Conversamos con Mario Juliano, juez bonaerense en Necochea estuvo en Salta. Analizó la administración de justicia en el país y las problemáticas y desafíos del Poder Judicial al que definió como “uno de los poderes políticos de la República”. (G.T.)
No responde a la imagen clásica de un juez. No está de traje y no impone distancia con sus interlocutores. Todo lo contrario. Es amable y hasta afectuoso, viste un jean y remera juvenil y avisa que además de recibir a la prensa y dar la charla de cierre de la Jornada de Responsabilidad Penal Adolescente quiere hacerse un tiempo para correr hasta San Lorenzo y pasar por La Casona del Molino.
Mario Juliano, juez bonaerense en Necochea y titular de la Asociación de Pensamiento Penal, recibió el jueves a Cuarto Poder y analizó la administración de justicia en el país y las problemáticas y desafíos del Poder Judicial al que definió como “uno de los poderes políticos de la República”. “Cada vez que los jueces damos una sentencia estamos hablando del modelo de sociedad en el que queremos vivir” aseguró y argumentó que “no es lo mismo una sentencia de la Suprema Corte que la de un juez de pueblo como yo pero cuando los principales tribunales hablan de la constitucionalidad, o no, de una ley o resuelven conflictos de importancia están dando un mensaje político”.
“No participo de la idea de un juez anacoreta, aséptico, desprovisto de ideología. Las personas que trabajamos como jueces estamos vinculadas todo el tiempo con la sociedad, vivimos las mismas cosas que el resto de la ciudadanía y por supuesto tenemos idea y posición tomada de las cosas que ocurren en la realidad” profundizó y, antes y después, aclaró que “nuestros pronunciamientos, no obstante, no pueden quedar condicionados por las coyunturas políticas”. Con conocimiento de causa, el juez reconoció que “en el Poder Judicial hay una cierta tendencia a la burocratización y al apoliticismo, con jueces que suponen que no son rozados por la realidad y eso no es bueno porque deben responder a las expectativas de la sociedad y para ello es necesario que los magistrados nos reconozcamos como actores políticos”.
A continuación, entre trago y trago de café, aseguró que “hay una agenda muy amplia de temáticas que involucran al Poder Judicial porque existe una tendencia de la sociedad a judicializar todo ante la incapacidad de la clase política para resolver problemas”. “El Poder Judicial ha estado divorciado de la sociedad, los magistrados hemos dificultado el acceso a la justicia y, muchas veces, nos hemos mostrado insensibles y hemos profundizado problemas” reconoció y, en consecuencia, consideró que “el gran desafío para el Poder Judicial en el Siglo XXI es acercarse y llegar al resto de la sociedad”.
En ese punto de su fluida exposición, Juliano pareció entusiasmarse y aseguró que en ese intento de acercar la justicia a la gente “se está insinuando una posibilidad muy valiosa: el juicio por jurados”. “En la provincia de Buenos Aires tenemos juicios por jurados hace 3 años y la sociedad nos está dando muestras de sensibilidad y sensatez” indicó y enseñó que “el juzgamiento por jurados se hace con parámetros muy distintos que los del derecho, se hace sobre la base de la íntima convicción de los ciudadanos y hay que revisar los anales de los 3 años (de aplicación) en Buenos Aires, los 4 años en Neuquén, los 8 años en Córdoba, y no hay una sola resolución que haya generado estrépito en la sociedad, cosa bastante habitual ante fallos dictados por jueces profesionales”. Sin prisa y sin pausa, el magistrado subrayó que “la sociedad ha estado a la altura de las circunstancias con un nivel de sensatez y responsabilidad absoluto y su legitimidad es incomparable”. “Desde parámetros distintos a los del Poder Judicial, pero a los hechos me remito, la sociedad ha sido bastante más eficiente que los jueces” enfatizó.
Interrogado por la reiterada y renovada pretensión de endurecer las leyes y las penas como respuesta a problemáticas y conflictos sociales, el juez advirtió que “no es algo nuevo” y observó que “en Argentina y en todo el mundo hace 20 años que hay una tendencia al endurecimiento de la ley penal y una apelación a la reforma de la ley penal para responder a los conflictos sociales que, sin dudas, no ha dado ningún resultado”. “Es una falta de imaginación y de coraje para afrontar de modo responsable los conflictos sociales y darles respuestas sin la pretensión de la solución mágica” insistió y subrayó que “las problemáticas sociales de los sectores vulnerables, como la niñez por ejemplo, no las vamos a resolver con la ley penal”.
