Casi 70 adhesiones de ONGs y agrupaciones políticas apoyan la destitución del Juez Soria y la defensora Flores Larsen. Ambos están señalados de imponer sus creencias religiosas en el caso de la menor violada por su padrastro a quien le impidieron realizarle un aborto no punible. (Andrea Sz)
El pedido de destitución fue presentado el 15 de abril de este año, promovido por la Multisectorial de Mujeres de Salta y presentado por Verónica Caliva (Fundación entre Mujeres), Adchjian Manasés (Asociación Civil Instituto Laico de Estudios Contemporáneos Argentinos) y Organización No Gubernamental de Desarrollo ILEC con el patrocinio de la doctora Gabriela Gaspar. El pedido había contado con la adhesión de casi setenta ONGs, agrupaciones políticas y dos diputadas nacionales oficialistas: Susana Canela y Araceli Ferreyra. Entre la documentación se acompañada también un dictamen del INADI por discriminación y un documento firmado por la Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación.
Sin embargo el miércoles 23 de abril pasado,en la segunda reunión que mantuvo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta se desestimó el pedido de destitución contra la Asesora de Incapaces 2: Claudia Marcela Flores Larsen. Aunque no se consignó el porqué de la decisión, sí se supo que la misma fue adoptada en una ajustada votación de 5 a 4. Los que se opusieron al pedido de destitución fueron los dos representantes de la Corte, Guillermo Posadas y Guillermo Catalano; los senadores Jorge Soto y Silvina Abilés; y el abogado por el Senado Luis Guillermo López Mirau. Aunque la decisión fue tomada en forma dividida sobre la situación de Flores Larsen todavía no se trató el caso del juez Soria. Sobre el pedido de enjuiciamiento del juez Víctor Soria, el Jurado deberá expresarse en un plazo de ocho días, según informaron.
Pedir que la justicia llegue
Quienes votaron a favor de la destitución de la Asesora fueron la Fiscal de Estado Mónica Lionetto; el presidente de la Cámara de Diputados de Salta Santiago Godoy; el abogado Aldo Juárez; y la diputada Alejandra Navarro.Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara e integrante titular de la Comisión de jury de enjuiciamiento, argumentó sobre el porqué correspondía correr traslado a la acusación de la asesora de Incapaces Claudia Mariela Flores Larsen. Además de los argumentos jurídicos en que basó su opinión, también se valió de argumentos de otro tipo. Entre los 11 puntos que enumeró se encontraba el siguiente “que se realizó una denuncia que contiene una descripción clara y precisa sobre los hechos que le son imputados. Que el Jurado debe revertir imparcialidad e independencia en su labor”. En el punto 9 reflejó que “la denuncia ha recibido adhesiones de ciudadanos y diversas organizaciones civiles de nuestra sociedad y el Inadi ha considerado que se incurrió en un trato discriminatorio para con la niña víctima. Y finalmente que “el caso requiere mensajes claros hacia la sociedad sobre cada una de las etapas procesales del procesamiento previsto para el Jurado de Enjuiciamiento”.
Por su parte la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Susana Canela, y firmante del pedido calificó en medios locales de “vergüenza nacional”, la actitud tomada por los jueces de la Corte Guillermo Posadas y Guillermo Catalano. “Que jueces de la Corte de la provincia hayan tomado esas actitudes cuando tenemos una Corte Nacional donde tienen una opinión diferente. Pensé que tomarían una actitud más coherente, porque es violatorio de la Ley”, dijo la legisladora.
Ojos puestos en Salta
Verónica Calivade la Fundación Entre Mujeres al ser consultada por la decisión del Jurado manifestó a Cuarto Poder: “En medio del proceso tenemos que ser cuidadosas con las opiniones que emitamos, pero desde ya repudiamos la determinación que tomó el Jurado en el caso de Flores Larsen. Por supuesto que agradecemos a los integrantes que votaron a favor de nuestro pedido. Aunque no hubo aun ninguna notificación a nuestra representante letrada”.
Caliva agregó: “Esta desestimación es preocupante y sumamente grave.Esperamos que no se repita en el caso del juez Soria porque estaríamos totalmente indefensas las mujeres y niñas de Salta.Expuestas a que personajes como Flores Larsen continúen impidiendo y negándonos el acceso a derechos consagrados como lo es el acceso al aborto no punible. Contamos con el apoyo de muchísimas organizaciones y personalidades del país que tienen puestos los ojos en el Tribunal y en Salta. Si no prospera el Jury pasaremos a instancias internacionales porque el Estado argentino nos abandonaría”.
Pedido que marca un precedente
Los hechos que motivaron la solicitud de destitución son de público conocimiento y comenzaron a fines del año pasado. El juez de Personas y Familia de Segunda Nominación, Víctor Soria, hizo lugar a la acción de amparo promovida por la defensora Flores Larsen con el objeto de impedir que una niña de entonces 13 años de edad, violada y golpeada reiteradamente por su padrastro, interrumpiera el embarazo producto de la violación.
Es así que el juez prohibió a los profesionales médicos llevar adelante cualquier acción que pudiera “interrumpir o evitar la gestación natural del niño por nacer” con advertencia de enviar antecedentes a la justicia penal.
Las organizaciones que acompañaron la denuncian sostienen que el Juez no solo declaró inconstitucional el Decreto Provincial 1170/12 y la Resolución Nº 215/12 del Ministerio de Derechos Humanos y su anexo, que aprueba la Guía de Procedimiento para la Asistencia Integral de Toda Víctima Sexual y la Concreta Atención de los Abortos no Punibles, sino que además el juez Soria tuvo una lectura sesgada, transverzalizada por las creencias religiosas de quienes deben custodiar y aplicar la ley.
Esta semana las organizaciones femeninas estarán a la espera de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento frente a la situación de Soria, quien también incurrió en discriminación, tal como lo contempla el dictamen del INADI, que entiende que a la niña cuyo embarazo fue producto de reiteradas violaciones se le vulneraron todos sus derechos fundamentales como la libertad de decidir, su integridad sexual y psicofísica, su dignidad, autodeterminación, salud y derechos reproductivos y no se tuvo en cuenta su condición de víctima.