El Presidente Alberto Fernández, presentó formalmente el Proyecto de Ley de Reforma Judicial. La iniciativa plantea la modificación de la estructura del fuero federal y establece la creación de un consejo de notables para que asesoren al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema y estudien la posibilidad de modificar la actual organización de la Corte Suprema de Justicia. Norma jean

«En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza», sostuvo al anunciar un «reordenamiento» de la justicia federal.
El debate de la iniciativa en el Congreso estará signado por un escenario que no deja margen para grandes mayorías en temas complejos. El proyecto ingresará por el Senado, donde el oficialismo cuenta con una cómoda mayoría que minimiza cualquier riesgo parlamentario. El tratamiento en la Cámara alta le dará tiempo al Frente de Todos para preparar el terreno en Diputados. La buena dupla parlamentaria que conforman Máximo Kirchner, jefe del bloque oficialista en Diputados, y Sergio Massa, presidente de la Cámara Baja, deberá conseguir por lo menos una decena de votos para alcanzar las 129 voluntades necesarias para la aprobación del proyecto y eliminar cualquier riesgo a la hora de la votación final. La principal alianza opositora ya juega sus cartas para la próxima elección, por eso cualquier negociación parlamentaria de temas estructurales resultará infructuosa. Para no debatir sobre el fondo de la cuestión, en principio, dirán que no se trata de un tema urgente y que su discusión puede posponerse hasta que las sesiones vuelvan a ser presenciales. Esto está cantado por el comunicado difundido ayer desde Juntos por el Cambio, marcando su rechazo al debate sobre una posible ampliación de la Corte y poniendo en duda las intenciones de un texto que aún no conocen. En virtud de los matices que surgieron en cada revisión, esta será lo que se conoce cómo una reforma “corta” y tendrá mayor impacto en la Justicia Federal, donde se investigan tanto casos de corrupción que involucran a funcionarios del Poder Ejecutivo, como también causas de trata de personas y narcotráfico, entre otros delitos. Implica la multiplicación de los 12 juzgados de Comodoro Py que, mediante una fusión con el fuero Penal Económico, dejarían de existir tal como se los conoce y pasarían a ser 46, en lo que se constituirá como un nuevo “fuero Penal Federal”.
Alberto considera que necesita un paraguas institucional para encarar el tiempo de la postpandemia. Un nuevo contrato que garantice eficiencia, independencia y seguridad jurídica, fortaleciendo un sistema que recupera legitimidad pública en un tiempo signado por la desconfianza.
El 11 de febrero pasado, Fernández retiro los 131 pliegos enviados por su antecesor, Mauricio Macri, y ahora tiene en su poder 153 ternas de postulantes a jueces nacionales y federales, de las que debe elegir sus candidatos para enviarlos al Senado, el último paso para cumplimentar el proceso de selección de los magistrados previsto en la Constitución.
«Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho», subrayó el Presidente en la presentación oficial de la reforma.
En varias oportunidades, el Presidente denunció el «lawfare» practicado con la «complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores», durante la administración de Mauricio Macri. Con los cambios impulsados en la justicia federal, los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del estado nacional, dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados.
Anticipó que, junto a la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio penal, se impulsará un «fortalecimiento» del accionar de la justicia federal penal en las «zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe.
Con la idea de «fortalecer» la actuación del Ministerio Público Fiscal y la «aplicación rápida del código acusatorio», el Presidente señaló que se buscará «reforzar» la creación de nuevos cargos auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal coordinador de distrito, además de la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe) orientada a la investigación de la trata de persona, el lavado de dinero y el narcotráfico.
En el final anticipó que, en los próximos días, el Ejecutivo impulsará la conformación de un consejo para afianzar la administración de Justicia en la República Argentina, que integrarán las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial.
Se trata de un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial, pero todos los proyectos que proponga ese cuerpo serán enviados a consideración del Congreso de la Nación. También planteó la necesidad de optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, para lo que propuso «repensar el alcance del recurso extraordinario, mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura; instaurar el juicio por jurados cumpliendo el mandato constitucional; modernizar el código penal de la Nación; y fortalecer el rol del Ministerio Público».

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