Inevitable, se expresó en absoluta oposición a la baja de la edad de imputabilidad y a la elaboración de una legislación penal especial para extranjeros. “La Asociación de Pensamiento Penal está en contra de la baja de la edad de imputabilidad porque estamos seguros de que no va a contribuir a una sociedad más segura ni a un mejor nivel de vida porque, sencillamente, los menores de 16 años que cometen delitos violentos o contra la vida son muy pocos y, entonces, penalizar a este escaso número de jóvenes de 14 o 15 años por sus hechos muy graves no va a impactar en nuestra realidad”, explicitó y advirtió que “esto no implica que el Estado deba desentenderse, todo lo contrario, volvemos siempre a la necesidad de que el Estado asuma un rol mucho más protagónico en sectores vulnerables de la población como son los chicos”.
Después de una mención a las condiciones “infamantes” de los reformatorios donde todavía son alojados los menores en conflicto con la ley, el magistrado extendió su preocupación hacia todo el sistema carcelario. “Un problema central (para la administración de justicia) es la sobrepoblación y el hacinamiento que dificulta una vida digna y el acceso a derechos de los detenidos” aseguró y reconoció que “esa sobrepoblación no se produce por generación espontánea sino porque los jueces están encarcelando de manera indiscriminada”. “No hay ninguna provincia argentina dónde las propias autoridades no reconozcan que hay al menos un 20% de la población penitenciaria con personas que no cometieron delitos graves o violentos que podrían estar bajo otro régimen sin afectar la seguridad pública” precisó y, de nuevo entusiasmado, explicó que “el Poder Judicial se muestra muy temeroso pero hay alternativas muy interesantes que muestran establecimientos dónde se puede respetar la dignidad de las personas y avanzar en una dirección distinta”.
Luego de estas definiciones y ante la obvia pregunta por la dicotomía entre “mano dura” y “garantismo”, sin enojarse, respondió que “esa es una discusión berreta y la sociedad se merece un debate de mayor nivel, para ver como el Poder Judicial puede contribuir a mejorar la vida de la ciudadanía”. Humilde, además, hizo un mea culpa y convalidó que “quienes nos identificamos con el respeto por los derechos y garantías de todas las personas, tenemos una asignatura pendiente: ofrecer una postura mucho más clara hacia las víctimas de delitos”. “Durante muchos años hemos tenido una actitud expulsiva de las victimas del proceso penal y eso las ha arrastrado a los peores brazos, a la mano dura y a las respuestas más violentas” reconoció y reafirmó que “el desafío es escuchar a las víctimas de hechos graves, contenerlas y mostrarles las distintas alternativas que ofrece el sistema penal que no necesariamente es la prisión de los victimarios”.
“Hoy existen alternativas (para la mayoría de los delitos) más edificantes y constructivas que la prisión y son la búsqueda de la convivencia, la armonía y la paz social” enfatizó Juliano y destacó “el Proyecto Víctimas por la Paz con personas que han sufrido delitos graves como abusos sexuales, secuestros, heridas y asesinatos, sin renegar de la acción de la justicia piensan que la solución no es la mano dura y el endurecimiento de la ley penal”.
Esta iniciativa, al igual que el juicio por jurados, son promovidas por Juliano y la Asociación de Pensamiento Penal en todas las provincias. Y, justamente, sobre la administración de justicia en las provincias, el magistrado mostró una mirada bien benevolente. “Argentina son 25 países (Nota del Editor: se refiere a las 24 jurisdicciones provinciales y a la nacional) dentro de un solo país” aclaró y planteó que “la justicia de las provincias se diferencia notablemente de la justicia federal popularmente identificada con Comodoro Py y se ven procesos interesantes”. “El Poder Judicial en el interior del país, en general, puede ser criticado en muchos aspectos pero no puede ser calificado de corrupto” aseguró y, además, destacó al Ministerio Público de Salta y la creación del Centro de Investigaciones Fiscales. “La presión existe en el fuero federal porque los temas que atiende, por volumen y envergadura, están vinculados al poder político pero no observo esas mismas presiones en las justicias provinciales” amplió y advirtió que “la presión, en todo caso, es social por las puertas giratorias y el reclamo de mayor seguridad pública”.
Sobre el final de la entrevista destacó la respuesta de la justicia ante la hoy visible problemática de la violencia de género. “La respuesta ante los casos más graves está siendo muy contundente” dijo y señaló que “veo no menos del 90% de los casos con condenas muy duras, inclusive con un verdadero relajamiento de los estándares probatorios”. “En delitos contra la integridad sexual se está sentenciando, en muchos casos, con la sola denuncia y aún a riesgo de condenar inocentes y el Poder Judicial está asumiendo ese riesgo” valoró.
Generoso habló de los problemas y desafíos de la justicia, de mano dura y tendencia a la represión, de derechos y garantías, del sistema penitenciario, de los juicios por jurados y de la violencia de género entre otros temas. Prestó media hora a Cuarto Poder para confirmar que los jueces no son todos burócratas o aristócratas y que también los hay progresistas que se saben parte de una sociedad compleja que reclama imaginación y coraje para afrontar conflictos sociales. Un par de horas después cerró con una disertación muy aplaudida por juristas salteños la Jornada de Responsabilidad Penal Adolescente.