Una reciente auditoría sobre el municipio de Santa Victoria, muestra un lado distinto al habitual: las falencias estructurales de municipios chicos y postergados para cumplir con la reglamentación que un supuesto estado moderno exige a los municipios. (Rolando Motta)
El informe definitivo de los auditores fue publicado la semana pasada en la web del organismo. Fue elevado al intendente del lugar Cástulo Yanque, el mismo que adquirió súbita fama a mitad de año por las denuncias que los responsabilizaban de haber cedido por un error casi administrativo 600 hectáreas de territorio nacional ahora inscriptas en el mapa de Bolivia.
Hasta ahora, la enorme mayoría de las auditorías mostraban un manejo sumamente irregular de las administraciones municipales y siempre atravesadas por las sospecha de corrupción. El caso del informe sobre Santa Victoria también posee las irregularidades, aunque obliga a preguntarse si las enormes dificultades del propio departamento explican que el aparato burocrático municipal es incapaz de garantizar que el sistema legal ideado por los modernos estados se aplique en municipios tan precarios. Santa Victoria, después de todo, es uno de los pocos departamentos salteños que entre el censo del 2001 y el del 2010, vio disminuida su población. Contaba con 11.122 habitantes en el año 2001 y bajó a 10.344 en el 2010.
La pobreza del mismo también fue registrada por el último de los censos que mostró que de los 2.545 hogares registrados, 602 vivían en ranchos (24%). La población sufre tanta postergación que del total de hogares registrados, 1928 no poseían heladeras (75%); 2.317 carecen de computadoras (91%); y 2.536 de línea telefónica (99,6%). El dato de las computadoras y teléfonos es aquí pertinente. Y es que el municipio es uno de los únicos edificios del lugar que cuenta con esos elementos, aunque la poca importancia que poseen esas herramientas en la gestión municipal puede ilustrase en parte con el siguiente dato: según la ejecución presupuestaria 2011 el municipio gastó en un año $13.000 en teléfono e internet, sobre un total de $1.138.295 usados en el rubro servicios, del que internet y teléfonos forman parte.
Semejante precariedad obliga a repensar, en casos muy puntuales, la valoración que uno pueda hacer para otros municipios en donde iguales irregularidades son sospechosas: falta de manual de funciones, de procedimientos; ausencia de una adecuada división de funciones en un municipio (Santa Victoria) en donde una misma persona autoriza las compras, las órdenes de pago, custodia los fondos, realiza extracciones de las cuentas oficiales y hasta firma los cheques; casi nulo cumplimiento de varios artículos de la Ley de Contabilidad de la provincia que exige numerosos trámites ante cada compra o contratación; ausencia de firma de beneficiarios en muchas de las órdenes de pago, u órdenes de pago que carecen de la firma del receptor de los fondos, falta de identificación adecuada del beneficiario en las mismas o incluso documentos que no son válidas como factura.
Las falencias no parecen obedecer a la falta de personal, sino más bien a la precariedad con la que estos trabajan y la poca preparación con la que cuentan. Y es que como ocurre en departamentos postergados, el municipio es el gran empleador del lugar. De los $7.834.652 ejecutados en el periodo auditado (2011) $2.399.694 (30%) se destinaron al pago del personal señalado como personal jerárquico, dependientes del Consejo Deliberante que incluye cinco concejales, planta permanente, departamento vial, personal político, personal contratado y personal contratado para obras públicas. Varias áreas y un importante porcentaje del magro presupuesto para una población toral que según el censo 2010 llegó a los 10.344 y que según el padrón electoral actualizado a agosto de este año, contaba con 3.724 hombres y mujeres mayores de 16 años.
Si a eso le sumamos que se gastaron $893.828 en bienes que permiten el funcionamiento del municipio, más $1.138.294 en servicios que debe pagar el propio municipio, tenemos que el funcionamiento de este requirió aquel año un total de $4.431.816, que significaron el 57% del presupuesto municipal. De allí que no resulte disparatado señalar al municipio como un gran contenedor social. Y es que según indicaba el mismo censo, esa cantidad de empleados no podía garantizar servicios públicos que en las ciudades llevan el titulo de básicos: el 14,5% de la población mayor de 10 años es analfabeta en Santa Victoria (1.126 sobre un total de 7.758 y de esos 1.126 analfabetos 829 son mujeres); 2.049 de los 2.545 hogares totales carece del servicio de recolección de residuos; 2.462 no cuentan al frente de sus hogares con calles pavimentadas y 1.380 tampoco cuanta con alumbrado público.
Esto último podría ir mejorando de a poco, pero evidentemente los organismos provinciales no ayudan mucho. Los auditores evaluaron el caso de la construcción de 10 viviendas gestionadas entre el IPPIS y el IPV en el llamado paraje Pucará que insumió un gasto de $750.000. Las obras precisaron para su ejecución un total de 29 meses. Obras que según los auditores estaban terminadas pero destacando que la distribución de las viviendas era tan dispersa y tan en medio de las montañas que hizo que las construcciones no tengan previsto acceder a instalaciones de gas ni a conexiones exteriores de energía eléctrica.
En definitiva, la situación es tan precaria y ajena a los que pasa en las ciudades que esperar que ese municipio dé publicidad a las contrataciones que se realizan, publique las adjudicaciones, arme expediente con las actuaciones, archive documentación o siga los puntillosos procedimientos que permiten hacer modificaciones presupuestarias y detalle las especificaciones técnicas de las llamadas obras públicas…parece un imposible.