Juan Manuel Urtubey es uno de los voceros de las cámaras empresariales que piden reducir costos laborales. La medida es presentada como una garantía para la llegada de inversiones y la reactivación de la economía. Los límites de una vieja jugada. (Aníbal Roldan)

Quizás uno de los más importantes señalamientos de Urtubey, en el inicio de sesiones legislativas, fue la necesidad de bajar los gastos del Estado y el costo laboral de los empresarios. Ese momento pese a ser muy aplaudido por todos los presentes, se trataba, no de un ángulo propio del gobernador sino de un pedido que suena en ámbitos donde se habla mucho de economía.

Ocurre que los magros resultados de las medidas económicas adoptadas por el macrismo colocaron a la economía nacional en una peligrosa encrucijada y, naturalmente, las recetas para transitar el mal momento hasta tanto llegue la prometida recuperación aparecieron; en efecto, a los clásicos pedidos de apertura comercial, ingreso al mercado de crédito, achicamiento del déficit fiscal, se sumó ruidosamente la reducción de los costos laborales.

¿Costo laboral?

Desde hace tiempo los diarios nacionales más oficialistas como El Cronista, Clarín o Nación, vienen remarcando que Argentina no es competitiva debido a los “altísimos costos laborales”, los cuales son considerados entre los más altos de Sudamérica. El gobernador salteño tomó nota de dicho planteo, lógicamente, para agradar al stablishment económico y no desentonar con los planteos actuales de un sector que se encuentra convulsionado pero que sabe que no puede decir, por lo menos ante la opinión pública, que es necesaria una profundización del “ajuste”. Las medidas adoptadas, según los comentaristas, deben  ser acompañadas con una “modernización” o  una “inversión laboral inteligente”.

Sin embargo, estas formalidades discursivas fueron dejadas de lado el 1 de abril por el gobernador quien sin vueltas afirmó su compromiso de bajar costos laborales. Horas después, José Urtubey de la UIA en un programa televisivo con sutileza aclaró que “la UIA no habla de costo sino de inversión en trabajadores”. En general, los hermanos hablaban de la misma medida política aunque estrictamente nunca todo sea lo mismo porque siempre hay lugares para matices como quedó claro con la enunciación de José Urtubey.

El gerente de Celulosa “cambió” costo por inversión para quitarle sentido a la idea de que los empresarios buscan poner menos plata en obras sociales y jubilaciones. Lo cierto es que ambos comparten el reclamo de que a los empresarios.

José, no obstante, es más puntual en todo el plan de los Urtubey y en trazar matices con la política de Macri. En sus últimas declaraciones a la prensa cuestionó la suba de las tasas de interés por parte del Banco Central: “no es la forma en la que se debe combatir la inflación… De no aplicarse un plan de desarrollo, la industria no va a poder reaccionar y volver a un círculo virtuoso». La alusión a la falta de plan no es una línea nueva dentro de algunos industriales. Ese punto todavía no se encuentra del todo acordado, sin embargo, el punto en el que, el representante de Celulosa Argentina y el presidente podrían llegar a acordar es el “costo laboral”, para lo que se planea una reforma laboral e impositiva que viene cargada de discusiones. En definitiva, la reducción de costos laborales puede ser una política inmediata.

En rigor, la discusión sobre los costos laborales es engañosa, fundamentalmente porque las consultoras calculan la hora laboral industrial argentina aproximadamente 8 dólares, lo que hace un sueldo de 25 mil pesos. Esta cifra sólo comprende al 25 por ciento de la masa total de trabajadores argentinos, según el Indec. El resto está muy por debajo de ese ingreso y aún más abajo, se encuentra una enorme porción, que ronda el 40 por ciento que se mueve en la total informalidad.

Más a fondo, cabe preguntarse si el trabajador argentino tiene sueldos altos porque “está acostumbrado a la vida de primer mundo”, como dice el macrismo, o porque vivir en Argentina cuesta caro. Si se evalúa el precio de los servicios, el combustible, el transporte y los productos manufacturados, vemos que estamos en la segunda situación. Por lo tanto deprimir salarios puede que no sea la solución que se espera sino que incluso reavive aún más agudamente la recesión.

En tal sentido José Urtubey planteó en reuniones con el gobierno, por ejemplo, que estaría dispuesto a un “blanqueo” de los trabajadores en negro, pero siempre y cuando se le condonen impuestos a su empresa en proporción similar, lo que generaría un déficit importante para las alicaídas arcas estatales.

El blanqueo, además de un golpe a las finanzas estatales y un consecuente ajuste de los gastos sociales, quizás no signifique un aumento salarial importante, en tanto que incluso los trabajadores estables tienen, en gran porcentaje, salarios que van por debajo de la línea de pobreza.