El Poder Judicial se encuentra en avanzado estado de descomposición. La crisis por la que atraviesa no tiene precedentes y la pandemia ha generado la impresión ciudadana de que no es confiable.
Hace demasiados años que su cúpula padece el manoseo traducido en la inserción de magistrados de bajo vuelo académico que responden a los estímulos políticos sin mayor recato.
La última noticia que hizo conocer la continuidad del híbrido Fabian Vittar no hizo más que confirmar esa sensación. Pero, por supuesto, esto no tiene tanto que ver con nombres de juristas mediocres, sino un accionar conjunto que ha contribuido en estos últimos tiempos a forjar impunidad respecto de delitos contra la administración pública.
LOS OBSECUENTES
Los saltos a garrocha de sus miembros desde otros cenáculos o lugares estratégicos huelen a pagos de favores del poder político que necesita de magistrados amanuenses que cuelen a conveniencia la justicia.
Guillermo Catalano fue apoderado del Partido Justicialista y Secretario Legislativo del sórdido senado provincial. La llamada Cámara Alta alberga bajos institutos para con la cosa pública y es el refugio presupuestario de ex funcionarios y garante de acuerdos en la justicia que hoy avergüenzan.
Fabian Vittar no esgrime en su palmarés más que un tránsito como diputado provincial por el entonces fortalecido Partido Renovador de Salta y la presidencia de una Comisión de Justicia que nunca produjo provecho institucional. Lleva doce años gozando de un status que admite trato de “señoría” pero no se compadece con altura académica. Como miembro Supervisor de la Secretaría de Informática ha despertado sospechas sobre el destino de 100 millones destinados a concretar el proyecto del “Expediente digital” que hubiera beneficiado a todos los abogados independientes que se agolpan protestando por el cierre de las puertas de la justicia en tiempos del coronavirus.
Pablo López Viñals, de currículum extenso es uno más de lo que muestra que existen demasiadas distancias entre lo que se dice y finalmente se hace. De perfil autoritario –heredado de Rodolfo José Urtubey que en los ´90 todavía cargaba pistola con sobaquera- ahora es autor de libros de derecho penal en los que pregona ideas garantistas. Lo hizo notar la ex senadora nacional Sonia Escudero. Su cargo sabe a premio consuelo, luego de que el acuerdo de Romero con Urtubey en las postrimerías del gobierno anterior se lo llevara puesto. Muchos le reprochan hoy que luego de una persecución intensa no hubiera consolidado los reproches de los que zafó el senador nacional.
Ernesto Roberto Samsón se desempeñó como Secretario General de la Gobernación de Urtubey y, sin mayores remilgos, ingresó a la Corte de Justicia violentando los principios republicanos que se asientan fundamentalmente en la división de poderes. Hoy cultiva un perfil discreto aunque contribuye a beneficiar a familiares suyos y de su pareja, que también es jueza y logró en el anterior gobierno ascender a camarista.
Sandra Bonari Valdéz preside hoy el Consejo de la Magistratura, donde se cuecen designaciones que causan estupor. En los últimos años este órgano ha dado que hablar por disputas palaciegas que solamente reflejan una pugna por el direccionamiento de privilegios que sacrifican la idoneidad y la cambian por la conveniencia o el parentesco o la afinidad.
Bonari fue miembro del Tribunal de Cuentas de la Provincia y encabezó en los inicios del romerismo la conversión del órgano de control externo hacia el modelo de Auditoría General que hoy muestra gravísimas falencias al momento de investigar el destino del dinero público provincial. En el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la Argentina se le imputó el sacrificio de un organismo que desapareció por el interés político de evitar el control.
Estrecha colaboradora de Catalano, hoy contribuye a la crisis y desprestigio, más que a la recuperación de un poder que necesita independencia del poder político. Al igual que Catalano, fue asesora jurídica del bloque justicialista en sus orígenes y no ha dejado de hacer política en la justicia.
Horacio Aguilar es otra manifestación de la invasión del poder político. Hasta hace poco tiempo abogado personal de Juan Manuel Urtubey, fue designado en el tribunal superior en donde aterrizaron muchas de las causas en las que intervenía como abogado independiente. Su frustrado intento por presidir el Cuerpo no ha cesado, y sus buenas relaciones con Gustavo Sáenz lo han dejado a un paso de reemplazar al hasta ahora intocable Catalano.
Teresa Ovejero es quizás quien menos calificaciones ostenta. De ser secretaria de un tribunal administrativo como lo es el Tribunal Electoral, paso de un salto a la Corte de Justicia. Niña mimada de Rodolfo José Urtubey supo entablar buenas relaciones durante el romerismo, a la par que su esposo era contratista de Estancias de Cafayate, luso emprendimiento de la familia Romero. Antes de irse, Juan Manuel Urtubey la colocó en un lugar privilegiado. Muchos pensaron que se trató de un premio por la enconada defensa que hizo del sistema de voto electrónico que en algún momento fue calificado de fraudulento por el propio Juan Carlos Romero.
