La ministra de Justicia, Pamela Calletti, tiene en su escritorio un incómodo expediente. En él se advierte que uno de los ternados para Fiscal Penal de Orán tiene espantosos antecedentes: se trata del abogado Ariel Alejandro Ovejero. (Gonzalo Teruel)
Sin posibilidad de aportar una solución a corto o mediano plazo al conflicto de los trabajadores de frontera o “bagayeros” que desde hace más de una semana cortan la ruta en protesta por los operativos de control de Gendarmería al paso de mercancías desde Bolivia, la sola mención de la palabra “Orán” altera a los funcionarios provinciales. Y es que desde San Ramón de la Nueva Orán, la segunda ciudad de la provincia, sólo llegan malas noticias. De ello puede dar fe la ministra de Justicia, Pamela Calletti, que tiene en su escritorio un incómodo expediente al que accedió Cuarto Poder y en el que le advierte que en la terna elevada por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo para designar al Fiscal Penal de Orán hay un abogado de espantosos antecedentes.
Ariel Alejandro Ovejero integra (en tercer lugar de acuerdo al puntaje obtenido en el examen y la entrevista ante la Magistratura) la terna para cubrir la vacante existente para el cargo de Fiscal Penal del Distrito Judicial Orán. De acuerdo a información oficial, María Sofía Guiomar Fuentes sumó 58,75 puntos, Daniel Alejandro Escalante 57,82 puntos y Ovejero 55,73 puntos.
“Todos los ternados, más o menos, sirven al intendente Marcelo Lara Gros” indican desde el norte de la provincia pero puntualizan que “particularmente, el más cercano es Ovejero por el vínculo directo en la municipalidad”. En efecto, el mencionado es responsable de Tierra y Hábitat de Orán y, además, acompaña a Baltazar Lara Gros en las recorridas de campaña en los barrios de la caliente localidad fronteriza en busca de la reelección como diputado provincial.
Según acusa la misiva dirigida a Calletti y por su intermedio al gobernador Juan Manuel Urtubey “como funcionario municipal del área de Tierra y Hábitat, Ariel Alejandro Ovejero llevó adelante acciones y prácticas que han significado estafas y perjuicios para familias que todavía esperan un lote” y además “en carácter de asesor y/o representante legal del Municipio de Orán ante la Comisión Corsos Color 2014 posee denuncias efectuadas por la entonces concejal Patricia Hucena y el concejal Eduardo Giménez quienes elevaron las pruebas correspondientes a la malversación de fondos de dicho evento y el incumplimiento a las leyes administrativas vigentes, entre ellas la Ley de Contrataciones”.
La nota también denuncia que Ovejero “usando su función de funcionario municipal (SIC) llevó adelante las maniobras para adjudicar a favor de la Asociación Oranense de Veteranos de Fútbol de la que es actualmente presidente (con mandato vencido) un predio municipal de 3 hectáreas que estaba en comodato al Club Argentino de Orán” y remarca que “en la actualidad Ovejero se encuentra denunciado ante la Fiscalía de Orán por defraudación y estafa por la administración a su cargo en la Asociación de Veteranos de Fútbol por los señores miembros del Órgano de Fiscalización de dicha institución”.
Además, advierte que “en su tarea de abogado ha llevado defensas de reconocidos criminales y distribuidores de sustancias prohibidas” y acusa que “amparado por el respaldo político que le otorga su jefe el intendente (Marcelo Lara Gros) posee conducta arbitraria, autoritaria, en los cargos públicos que ha desempeñado y en el actual cargo de presidente de la Asociación Oranense de Veteranos de Fútbol censurando, persiguiendo, y proscribiendo con prácticas neofascistas a los socios y/o miembros del Órgano de Fiscalización que han observado oportunamente malversación y fraude financiero”.
El texto ingresado a la cartera de Calletti el pasado viernes junto a una serie de documentos respaldatorios (denuncias policiales, resúmenes de balances institucionales, etc.) concluye con un “público rechazo e impugnación” para Ovejero porque “no reúne los requisitos éticos y morales para desempeñarse como fiscal penal”. Lo firma Héctor Américo Cáceres, miembro del Órgano de Fiscalización de la Asociación de Veteranos de Fútbol.
