La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante se reunió con el interventor del Mercado San Miguel, Emilio Gutiérrez, para analizar la situación del mercado y dos proyectos de ordenanza sobre su regulación.
En una reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Actividades Comerciales y Privatizaciones del Concejo Deliberante, el interventor del Ente Descentralizado del Mercado San Miguel, Emilio Gutiérrez, presentó un exhaustivo informe sobre la situación del mercado y las acciones implementadas desde el inicio de su intervención.
Gutiérrez describió un panorama complejo al asumir el cargo, encontrando una falta casi total de documentación administrativa y contables, así como condiciones de infraestructura deficientes. Mencionó que apenas el 25% de los puestos contaba con energía eléctrica, funcionando precariamente con luces de emergencia, producto de un incendio anterior. Como prioridad, se enfocó en asegurar las condiciones mínimas de seguridad, retirando estructuras peligrosas y restableciendo el suministro eléctrico mediante una inversión municipal que incluyó cableado, llaves térmicas, matafuegos y otros elementos de prevención, sin generar costos adicionales para los comerciantes.
La intervención se estructuró en tres ejes principales: la recuperación administrativa y contable del mercado; la protección de los trabajadores y puesteros; y el mantenimiento de la actividad comercial sin interrupciones. Gutiérrez detalló las dificultades para obtener la documentación necesaria de la gestión anterior, incluyendo la necesidad de enviar cartas documento y realizar múltiples gestiones para obtener información parcial de la Fundación San Miguel, recibida recién en febrero. Actualmente, se busca desvincular completamente al mercado de la Fundación, considerando fundamental la sanción de un proyecto de ordenanza que formalice esta separación.
A su vez, entre los logros más significativos de los primeros cinco meses de gestión, se destaca la implementación de un sistema de pagos transparentes mediante transferencias bancarias, con emisión de facturas y órdenes de pago, eliminando cualquier posibilidad de manejo irregular de fondos. También, se realizó un censo propio de puesteros, ya que la información proporcionada por la Fundación era incompleta, identificando que un 10% de los puestos activos aún deben presentar la documentación correspondiente, algunas demoras atribuibles a pérdidas sufridas en el incendio.
