Ayer se supo lo ocurrido en una escuela de la ciudad en donde un estudiante fue herido por otro. La institución es una cooperativa educativa que recibe nulo apoyo estatal quien le sigue negando fondos para un gabinete psicopedagógico. (D.A.)
El lamentable episodio confirma que la violencia gana cada vez más terreno en el seno de la sociedad y que las instituciones educativas no son ajenas al fenómeno. Esta vez ocurrió en el Instituto Educativo Inti que funciona en la calle Zuviría al 300. Allí el menor de 14 años fue atacado por otro estudiante: el primero fue trasladado al hospital de Tres Cerritos donde fue intervenido quirúrgicamente, continúa internado y afortunadamente su situación no reviste gravedad; el agresor, mientras tanto, fue detenido.
Según informaron las autoridades de la institución a este medio, los padres de la víctima ya mantuvieron una reunión con los directivos de la institución quienes manifestaron su consternación ante el inédito hecho que sufrió un colegio que a pesar de trabajar con sectores postergados de la juventud se caracterizó por generar fuerte identidad entre sus estudiantes.
Se supo menos de la naturaleza de esa institución. Se trata de una cooperativa educativa que reúne a poco más de 40 trabajadores entre docentes, personal administrativo y ordenanzas que educan y contienen a cientos de estudiantes sin que el Estado provincial les destine ayuda alguna para ello. Es más, en concepto de ayuda económica el Estado provincial aporta $500 (sí quinientos) pesos mensuales para toda la institución y aunque las autoridades del establecimiento hace rato que gestionan fondos para montar un gabinete psicopedagógico, nunca han logrado resultados concretos al respecto.
En nuestra ciudad hay cuatro cooperativas educativas. Todas tienen un origen común: surgieron en los 90 y principios del siglo XXI cuando el país se deshilachaba y los colegios privados empezaron a cerrar sus puertas para reeditar la pesadilla más tenaz que persigue a todo argentino: el desempleo.
Fue entonces cuando los docentes se hicieron cargo de la empresa privada en bancarrota para convertirla en una cooperativa en donde la administración quedó en manos de lo que ya no eran empleados, sino socios. Esa es la naturaleza de los colegios 14 de abril, San Juan Bautista, Codesa y el Instituto Educativo Inti.
El Inti, como le llaman los miembros de la comunidad educativa, es una institución con más de 20 años de historia. Allí el día a día de sus trabajadores y estudiantes discurre como la de miles de otros trabajadores y jóvenes salteños que siguen viviendo como siempre han vivido: sin el contrapiso de la casa en algunos casos, con problemas de trabajo en muchos otros y todos transitando las mismas calles poceadas de la ciudad mientras suman y restan para calcular cómo llegar a fin de mes.
No es para menos. Ya dijimos que perciben una ayuda del Estado provincial de $500 (quinientos) mensuales aunque sus gastos por mes superan los $185.000 entre alquiler del edificio ($40.000); retiros mensuales para los socios que arañan los $180.000 entre docentes, administrativos y personal de maestranza; y cerca de $65.000 mensuales entre servicios como luz, gas, teléfono, artículos de limpieza y el pago de la cuota del monotributo que la institución abona para ayudar a la economía del asociado que así cuenta con beneficios jubilatorios y de obra social. Gastos constantes a los que siempre hay que sumar aquellos que se destinan a las refacciones del edificio, los muebles y los materiales didácticos.
Esos recursos provienen de la cuota mensual de casi 250 estudiantes que no pueden ser más porque, simple y poderosamente, el edificio no puede albergar un número mayor de personas. Sin olvidar que como en todo colegio que trabaja estudiantes de sectores medios bajos y bajos, el índice de morosidad de cuotas ronda del 40% anual. Índice que se incrementa desde hace un año por otra razón sencilla de verbalizar: la situación económica recrudece para todos y la mayoría de sus estudiantes provienen de familias que viven la precariedad laboral, la pobreza y la exclusión como una imposición implacable.
Ese esfuerzo no impide que colegios de este tipo deban soportar otra condena: presenciar cómo otros colegios privados y católicos que perciben beneficios monetarios y de inmuebles que el Estado provincial otorga a mansalva y que para colegios como el Inti resultan inalcanzables.