El ejecutivo municipal pretende resolver el cambio de manos en el servicio de higiene urbana prescindiendo de la aprobación del concejo deliberante. Los ediles cruzan acusaciones mientras, desde afuera, otros se relamen por entrar al negocio.

Por Nicolás Bignate

El debate en torno a la recolección de residuos y su disposición final amenaza con pasar por encima del Concejo Deliberante capitalino y, particularmente, del artículo 103 de la Carta Orgánica Municipal. El mismo establece que los requisitos, modos y condiciones que regularán las concesiones deben ser aprobados por ordenanza, en tanto que el Ejecutivo Municipal otorgará la concesión.

Al parecer, las piezas se van acomodando de a poco para que la intendenta Bettina Romero pueda asignar, prescindiendo del Concejo Deliberante, el cumplimiento de esas tareas a la empresa que reemplazará a Agrotécnica Fueguina bajo la figura de «contrato de locación». Una reunión llevada a cabo el pasado martes congregó a los engranajes esenciales para traccionar en favor de este cometido: El Coordinador Jurídico y Legal de la Municipalidad, Daniel Nallar y el presidente del órgano deliberativo, Darío Madile. La semana pasada, las atribuciones del cuerpo de ediles volvieron a ponerse sobre la mesa a instancias de ambos.

Sobre el final de la congregación llevada a cabo entre los ediles y miembros del ejecutivo municipal, Nallar y Madile eclipsaron en el entendimiento de que las prestaciones del contrato no son una concesión, sino una locación de servicios. En consecuencia, decidieron también que la participación del cuerpo ubicado en Av. del Líbano es prescindible y calificaron como «aberración jurídica» que el pliego siga el proceso acorde a lo establecido en la Carta Orgánica.

En las horas previas a la sesión ordinaria del miércoles 8 de junio, el Coordinador jurídico de la Municipalidad había expresado que «lo que hay ahora es un contrato de locación y lo que hay en la mayor parte de las ciudades del país es una locación. Ni el contrato original, ni las prórrogas pasaron por el Concejo Deliberante”. Casi como esperando que su nombre resuene horas más tarde en el recinto deliberativo, el funcionario cerró sus dichos aludiendo que “el Concejo Deliberante siempre estuvo participando», en relación a la mesa de estudios a la que fueron informalmente invitados algunos ediles.

Con argumentos de vuelo alto, medio y bajo; el asunto tomó resonancia en el espacio de manifestaciones de la última sesión. En tono algo desapasionado, la edil Frida Fonseca expresó: «Más allá de este debate, a mi criterio personal, es bastante semántico. Sea locación, sea concesión, o lo que fuere, el servicio de Higiene Urbana es un servicio importantísimo y esencial. Ni los concejales, ni los funcionarios municipales podemos hacernos los distraídos en el sentido de controlar estrictamente que se cumpla lo que se tiene que cumplir».

Con dos pesos más de convicción se expresó el concejal Raúl Córdoba: «El ejecutivo está poniendo palos en la rueda. Acá se quiso avanzar en esto y se planteó el 10 de diciembre pasado. Nosotros sabíamos cuál era nuestra responsabilidad, pero el ejecutivo también ha accedido a compartir estas ideas. Espero que esto llegue a buen término y que tengamos el equilibrio correspondiente».

Algo más de firmeza tuvieron las expresiones de Laura García, quien consideró que «esta institución (por el Concejo Deliberante) fue desmerecida muchas veces por los funcionarios municipales». La edil del Frente de Todos fue la primera en hacer mención a la reunión entre Madile, Tonini y Nallar; como así también al planteo realizado por ambos para que el pliego salga en forma de «locación de servicios». El argumento «peligroso» de Nallar, según García fue que «se le pasó» el articulado de la COM sobre el papel del Concejo Deliberante. «Si al especialista en derecho administrativo del ejecutivo se le pasó este detalle, no quiero imaginarme los detalles ambientales que se le habrán pasado a él y a otros representantes municipales», advirtió.

En la misma sintonía estuvieron los dichos de Romina Arroyo, quien además presentó un pedido para que el tribunal de cuentas municipal asista al recinto de su opinión jurídica sobre cómo tiene que llevarse adelante el contrato. «Nallar dice que siempre estuvo participando. No hace falta que nos invite, porque nosotros los concejales tenemos competencia para establecer los modos y las condiciones en las que se lleva adelante un servicio público. Hemos designado a representantes que forman parte de una mesa que estudió las condiciones y distintos puntos con respecto al llamado a licitación, en donde hemos detectado que el trabajo por parte de la municipalidad deja mucho que desear. Hasta hace poco tiempo no se había confeccionado ningún pliego y no había detalles de cómo se iba a llevar adelante el proceso», destacó.

El pliego en cuestión se entregó el martes a las 2 de la tarde para que los ediles puedan analizarlo, aunque la reunión de la mesa de estudios estaba prevista para las 3. El texto, además, tampoco brinda especificaciones sobre la colocación de la mentada cuarta membrana del vertedero San Javier, que había quedado comprometida por la gestión anterior desde el año pasado.

El negocio de los cuatro palos por día

El inminente cambio de manos en el servicio de recolección y disposición final de residuos, tiene a algunos nombres fuertes del empresariado local acechando ante cada detalle de la discusión. En noviembre de 2018, Cuarto Poder dio a conocer que, entre los que precalentaban para entrar al campo de juego de la basura, se encontraba nada menos que el senador Juan Carlos Romero, quien habría adquirido una treintena de camiones recolectores que hoy se encontrarían celosamente guardados. El emprendimiento habría sido una recomendación de su aliado, el secretario general de la CGT moyanista Jorge Guaymás, pero contaría además con el respaldo del ex presidente Mauricio Macri, con quien comparte -además de reuniones y lazos personales- cierto interés por el negocio de los residuos.

La expertise del ex-líder de Cambiemos en el mundo de la basura se remonta a los años de la dictadura, cuando el intendente de Buenos Aires Osvaldo Cacciatore, entregó el negocio de la limpieza por diez años a la empresa Mantenga Limpia Buenos Aires (MANLIBA), de propiedad de Macri. Desde entonces, y hasta la llegada de De la Rua, la empresa del ex-presidente no hizo más que enriquecerse. Un indicio del interés del ex-gobernador por el negocio en cuestión puede observarse en la amplia cobertura que, desde el matutino que dirige su familia, se le da a la problemática del vertedero San Javier.

Considerando las actualizaciones pendientes y el último contrato firmado con Agrotécnica Fueguina, el costo que el municipio deberá afrontar mensualmente por el servicio de higiene es de $130 millones.

Con los plazos próximos a cumplirse (septiembre de 2020) y sin que se haya avanzado en el llamado a licitación, la promesa de «titi» Romero sobre la modernización en el tratado de la basura, parece haber quedado atrás.