicultores y poseen conejos, chanchos y cabras. Pero la familia no puede sembrar o cosechar nada. Sólo alimentan a los animales para mantenerlos con vida mientras esperan que llegue una nueva audiencia, citada para la próxima semana.
El conflicto
Pablo Alejandro Torrejón asegura ser el propietario de 77 hectáreas en La Isla, a dos kilómetros de la ruta que atraviesa Vaqueros. El miércoles 30 de marzo se produjeron incidentes entre los empleados de Torrejón, los Pacheco y otros productores de la zona.
Según la denuncia realizada, Torrejón y tres hombres más golpearon a uno de los hijos de Pacheco y a Jan Correa, presidente de la Asociación de Pequeños Productores de La Caldera.
Los Pacheco aseguran que Torrejón se presentó con un boleto de compraventa que no tiene validez. “Lo que pudimos averiguar de este señor Torrejón es que compra terrenos en conflicto. Nuestro terreno está en litigio pero él le dice ‘en conflicto’. Viene, se mete, después te intimida y te saca. Le hace eso a los pequeños productores. Porque todos los pequeños productores de Salta están en la misma situación que nosotros”, aseguraba José Pacheco la semana pasada a este semanario.
Un Acta de Constatación firmada por el Juez de Paz de Vaqueros, Eduardo Serfaty Arias el 11 de septiembre de 2007, asegura que los distintos miembros de la familia Pacheco viven y trabajan allí desde mediados de la década del setenta. El veinteañal, que adjudica las tierras a quienes puedan comprobar que la poseen ininterrumpidamente al menos desde hace dos décadas, está en proceso, según informa la familia.
“Nos sentimos como rehenes. Dicen que ellos son los dueños. Viven agrediendo. Quieren que nos vayamos, que no demos más y nos vayamos”, contaba Mirta de Pacheco, de 63 años.
El miércoles 30, después de la agresión a Correa, el hecho tomó estado público a través de los medios y las redes sociales. Hasta entonces, la Policía no tomaba las denuncias realizadas por los Pacheco.
El jueves 31 a las tres de la tarde, dos horas después de haber sido advertidos, diez matones de Torrejón avanzaron frente a unas ochenta personas y periodistas convocados especialmente por los productores de la zona. El intendente de Vaqueros también estaba presente.
Tras el episodio, el conflicto se convirtió en una causa civil, por la usurpación, y penal, por las amenazas y las agresiones.