María Alejandra Gauffín y Adriana María Rodríguez han ingresado con escuálidos antecedentes. La primera constituye el único caso en el que una secretaria, sin haber sido magistrada, ingresara a la cúspide del Poder Judicial local. La segunda había logrado un salto similar cuando junto a la esposa de Pablo López Viñals, consiguieron dos lugares en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. Rodríguez es la esposa de Guillermo López Mirau, el influyente Secretario Legislativo del Senado que dio los acuerdos para sus nombramientos.
Todos los jueces de Corte han derramado favores a parientes y amigos y se llevan una porción importante del presupuesto, a la vez que forman una sucesión que en otros tiempos replicaban los cuerpos oligárquicos. El conservadurismo ha encontrado una manera de reciclarse a costilla de los impuestos que todos pagan.
ROMERO SIN CASTIGO
No es la primera vez que en los ámbitos parlamentarios nacionales se ha mencionado el nombre de Juan Carlos Romero como ex mandatario que padeció graves acusaciones pero que nunca fue sometido a juicio. Ni siquiera le pintaron los dedos como a cualquier ciudadano que por incursionar en el delito es sometido a procesos infamantes.
Las denuncias por las tierras de La Ciénaga, o el famoso caso del hangar de la Dirección de Aviación Civil que comprometió también a su hijo Juan Esteban Romero fueron archivadas después de estrépitos que caracterizaban a la pelea el hoy senador nacional sostuvo con Juan Manuel Urtubey.
Tampoco volvieron a publicarse noticias sobre la estafa en la que se mencionó la intervención de Alberto Raymundo Sosa en un pasamanos millonario de tierras de una empresa boratera en un barrio de la zona sud de la Ciudad de Salta.
En sentido inverso, todas las denuncias divulgadas por el diario El Tribuno, con la firma cuasi anónima de un “Grupo de Investigación” nunca fueron reflotadas. Los sobreseimientos no fueron motivo de titulares del diario familiar de los Romero. El acuerdo de trastienda no hizo más que destrozar la confianza en el Poder Judicial, y su derrotero posterior la expande sin solución de continuidad.
Un condicionado Sáenz les ha entregado todo el poder judicial y recién en cuatro a cinco años estará en condiciones de modificar estas mayorías compatibles con los intereses de los gobernadores que se llevaron 24 años de democracia. Hasta tanto, los delitos que podrían comprometerlos estarán prescriptos.
INTENDENTES IMPUNES
En estos días el Concejo Deliberante de Salvador Mazza reavivó los cuestionamientos contra el intendente Rubén Méndez, que fue destituido hace tres años y que apeló la decisión con efecto suspensivo sin que hasta la fecha la Corte de Justicia se hubiera expedido.
El caso de Ernesto “Kila” Gonza en el municipio de San Lorenzo es otro que ya reviste la condición de emblema, desde el momento en que su destitución tampoco obtuvo fallo.
En estos días el ex intendente Manuel Cornejo logró libertad ambulatoria tras el rechazo por la Jueza Sandra Espeche de un pedido de la Fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos para que se lo detuviera. Los salteadores de la cosa pública no llegan a la cárcel ni por casualidad.
El incesante giro de posturas con los intendentes devela que existen consultas previas a dictar sentencias. En 2010, por ejemplo, la Corte de Justicia anuló la destitución de Sergio Napoleón Leavy, otrora socio de Urtubey. Hizo lo mismo con las destituciones ocurridas en Cerrillos, La Viña y Coronel Moldes, entre otras, y permitieron la continuidad de delitos varios en esas localidades de pequeños presupuestos donde cada tarascón de la corrupción equivale a frustraciones colectivas.
Sin embargo, en 2019 cuando se distanció del entonces gobernador, la justica avanzó agresivamente contra el “Oso” y por causas de menor cuantía. Todo un detalle de cómo se ha contaminado el tercer poder.
Son demasiados los expedientes de contenido político que se mantienen paralizados en un tribunal de justicia que ya no mide tiempos políticos sino que se anima sin pudor a enterrarlas confiado en que su investidura no genera sospechas.
SUELDOS ESCONDIDOS
Esta Corte de Justicia se ha mostrado renuente a denunciar sus sueldos íntegros, en los que se suman adicionales por funciones colaterales que engordan un salario impúdico por lo abultado e injustificado.
Se las han ingeniado para disimular que perciben adicionales por ejercer la Superintendencia para el Gobierno y Disciplina del Notariado, o integrar el Consejo de la Magistratura, o el Tribunal Electoral, o representar al Poder Judicial ante la Unidad Coordinadora de Lucha contra la Droga y el Narcotráfico, o ser Directores Académicos de la Escuela de la Magistratura , o ser miembros del Jurado de Enjuiciamiento, o participar de la Comisión de Análisis de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, o Supervisar la Secretaría de Derechos Humanos.
Aún cuando la adhesión provincial a la ley nacional de Derecho de Acceso a la Información Pública no tuvo reservas, sin vergüenza han predicado que la ley no tiene vigencia y ocultan lo que ganan porque saben que es vergonzante percibir casi medio millón mensuales en una provincia en la que más de la mitad de sus habitantes no supera la barrera de pobreza.