El Tribunal Oral Federal N° 1 resolvió unificar las dos sentencias firmes que pesan sobre el ex magistrado federal de Orán, condenado por delitos de corrupción. La decisión fue adoptada por mayoría y dejó pendiente el análisis de su pedido de libertad condicional. Le impuso 16 años y seis meses de prisión
El ex juez federal de Orán Raúl Juan Reynoso recibió una pena única de 16 años y seis meses de prisión, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta resolviera unificar las dos condenas que pesaban sobre él. El fallo, firmado este jueves 12 de noviembre, fue adoptado por mayoría y rechazó el pedido de la defensa para que se estableciera una pena menor y se dispusiera su inmediata libertad.
Reynoso había sido condenado a 13 años de prisión en mayo de 2019, en una causa por concusión y prevaricato, en la que se investigó su participación en maniobras vinculadas con el funcionamiento del juzgado federal de Orán. Esa sentencia quedó firme en febrero de 2024, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara inadmisible el recurso presentado por su defensa.
Posteriormente, el 27 de agosto de 2024, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta lo condenó a otros cinco años de prisión por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión. Esta segunda sentencia adquirió firmeza el 14 de octubre de 2026, cuando la Corte Suprema desestimó una nueva presentación de la defensa.
La suma aritmética de ambas condenas habría llevado la pena a 18 años de prisión. Sin embargo, el tribunal resolvió aplicar el método composicional, que permite establecer una pena única mediante una valoración conjunta de los delitos y las circunstancias personales del condenado. Para hacerlo, consideró que debía aplicarse la legislación anterior a la reforma del artículo 58 del Código Penal, dispuesta por la ley 27.785 en marzo de 2025, en virtud del principio de la ley penal más benigna.
Por qué le impusieron 16 años y seis meses a Reynoso
La resolución tuvo dos posiciones respecto del monto de la pena. El juez Domingo José Batule propuso establecer una condena única de 15 años de prisión. En cambio, las juezas Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi consideraron que ese monto resultaba insuficiente y votaron por elevarlo a 16 años y seis meses. Esta última postura conformó la mayoría.
Entre los agravantes, las magistradas señalaron que Reynoso se había valido de su condición de juez federal para organizar un esquema delictivo y establecer una red de contactos con abogados particulares. Según el análisis de las sentencias, esas relaciones le permitieron beneficiar a personas involucradas en causas de narcotráfico y perjudicar a otras mediante imputaciones de delitos graves, con el propósito de obtener beneficios económicos.
También remarcaron que había direccionado expedientes judiciales y utilizado el temor entre los empleados y funcionarios que trabajaban bajo su órbita para evitar que interfirieran en sus maniobras. Consideraron especialmente grave que esas conductas se hubieran cometido desde la magistratura federal, en una jurisdicción de frontera donde se tramitaban investigaciones sensibles vinculadas con el narcotráfico transnacional.
Como atenuantes, las juezas valoraron que Reynoso se había mantenido a derecho durante los procesos y había cumplido las reglas de conducta que se le impusieron cuando accedió a beneficios de ejecución de la pena. No obstante, consideraron que la gravedad, la cantidad y la naturaleza de los hechos justificaban una sanción superior a los 15 años propuestos por el otro integrante del tribunal.
Qué resolvieron sobre el pedido de libertad condicional
Uno de los puntos centrales del planteo de la defensa era conseguir la inmediata libertad de Reynoso. Sus abogados habían solicitado que se fijara una pena única de 13 años y, subsidiariamente, que no superara los 15 años, con el argumento de que así se encontraría cumplido el requisito temporal para acceder a la libertad condicional.
El tribunal rechazó ese planteo en esta instancia. Los jueces aclararon que el cumplimiento del requisito temporal no habilita automáticamente la libertad condicional, ya que también deben evaluarse los informes previstos en el artículo 13 del Código Penal y en la ley 24.660.
Por ese motivo, resolvieron diferir el tratamiento del pedido hasta contar con el cómputo provisorio de la pena y los informes del Servicio Penitenciario Federal y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).
La sentencia también estableció una inhabilitación absoluta por el mismo plazo de la condena de prisión y mantuvo la inhabilitación especial para ejercer el cargo de magistrado judicial por 35 años. Además, dispuso una multa de $90.000, mantuvo la obligación de restituir $500.000 a cada uno de los damnificados Bruno Maximiliano Mazzone y Pablo Sebastián Meneses, con los intereses correspondientes, y confirmó el decomiso de una camioneta Volkswagen Amarok.
Una vez que quede firme la resolución, las actuaciones deberán pasar a la Secretaría de Ejecución de Sentencias del Tribunal Oral Federal N° 1, que continuará con el trámite correspondiente.