Cuarto Poder dialogó en exclusiva con el director de DC Consultores en base a una medición realizada en Salta sobre el funcionamiento de la justicia. Nueve de cada diez salteños tiene una imagen negativa del poder judicial. (Nicolás Bignante)
La consultora que dirige tiene base en Neuquén Capital, donde trabaja desde hace nueve años. Los sondeos que impulsa suelen realizarse de manera inversa a como lo hacen las encuestadoras nacionales. Esto es, se parte de las localidades y las provincias para luego hacer la proyección al resto del país. De allí que Aníbal Urios, junto a su grupo de trabajo, decidieran expandir el área de trabajo de DC Consultores y desembarcar en Salta en medio del debate y los cruces en torno a la reforma judicial que impulsa el oficialismo. El funcionamiento de la justicia también fue uno de los aspectos a medir en una provincia que recientemente autorizó el nombramiento de dos nuevos jueces de corte, cuyos sueldos son un misterio, aunque se presumen cuantiosos. El sondeo se realizó en forma paralela en: Neuquén, La Plata y Salta; donde alcanzó a ciudadanos de cinco municipios.
Con más o menos variaciones, la realidad de la provincia se acomoda a lo que pasa en el resto del país: la justicia se erige como la institución que más imagen negativa tiene en toda la Argentina. El 92% de los habitantes del país sencillamente no cree en el poder judicial. En el ranking, le siguen en segundo lugar los sindicatos, luego el Poder Ejecutivo y en cuarto lugar el Poder Legislativo. Los datos coinciden con otras encuestas publicadas recientemente como la que realizó la Universidad de San Andrés, cuyas conclusiones indican que la Justicia transita uno de sus peores momentos históricos en su vínculo con la sociedad civil. Según el estudio, menos de uno de cada diez argentinos tiene una imagen positiva del Poder Judicial. La percepción es incluso peor que la que se tiene del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los partidos políticos.
Cuando se le preguntó a los salteños con qué palabra definirían a la justicia argentina, una enorme mayoría eligió los vocablos «lenta» e «injusta». Detrás aparecen: «acomodada», «vergüenza», «corrupta», «incoherente», «pésima» y «egoísta». «No tuvimos una sola palabra positiva en esa pregunta», reconoce Aníbal Urios. De la misma manera, a la hora de calificar el Poder Judicial, los encuestados respondieron en un 37,8% con la opción «muy mala». Un 34,2%, en tanto, optó por la categoría «mala» y un 23,6% «regular». Apenas un 5,4% aseguró tener una opinión positiva en relación al funcionamiento de la justicia.
En ese contexto, las consultas en torno a la reforma judicial que propugna el presidente Alberto Fernández, arrojan resultados tajantes, independientemente del nivel de información con el que cuenten los consultados. El 60% no es portador de buenas impresiones sobre la iniciativa y consideran que contribuirá a «los intereses del poder político». El 40% restante se divide en quienes creen que aportará a la «independencia del poder judicial» (17,2%), a «eliminar la corrupción» (4,3%) y a «mejorar la justicia» (18,5%). A su vez, nueve de cada diez encuestados consideran que es necesario un cambio en los mecanismos de designación de los jueces. De ese total, un 56,8% optaría por elecciones democráticas.
De los guarismos anteriores surge un interrogante inmediato. ¿En medio de semejante crisis de credibilidad, una reforma que introduzca cambios medulares no debería aparecer como una señal esperanzadora? ¿El abierto rechazo a la determinación oficial no va a contramano de la manifiesta necesidad de un cambio de rumbo? Para Urios, esto puede explicarse desde diferentes ópticas: «Todos te dicen que (la justicia) está mal, pero si le preguntás si quieren una reforma, te dicen que no. Entonces aquí hay que preguntarse: ¿Dicen que no porque no es el momento?, ¿porque no están informados? ¿o porque no creen en los que la van a reformar?».
Sobre el final del relevamiento se volvió a pedir a los encuestados que definan con una palabra por qué creen que se plantea una reforma judicial en este momento. Nuevamente las categorías negativas como «impunidad», «corrupción», «causas» o «protección» aparecen entre las más mencionadas; aunque en este caso figuran algunos conceptos positivos como «es hora de mejorarla» o «porque no funciona».
Al margen de la imagen negativa de la justicia y que más de la mitad de los encuestados considera que la reforma impactaría en su vida cotidiana, los cambios en el poder judicial no aparecen entre las demandas más urgentes de la población relevada. Preocupaciones como la corrupción o la inseguridad han ganado terreno en detrimento de los problemas económicos, sin embargo, son pocos los que ven en la justicia la respuesta a aquellas inquietudes. «Cuando nosotros preguntamos en una encuesta del mes pasado cuáles eran los grandes problemas de la sociedad, la gente respondió la corrupción y la inseguridad. Si la reforma da respuestas a esto, la gente percibirá la reforma como positiva», concluye Urios.
