Es necesario y urgente un cambio profundo en las políticas públicas de prevención que siguen poniendo a la Policía como organismo estatal para ayudar a las mujeres. Seguir dándole potestad a una fuerza machista es acentuar la violencia.

 

Solo basta pensar en la ayuda que una mujer pide a los diferentes organismos del Estado y que no es escuchada. Solo basta pensar en que esa misma mujer luego termina muerta. Las “políticas de género” y políticas de lucha contra la violencia machista en nuestro país siguen siendo ineficaces, toda vez que un femicidio pudo haberse evitado.

Mientras se sigan engrosando Ministerios, fuerzas policiales, secretarías, fiscalías especializadas, observatorios y sigamos sin embargo contando femicidios, toda política pública será letra muerta.

No queremos más programas con nombres pomposos que dicen combatir la violencia, ni funcionarias ni Ministerios si una sola, una sola, mujer pidió ayuda porque corría riesgo su vida y no fue escuchada.

Aunque en nuestro país hay sobradas muestras que las fuerzas policiales no pueden afrontar ni prevenir la violencia machista; básicamente por su estructura histórica de base patriarcal que no se soluciona con simples capacitaciones, el Gobierno Nacional anunció la creación de un “Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE)» destinado a homogeneizar la actuación de las fuerzas de seguridad. La Resolución 408/2020 del Ministerio de Seguridad detalló que reunirá en un solo sistema toda la información relevante de las denuncias recibidas en las dependencias policiales en materia de violencia de género para poder articular tareas de prevención. Es decir que se sigue dando más potestades a una fuerza que demostró ser ineficaz en ayudar a las mujeres. ¿ASÍ PRETENDEN EVITAR LOS FEMICIDIOS? ¿ASÍ PRETENDEN CUIDARNOS?

Entre 2009 y 2015, al menos 116 femicidios fueron cometidos por uniformados, activos o retirados, de acuerdo con los registros que lleva La Casa del Encuentro. En la amplia mayoría de los hechos, los asesinatos fueron ejecutados con armas de fuego. En la mayoría de las provincias no hay ninguna reglamentación que les restrinja el uso del arma cuando regresan a su hogar. El propio carácter jerárquico de la fuerza, la permanente portación de armas de fuego, los altos niveles de impunidad político-jurídica del accionar policial, el privilegio de la fuerza física y determinadas “destreza” por sobre otra forma de resolución de conflictos, ponen a la Policía dentro de un sistema patriarcal que lejos de ser abstracto se materializa en casos concretos.

Bajo estos criterios es que como forma de contrarrestar la violencia el año pasado por primera vez en la historia una mujer asumió como Jefa de Policía en Salta y el fenómeno se replicó en otras provincias con Emilce Chimenti y Liliana Zárate como jefas de las policías de Santa Fe y Córdoba, respectivamente. Sin embargo el hecho que mujeres ocupen cargos jerárquicos no garantiza que esas mujeres no sean reproductoras de la violencia machista de la propia institución. Norma Morales fue denunciada por maltrato por otras trabajadoras y al asumir dijo desconocer los casos de violencia y femicidios perpetuados por efectivos policiales. Ahora aseguró que busca crear una “Policía de la mujer” para combatir la violencia.

En Argentina 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego que además son utilizadas para amenazar y violentar a mujeres, una realidad que organizaciones sociales investigaron y así sumaron aportes a las políticas públicas de desarme para la prevención de la violencia de género. De las 64 armas de fuego utilizadas para cometer femicidios directos el año pasado, al menos 16 eran de tenencia legal ya que 12 eran de integrantes de fuerzas de seguridad y 4 pertenecían a sujetos activos con autorización legal.

 

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