Luego de que el juez y el fiscal que actuaron en el caso de la niña wichi violada zafaran del juicio político, el diputado Guillermo Martinelli exhortó a Abel Cornejo a recurrir a la Corte Suprema para lograr el juzgamiento de Astigueta y Cazón.
Ocurrió en la sesión de diputados de la noche de ayer. Allí el diputado Guillermo Martinellli hizo un largo uso de la palabra para exhortar al juez de la Corte, Abel Cornejo, que promueva ante la ante la Corte de Justicia de Salta un recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra la Resolución del Jury de Enjuiciamiento, que la semana pasada resolvió no admitir el juicio contra el Juez Mariscal Astigueta y el Fiscal Armando Cazón, ambos con actuación objetada en el caso de la niña wichi violada.
Martinelli formuló su pedido en el tramo de la sesión en que los diputados escucharon un informe del miembro del Jury por la cámara baja, Raúl Medina, sobre la forma en que ese organismo, resolvió el pedido de juicio político, que había elevado el abogado Abel Cornejo, ministro de la Corte de Justicia de Salta.
El legislador repasó detalladamente artículos de la ley de Jury, los comparó con la decisión tomada por la mayoría – es decir los tres representantes del Senado y dos de la Corte de Justíciale- y dijo que “el resultado del Jury fue catastrófico para la provincia de Salta”.
“Ojalá que el denunciante, doctor Abel Cornejo, establezca, promueva, incoe, un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Especial que debería constituirse, para recurrir si no fuera necesario ante la Corte Suprema de justicia de la Nación, porque no se cumplió el debido proceso, se alteró el proceso”, remarcó el diputado cuyas palabras son replicadas hoy en distintas portales web .
Martinelli, enfático aseveró que “es casi una petición que le estoy haciendo, al acusador en virtud de la salud judicial de Salta, en este caso el doctor Abel Cornejo que promueva el recurso en Salta y vaya si es necesario ante la CSJN. Sata no puede quedar de esta forma, expuesta a que los jueces no sean juzgados”.
Según Martinelli, el Procurador General cree que es el único habilitado para acusar a jueces y fiscales, cuando la Constitución establece que puede hacerlo cualquiera del pueblo y le atribuyó ambición de poder al ponerse como un rey por encima de cualquiera del pueblo”.