Luego de 20 años de una gestión inexistente de parte de Jorge Guaymás, Rodas pretende mostrar proyectos y proactividad. Esta vez fue la jornada «La Justicia del Trabajo en Salta, 70 años después», el evento donde dirigentes y especialistas coincidieron en la necesidad de actualizar leyes que competen directamente a los trabajadores. Fueron invitados a participar, por parte del Gobierno Nacional, el anterior secretario general, pero esta vez en su rol de representante del Ministerio de Trabajo de Nación y por parte del Gobierno Provincial, el Secretario de Trabajo, Alfredo Batule, quien quedó anulado al estar presente su superior, el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Justicia y Trabajo. Villada no sólo dio apertura a la jornada, sino que dio varias primicias en el área laboral.  Empezó diciendo que «la oralidad es fundamental para acabar con la burocracia legal que muchas veces diluye la lucha por los derechos de los trabajadores». Marcó la importancia que tiene la visión de los trabajadores en la definición de los puntos estratégicos que formarán parte de la agenda del Gobierno. Y allí fue la primera novedad, invitó a Rodas en representación de la CGT a participar en el Comité Operativo de Emergencias de la Provincia, ya que la ley que establece su creación prevé que en circunstancias particulares que así lo requieran, el COE podrá consultar y convocar a participar a referentes de otras instituciones vinculadas a la temática. “Existen miradas diversas frente a las medidas sanitarias que se toman en la provincia y creemos que se debe tener un adecuado equilibrio entre lo sanitario y la necesidad de seguir adelante con las actividades por lo que la expresión de los trabajadores es fundamental”, indicó al tiempo que encontraba a quien más tirarle la pelota, a la hora de tomar decisiones drásticas en esta segunda ola.
También informó que se propondrá la participación de la CGT en el Consejo Económico y Social y la última, y más importante, el avance conjunto del gobierno con la Corte de Justicia, en la reforma del Código Procesal Laboral de Salta para agilizar trámites y ofrecer un servicio de justicia mucho más eficaz para los trabajadores.
Al cierre del encuentro, que tuvo lugar en los salones de Parque Norte, del Sindicalista Eduardo Abel Ramos, al que asistieron más de 120 dirigentes sindicales y especialistas laborales, Rodas expresó que, “luego de tanto tiempo, (de no hacer nada) amerita que quienes defendemos los derechos de los trabajadores analicemos la justicia laboral, tanto en su parte administrativa y como en la legal. En estos tiempos de crisis económica y sanitaria, en donde todos debemos estar unidos desde los diversos espacios que representamos, debemos buscar consenso para mejorar las condiciones de los trabajadores, formales e informales”.
El broche de oro fueron las palabras del ex Secretario General de la CGT, Normando Arciénaga, quien instó a seguir luchando y estando presente en los momentos más trascendentales de la historia del país y la provincia. «La CGT tiene que volver a ser lo que fue siempre, una herramienta de lucha de los trabajadores».
Esta fue la primera de varias jornadas que servirán para el estudio y análisis de una temática que venía siendo invisible y cuyas modificaciones van a marcar un antes y un después en el mundo de los trabajadores.
Las disertaciones vinieron de la mano del ex ministro de trabajo nacional, Armando Caro Figueroa, la ex jueza de la Corte de Justicia de la Salta, María Cristina Garros de Martínez, la delegada de ANSES, Susana Aramayo, el presidente del Foro Federal de Institutos y Comisiones de Derecho del Trabajo de Colegios de Abogados de la República Argentina (FOFETRA), Pedro Humberto Burgos y los abogados laboralistas, María Luisa Bravo y Juan Alberto Palacios
La premisa de hace 70 años era que más que nuevas leyes lo que hacía falta era hacer cumplir las ya vigentes. En la actualidad, la Justicia del Trabajo de nuestra provincia, junto con la legislación procesal, experimentaron más retrocesos que avances. La reforma constitucional nacional de 1994 y la incorporación a nuestro ordenamiento de los más importantes Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y del Trabajo, no se reflejan con la contundencia necesaria en la jurisprudencia local. Cerca de 4000 trabajadores concurren a los tribunales del trabajo a buscar el reconocimiento de sus derechos anualmente. Y en la mayoría de los casos, sin obtener respuesta favorable. En algunos casos por las demoras en los trámites y en otras por una jurisprudencia desactualizada o reacia a aplicar los principios que son propios del Derecho del Trabajo y del Derecho Procesal del Trabajo contemporáneos. «Necesitamos que los poderes del Estado resguarden los derechos sindicales y que cumplan la función tutelar que constitucionalmente deben cumplir para garantizar las condiciones dignas y equitativas de trabajo», concluyó Carlos Rodas al cierre de la jornada.

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