Así calificó la referenta, senadora mandato cumplido del Partido Obrero, Gabriela Cerrano, la prórroga de la Ley 7.857.

Una voz critica entre tanto silencio cómplice por la recientemente aprobada prórroga que la Cámara baja provincial le dio a la ley de emergencia social en materia de género en Salta. La referenta Gabriela Cerrano señaló que la prórroga que se viene realizando desde 2014 es “papel pintado” por ello recordó que desde el PO piden la creación de un Consejo Autónomo de la Mujer, que sea electo y revocable por las propias mujeres: “que pueda intervenir en una protección real, como ya lo hacen muchas activistas y militantes que defienden a las mujeres y a la diversidad, un concejo que tenga un presupuesto asignado para la asistencia directa, que pueda acusar a la justicia cuando violentan los derechos, como ahora que están obligando a una niña a ser madre, esto es superior a la creación de cualquier burocracia estatal. Solo así, se podrá aplicar adecuadamente una emergencia, que actúe sobre los casos más graves, si no esto es la prórroga de más papel pintado”, señaló Cerrano.

Asimismo hizo referencia a las múltiples falencias en materia de políticas públicas que la Justicia provincial como la Policía y demás organismos estatales viene teniendo para combatir la violencia de género: “¿Cómo actuaron las fiscalías desde su creación? Como toda justicia dependiente del poder político, se comporta acorde a los mandatos de los patrones, un ejemplo claro es lo que sucedió en el Departamento de Anta, donde hace poco se suspendió de sus funciones al fiscal Dantur, porque estaba en una componenda corrupta con el comisario Mamani, que no solo armaba causas y fabricaba culpables, también se descubrió que Dantur no informaba, ni giraba actuaciones en caso de violencia de género, porque era conocido del violento”.

Y agregó; “Ahora mismo en Las Lajitas, también en Anta, hay una niña de 12 años embarazada producto de una violación y que además vive en un contexto de violencia familiar y las fiscalías actuaron en el marco de que los hospitales son objetores y ahora están abocados al Covid-19. No actuaron para garantizar la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo que la ampara, el Estado está violentando los derechos de esa niña, el caso no debe judicializarse y lo hacen igual. La situación extraordinaria de la pandemia no anula los derechos ya consagrados, en los casos de abusos incluso es peor, en contexto de encierro crecieron los abusos a niñas y mujeres”.

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