Tras la información que involucra a una pareja colombiana que asegura que la jueza de Tartagal, Claudia Yance, les arrebató una hija; la magistrada ordenó practicar estudios de ADN para comprobar la filiación de la menor.
La pareja de nacionalidad colombiana invocan la paternidad de la niña quien se encuentra por estos días alojada en un hogar por resolución de Yance. Ante esto, la web del poder judicial justifica el accionar de la magistrada en tanto asegura que por los derechos de raigambre constitucional la jueza puede actuar en este sentido ya que está en juego el derecho a la identidad de la misma.
Además, la corporación judicial informa que el supuesto progenitor E.J.Q. se encontraba imputado por el delito de amenazas y privación ilegítima de la libertad agravada de la víctima (la niña), copias de cuyo expediente la jueza ordenó incorporar a las actuaciones en su juzgado días atrás. En esta causa el señor Q., a pedido del Fiscal Penal interviniente, recuperó la libertad ordenándose medidas sustitutivas que no estaría cumpliendo a la fecha.
La versión judicial asegura que en julio pasado la directora del establecimiento al que asiste la niña hizo una denuncia policial luego que L.V.Q. se negara a retornar a su hogar por miedo a ser agredida por sus supuestos progenitores. En ese momento la niña dijo tener otro nombre real, distinto de L.V.Q. y señaló a otra mujer como su madre. Dijo además sufrir mucho pegándole en muchas ocasiones. Los dos la acusaban de robarles plata. Es así como tomó intervención en la causa el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, disponiendo las medidas de protección inmediatas.
Ante la gravedad de los hechos denunciados y por no haberse agotado las medidas dispuestas, la jueza Yance intimó a la Secretaría de Niñez y Familia a practicar una serie de medidas inmediatas, entre ellas acreditar los vínculos entre L.V.Q. y sus presuntos progenitores.
El pasado 29 de noviembre, la misma jueza Yance, ordenó la prueba de ADN. La jueza advirtió que no se han acreditado los vínculos con los otros niños ni la identidad. Al comparecer la supuesta progenitora presentó una fotocopia de un DNI plastificada. La niña L.V.Q. no tiene documento alguno que acredite su identidad y el otro menor a cargo posee un pasaporte colombiano sin referencia a los supuestos progenitores. En una entrevista con psicólogo de los restantes niños se pudo advertir que los dos mayores presentaban alto riesgo sugiriéndose ingresar a un hogar.
Finalmente, la página web aclara que omitió las identidades de los menores involucrados en el proceso y de los adultos para resguardar los derechos constitucionales de los niños y niñas.
