El escándalo protagonizado por dos diplomáticos rusos que se negaron a someterse a un control de alcoholemia en el barrio porteño de Recoleta ha desatado una crisis diplomática con Rusia, poniendo en duda las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
El incidente comenzó cuando un conductor de un automóvil diplomático ruso se negó a someterse al test de alcoholemia, una medida implementada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte de los operativos de seguridad vial durante las festividades de Navidad. A pesar de los esfuerzos de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal, el conductor permaneció atrincherado en su vehículo, lo que llevó a las autoridades a pedir apoyo de la Cancillería y la Embajada rusa.
Luego de varias horas de negociaciones, el conductor fue escoltado a la Embajada de Rusia, ubicada en la calle Rodríguez Peña al 1741, donde se esperaba que se le realizara el control de alcoholemia correspondiente y se levantara el acta contravencional. Durante el procedimiento, se presentó un segundo vehículo, también diplomático, que vivió una situación similar.
La situación generó tensiones, y un funcionario ruso denunció que el hecho representaba una «grave violación del derecho internacional», al considerar que se había transgredido el artículo 22 de la Convención de Viena, que establece que los vehículos diplomáticos no pueden ser objeto de registro o embargo. Sin embargo, el artículo 41 de la misma convención establece que los diplomáticos deben respetar las leyes y reglamentos del país receptor.
Este episodio deja abierta una controversia sobre la interpretación de las disposiciones internacionales en cuanto a los privilegios e inmunidades de los diplomáticos, mientras las autoridades argentinas sostienen que los diplomáticos rusos tienen la obligación de someterse a los controles de alcoholemia establecidos por las normativas locales.