Para un cuento de Soriano
Un par de años atrás el suspendido (y detenido) juez federal de Orán, Raúl Reynoso, recusó a uno de los magistrados que debía enjuiciarlo porque, según dijo, le tenía animadversión y siempre lo dejaba en el banco de suplentes durante los partidos del campeonato de fútbol que compartían. Y es que, como en los cuentos de Osvaldo Soriano y en las novelas de Eduardo Sacheri, el fútbol está muy presente en la vida cotidiana de los pueblos y pequeñas ciudades argentinas.
En este caso Ariel Alejandro Ovejero no patea pero igual está vinculado al más hermoso de los juegos. Preside, con mandato vencido según lo denuncian, la Asociación Oranense de Veteranos de Fútbol que de acuerdo a su propio Órgano de Fiscalización no tiene todos los papeles en regla.
“En el Balance 2015 figura el ítem Ingresos por Bono Contribución por $30.760 pero no existe una carpeta de rendición del total ingresado, de los gastos realizados, ni del destino de los fondos” indicó Neri Bordón, miembro del órgano de control interno, y añadió que “tampoco se encuentran las autorizaciones de ENREJA, DGR y AFIP y el importe indicado en el balance no coincide con los reales ingresos y egresos de la institución”.
Según dijeron Bordón y Cáceres “el total de ingresos del balance 2015 es de $401 mil pero no coincide con los recibos de la institución por $394 mil aproximadamente” y lo mismo sucede con “el ítem Sueldos y Jornales que tiene una imputación de $65 mil mientras que la suma de los recibos es de $70 mil”. Por eso pidieron que el Balance 2015 no fuera aprobado “hasta tanto se dé cumplimiento a las normas estatutarias y legales que correspondan” y desataron la ira de Ovejero que, días después, hizo aprobar una resolución de comisión directiva para inhabilitar a Cáceres “para participar como directivo y/o en cualquier órgano que forme parte de la Asociación (…) y en toda actividad organizada por la Asociación de Veteranos”.
Estas objeciones al manejo administrativo de la institución social y deportiva por parte de Ovejero fueron presentadas, también el pasado viernes, ante la Inspección General de Personas Jurídicas que deberá abrir un expediente y analizar la denuncia de Bordón y Cáceres. En ese mismo organismo público hay otro trámite contra Ovejero por “sanciones arbitrarias y autoritarias, censurando y persiguiendo con prácticas ilegales y antidemocráticas a los miembros de la anterior comisión directiva y del (actual) órgano de fiscalización como Héctor Cáceres y Daniel García”.
Unos días antes, mucho peor aún, el propio Cáceres presentó ante la Fiscalía Penal de Orán una denuncia por defraudación contra Ovejero, Ricardo Toledo y Eduardo Aramayo, tesorero y contador de la Asociación Oranense de Veteranos de Fútbol. De nuevo, como si fuera un cuento, el aspirante a fiscal está denunciado ante el fiscal.
“Fundan la presente (denuncia) las innumerables irregularidades administrativas e impositivas a través de las cuales existe una gran cantidad de faltante de dinero en los balances realizados hasta la fecha, los cuales no poseen documento respaldatorio, como así también alguna de estas documentaciones son apócrifas, lo cual deviene en un acto que es todas sus formas (SIC) ilegal y fraudulento tanto a nivel administrativo como impositivo, faltando a la buena fe de la Asociación” dice textual la denuncia penal contra Ovejero, Toledo y Aramayo presentada el 18 de mayo.
El principal elemento de la acusación es el faltante de más de $90 mil. “La cuota social es de $300 mensuales y existen 69 equipos registrados, por lo que por simple matemática daría un total de $248.400, sin embargo, en el balance figura un ingreso de $156.900 por lo que existiría sólo en ese rubro un faltante de $91.500” plantea la denuncia de Cáceres que se completa con otras presentaciones, realizadas también en mayo y por los mismos motivos, ante la DGR y la AFIP.
En Orán adjudican a Ovejero decisiones arbitrarias y autoritarias y falta de transparencia en la administración de una organización civil y en la gestión pública pero, sin embargo, tiene buenas chances de ser designado funcionario del Poder Judicial. Como siempre, la última palabra será de Urtubey.