El Grupo Clarín tiene una participación accionaria del 30% en la compañía. Fue fundada por el empresario Walter Román y, en la actualidad, sus hijos forman parte del directorio. Sospechas de sobreprecios y mala calidad.
Urbano Express S.A., una empresa de logística vinculada al Grupo Clarín y a la familia Román, obtuvo una licitación del PAMI para distribuir pañales para adultos en todo el país, por un monto aproximado de US$450 millones. La adjudicación generó controversia, ya que fabricantes del sector alegan que el proceso fue direccionado y que Urbano Express tuvo acceso anticipado a información clave, permitiéndole solicitar presupuestos antes de la publicación oficial de la licitación. Además, se cuestiona que las especificaciones técnicas requeridas favorecían a la empresa y que los precios adjudicados superaban los valores de mercado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la adjudicación, afirmando que no hubo irregularidades y que el nuevo sistema de entrega directa a domicilio generará un ahorro anual de $5 millones. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre los criterios de selección de Urbano Express ni sobre el adelanto de fondos previsto para la empresa adjudicataria. Este cambio en el sistema de distribución, que reemplaza el modelo anterior de entrega a través de farmacias, ha sido criticado por su falta de transparencia y por posibles implicancias en la calidad del servicio.
Durante más de 15 años, el PAMI distribuyó pañales mediante un convenio con farmacias, permitiendo a los afiliados retirarlos directamente. El nuevo esquema de entrega «puerta a puerta» requiere una logística diferente, y algunos fabricantes señalan que las especificaciones técnicas de la licitación eran difíciles de cumplir, lo que podría resultar en la distribución de productos de menor calidad a un costo elevado para el Estado. Estas preocupaciones han llevado a que se considere presentar una denuncia judicial por presuntas irregularidades en el proceso de licitación.
La situación ha generado inquietud entre los afiliados al PAMI, especialmente aquellos que dependen de la provisión regular de pañales. La transición al nuevo sistema de entrega ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores, que cuestionan la transparencia del proceso y la idoneidad de la empresa adjudicataria. La falta de información clara y la percepción de posibles favoritismos han alimentado el debate sobre la gestión de recursos públicos y la necesidad de garantizar servicios de calidad a los jubilados y pensionados.
