El nuevo intendente ni se aparece. A los trabajadores echados se les ríen en la cara.

Después de echar a más de 43 trabajadores, el flamante intendente Javier Wayar se sigue burlando de los desesperados manifestantes.
El jfe comunal se había comprometido a firmar un acuerdo, pero ni se apareció y dejó plantados a los delegados de la UPCN. El acuerdo hasta había sido impulsado por el Secretario del Interior del Gobierno provincial.
«Es una lástima que prometa cosas como la reincorporación de compañeros porque es jugar con la necesidad de la gente, hay familias desesperadas en estado de angustia», dijo a InformateValle Valeria Martínez, delegada de UPCN.
Por eso hoy los trabajadores salieron a cortar la ruta: para ver si así alguien del gobierno provincial intercede ante el caprichoso intendente.
Mientras tanto, la hermana del intendente, Natalia Wayar, nombrada nepotismo mediante, se dedica a hostigar a algunos de los trabajadores despedidos.
A una joven de 21 años dijo que la funcionaria la cuestionó por su edad y puso en duda su capacidad para la función que desempeñaba.
Tatiana Leiva, de 21 años, se desempeñaba en las oficinas del Registro Civil de la localidad de La Merced. La joven denunció que recibió agravios y cuestionamientos por su edad y capacidad en su función por parte de la asesora legal del municipio, Natalia Wayar, hermana del intendente saencista Javier Wayar.
La joven radicó la denuncia en la Comisaría de La Merced y en el Ministerio de Trabajo de Salta.
“Ella me preguntó cuántos años tenía y yo le respondí que 21. Me pidió el documento, se lo mostré y me dijo que no era yo y luego me hizo pasar a una oficina”. Entre cuatro paredes Wayar le dijo que “era una pendeja” y que había conseguido el puesto por el vínculo de amistad que tenía en el círculo del ex intendente Juan Ángel Pérez. Además, la abogada le dijo “que no era capaz de estar en el cargo que tenía”. Según Leiva, también le aseguró que nadie la iba a defender «porque yo no estaba en ningún gremio”.
Después de esas palabras, Wayar le quitó la documentación que debía ser firmada. “Salí de la oficina llorando porque estaba mal. (…) Estaba mal por todo lo que me había dicho”. Inmediatamente se lo contó a una compañera de trabajo y dijo que iba a denunciar a la asesora. Tuvo la mala suerte de que la escuchara Alberto Cristian Carabajal, cercano al intendente, quien la hizo volver a la oficina. “En ese momento llamé a las autoridades del Registro central para que se comuniquen conmigo por la situación”. En la oficina nuevamente ingresó Wayar junto al otro asesor legal, Mauro Martina, quienes pedían un número de teléfono “porque no me creían que los papeles que tenía eran para mandar a la sede central”.
“Pedía que se hagan bien las cosas y que me realizaran un acta”, relató la joven. Le devolvieron los papeles y salió de la oficina. Por la tarde de ese día, se comunicó con una compañera de trabajo, quien le aconsejó radicar la denuncia.
Leiva dijo que realizó la primera denuncia el 12 de diciembre en la Comisaría de La Merced. “La hice cuando salí de trabajar”, contó. La denuncia quedó “sin caratular, pero de lo que se habló fue de violencia laboral”, explicó.
Además, relató que desde el municipio le “pusieron una persona para que vea si estaba trabajando”. “Era un chico al que yo le pregunté qué hacía, él me respondió que lo mandaron para supervisar”. La joven le comunicó a Martina que “eso no era posible”. Sin embargo, “en reiteradas oportunidades me mandaban personas a pedirme la llave” de las oficinas.

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