Patricia Aguirre, de la Fundación Volviendo a Casa, salió al cruce de los dichos de la funcionaria que negó la violencia de género: “el gran problema de nuestra justicia es humano y se llama indiferencia y el problema de la Dra. Wayar es ignorancia y misoginia. Es desafortunado lo que dijo esta abogada pero es responsabilidad del Estado”. (Diana Deharbe)
El video que se difundió en las redes sociales generó el repudio de toda la comunidad y en especial de las víctimas de violencia. En un comunicado publicado en Facebook, fechado el 5 de mayo, la Secretaria de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, literalmente “se lavó las manos” con respecto al accionar de la funcionaria, afirmaron que: “la abogada Natalia Wayar no se desempeña como formadora o capacitadora en los equipos profesionales destinados a la promoción de los derechos de las mujeres y del colectivo de la diversidad sexual, como así tampoco en las área de asistencia a víctimas de violencia de género o del delito de trata de personas”.
Ignorancia y Misoginia
La Dra. Patricia Aguirre, referente provincial en materia de género, sostuvo en una entrevista para Cuarto Poder que el gran problema de la justicia en general es la falta de gestión, humanidad y de sensibilidad del sistema para con estas problemáticas: “el sistema está plagado de personas sin compromiso y sin capacitación”, afirmó.
“Cuando uno asume una función pública debe saber que cada palabra que vierte es el Estado hablando a través de ese individuo lo que implica una responsabilidad enorme, por un lado, no podes manifestar tus pensamiento personales sino condicen con el ordenamiento legal vigente y con los derechos humanos de las mujeres, más en este momento histórico que estamos viviendo (…) La Dra. Wayar incumplió en los deberes de funcionario público y por lo tanto deberían tomarse acciones serias al respecto”, enfatizó la abogada.
Además, la Dra. Aguirre sostuvo que circularon versiones de que si bien es abogada, no tiene experiencia en litigio y mucho menos está formada con la perspectiva de género, tampoco saben dónde estudio y que su gestión en El Carril es “bastante desafortunada”. También mencionó que se desconoce cómo una persona sin experiencia llegó en tan poco tiempo a ocupar dicho cargo público pero que, infelizmente, esto es moneda corriente en la provincia por cómo se distribuyen de manera discrecional los cargos en todos los poderes del Estado, incluidos los mediadores comunitarios, porque “Salta es el feudo de la dedocracia”, afirmó.
“El grave problema que tienen los mediadores en el interior de la provincia es que se creen los jueces y comisarios del pueblo, por otro lado, es el mismo sistema de mediación el que tiene fallas; por ejemplo, la normativa no exige que éstos sean profesionales, más bien, cualquier persona con título secundario completo habiendo cumplimentado un curso de mediación, puede asumir como tal, lo cual es grave dado el rol que cumplen”, sostuvo Aguirre. Además, mencionó que la gran mayoría no tiene formación en perspectiva de género y que no conocen los fundamentos jurídicos mínimos para actuar a derecho y que hay falta de controles en torno a su desempeño.
“Los dichos de la Dra. Wayar han dañado la credibilidad del estado provincial y nacional. Es lamentable que ella en treinta minutos tirara por el suelo la larga historia de lucha de las mujeres que se ha pagado con sangre. Este tipo de errores no se enmiendan con una nueva capacitación sino con acciones que ataquen de raíz el problema de la falta de perspectiva de género como es bregar por la plena aplicación de la Ley Micaela. La presencia del estado provincial en El Carril fue errónea y causó un perjuicio no sólo porque se desinformó al personal policial presente sino porque a muchos de ellos se identificaron con las palabras de esta funcionaria y esto es gravísimo porque estamos reafirmando el patriarcado y la misoginia dentro de la fuerza policial”, manifestó Aguirre, para quien las palabras de la funcionaria Wayar han puesto en evidencia todas las falencias del sistema y también hicieron visible una fractura social con respecto a pensar la violencia de género y los derechos fundamentales de las mujeres: entre quienes descreen que exista la violencia y son los detractores públicos de la perspectiva de género y quienes se amparan bajo todo el sistema interamericano de derechos humanos y los tratados de orden constitucional como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que el estado Argentino está obligado a garantizar y aplicar.
“No todas las mujeres que denuncian son maltratadas. Hay mujeres que realizan denuncias falsas”, sostuvo Wayar en su exposición: Sus dichos remiten infelizmente a las declaraciones del Dr. Santiago Pedroza, quién tenía intenciones de presentar un proyecto para regular las denuncias por violencia de género ya que, según sus propias estadísticas, las mujeres mienten. Consultada sobre este tema, la Dra. Aguirre responde que “esto sucede porque está gente es negadora de la violencia de género y estoy segura de que las estadísticas, si es que existen como tales, están sustentadas en su propia misógina fiel reflejo del patriarcado salteño y de su pertenencia a la elite de los varones detractores de nuestros derechos fundamentales como mujeres. Además, su falta de profesionalidad es vox populi” y sostuvo, para finalizar, que “su proyecto no puede prosperar nunca porque iría en contra de todo nuestro sistema constitucional, es solo una jugada mediática”.
