El debate por el proyecto de ley llamado “falsas denuncias” vuelve a levantar el odio hacia las personas que luchamos por la igualdad. Los feminismos quedan como moneda de cambio en un debate engañoso que, por otro lado, ya tiene su lugar en el código penal.
La columna de Carolina Fernández
Vivimos en un recorte bestial de la humanidad. La embestida es brutal. La naturalización del odio como forma de gobernar tiene un aliado imprescindible: la tibieza. Ese punto medio en una ruta sin línea blanca que permite a los tibios ir y venir de acuerdo a su conveniencia o cobardía.
En ese gris plomo, gris nicho de cementerio, nadan, cómodos, los cómplices silenciosos que hacen del don de agradar un arte miserable. Hay un bucle imparable e irreversible en el que, tarde o temprano, el mercenario de la liviandad entrega la cabeza del feminismo.
Los transas que menudean conceptos a modo de evangelizar desde la moderación cruzan la línea punteada inexistente. Llevan y traen, hacen revoleos, cuidan detalles, formas, hasta que un día, algún paso en falso, los devuelve al limbo de los inservibles para la lucha por un mundo mejor.
En ese río cansado de arrastrar basura decorada, el feminismo nada contra la corriente, esquivando mugre y dolor, mientras salva, entre manotazo y manotazo, cientos de miles de cuerpos arrasados.
Ellos, los tibios, que jamás salvaron una vida en riesgo, miran desde la orilla en cómodas reposeras. Critican sin entender que hablamos de humanidad.
A este panorama ensombrecido que requiere de reflexión, tolerancia y registro de alarmas, se suman acciones concretas que agitan aún más el ánimo social y vincular: La ley de Falsas Denuncias, escrita por el machismo más rancio enquistado en mujeres, busca perpetuar la resistencia ancestral de guardar los secretos que rompieron con la integridad física y psicológica de las infancias. El desguace de la trinchera para niños, niñas y adolescentes es posible si la primera bomba explota en los hogares monomarentales atravesados por violencias de todo tipo. Sí, atacar al feminismo y a las madres protectoras es, inexorablemente, encubrir el abuso sexual contra las infancias.
Este proyecto, uno de los más nefastos en cuanto al intento de retroceso en derechos de niños, niñas y adolescentes, pretende silenciar el grito de dolor de las incesables violaciones intrafamiliares, como así también obstaculizar desde el miedo, las denuncias por violencia de género que, cada 33 horas, terminan en femicidio.
Como mantra repetimos que una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños son abusados sexualmente. El suicidio en adolescentes es la principal causa de muerte en mujeres y la segunda en varones. El abuso sexual lidera la causa de suicidio adolescente teniendo como síntoma la depresión o trastorno de ansiedad.
Dejar a la deriva en la tormenta más oscura a las infancias es un crimen sin precedentes. Romper el lazo ya deshilachado entre las minorías y el acceso a la justicia es ofrecer el abismo.
“En mi equipo de trabajo no tengo mujeres”, revela orgullosa Carolina Losada, senadora nacional que impulsa una ley que contiene espuma y mierda en dosis iguales. Es difícil ver gozar a una mujer con la idea de destrozar a otras.
Las falsas denuncias acumulan, según ONU Mujeres, sólo el 1% a nivel mundial. En Argentina, según datos del Consejo de la Magistratura, menos del 3% de todas las denuncias penales (no solo las de género) terminan catalogadas como falsas o infundadas.
“Poner en movimiento los resortes para modificar el marco jurídico de un país requiere de una investigación y estadísticas que lo justifique tanto por los gastos que ocasiona como por su utilidad y consecuencias. En el caso de las falsas denuncias, según los datos con los que se cuenta, es que las mismas no ascienden de un dígito, por lo tanto la modificación de la legislación no parecería justificarse. La falsa denuncia tiene una pena. El falso testimonio también lo tiene. Ambas figuras se encuentran ya tipificadas en nuestro código de fondo”, nos explica Alejandra López, Directora de políticas de igualdad de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Tenemos las espaldas sobrecargadas de infancias desgarradas por abusos sexuales. Mujeres descuartizadas en bolsas que se pudren junto con las denuncias previas desoídas.
Hacemos magia para llevar un plato de comida a esas casas que sostenemos solas (el 60% de las familias monomarentales no reciben cuota alimentaria o la misma es insuficiente). Tenemos al menos dos jornadas laborales más las tareas de cuidado. El 80% de las mujeres admite haber sufrido violencia psicológica o física. Sin embargo, este proyecto pretende elevar las penas cuando la denuncia es por violencia de género o abuso sexual.
“Las mujeres que deben efectuar una denuncia y sobre todo aquellas que guardan relación con delitos contra la integridad sexual y que tienen como víctima inclusive a sus hijos/as, atraviesan todo tipo de temores y barreras (ruta crítica) que para ninguna de ellas resulta grato. Entiendo que tal proyecto funciona más como un impedimento más para que estas realicen la denuncia como víctima o como representantes de su descendencia”, concluye.
Los feminismos son hostigados y violentados como cada cuerpo de las mujeres. Hay un paralelismo atroz en el ensañamiento creciente y la demonización de colectivos creados para hacer de este mundo un lugar equitativo y habitable. Con esa herida sangrante abierta, toda voz que expanda un mensaje odiante hacia nosotras, suma el riesgo real y tangible de más violencia. Ahí, en el uso de la palabra y la propia voz, radica el peligro letal que vemos en las cifras y habilita a un gobierno misógino que hace de la tortura y la crueldad una herramienta cotidiana, a profundizar las políticas públicas que arrasan con cualquier vestigio de los derechos humanos adquiridos.