La carta de Cristina Fernández contra el presidente Milei

Cristina Kirchner reapareció este miércoles a través de un posteo en sus redes sociales, en el cual lanzó duras críticas contra Javier Milei, a quien llamó «showman-economista».

A lo largo de 33 páginas, la exvicepresidenta apuntó contra el Gobierno en un documento llamado «Argentina en su tercera crisis de deuda». Comparó al actual mandatario con Donald Trump, y se refirió también en duros términos al ministro de Economía, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, el ideólogo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó Milei para desregular la economía y autor de parte de la Ley Ómnibus.

“Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”.

Juan Bautista Alberdi

El presente documento de trabajo tiene por objeto analizar en clave histórica, económica y política, el cuadro de situación que enfrenta la Argentina tras la asunción de un nuevo gobierno para el período 2023-2027, con el ánimo de encontrar otra forma de abordar las cuestiones de Estado, desde los hechos objetivos y los datos concretos que ayuden a comprender la verdadera naturaleza de nuestros problemas como país y nos alejen de las adjetivaciones personales o de las meras opiniones sin anclaje en la realidad.

A diferencia de lo que se afirma habitualmente, en cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo; nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bi-monetaria.

Esto no significa ignorar la cuestión fiscal, pero creemos que no sólo se trata de una cuestión de egresos sino también de ingresos, ante un sistema tributario que presenta múltiples problemas que van desde un 40% de la economía en negro, hasta la subfacturación de las exportaciones y la sobrefacturación de las importaciones, pasando por la existencia de una multiplicidad de impuestos, alguno de los cuales ni siquiera recaudan lo que demanda su administración. Y lo que es más importante, la clara ausencia de percepción de riesgo en un sistema tributario no sólo preparado para la elusión y la evasión, sino para gravar producción y trabajo por sobre lo financiero.

A 40 años de haber recuperado la democracia, Argentina se encuentra atravesando su tercera crisis de deuda. La primera, con origen en la última dictadura cívico-militar y desatada en 1989 con la UCR al frente del gobierno; la segunda, incubada en la convertibilidad y que implosionó en el año 2001 con el gobierno de la Alianza y esta tercera, germinada en el proceso de feroz endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri que implicó el retorno del FMI y cuyo desenlace estamos transitando. Esta vez con una profundización del carácter bi-monetario de nuestra economía, que agrava la ya conocida y estructural restricción externa.

En diciembre de 1983 comienza, en nuestro país, el período de democracia ininterrumpida más largo de la historia. El dirigente radical Raúl Alfonsín obtenía el 52% de los votos y el peronismo era derrotado por primera vez en elecciones libres y sin proscripciones.

Cabe recordar que en aquel momento, para la elección de Presidente, estaba vigente el sistema electoral indirecto previsto por la Constitución Nacional de 1853. La contundencia del resultado electoral tornó innecesario convocar al Colegio Electoral.

El gobierno que asumía no sólo heredaba un brutal endeudamiento externo contraído por la dictadura cívico-militar, sino que también se encontraba con un cambio en el patrón de acumulación que el país había sostenido durante décadas: desmantelado el modelo industrialista basado en la sustitución de importaciones, generador de trabajo bien remunerado y su consecuente movilidad social ascendente, la dictadura imponía el modelo de carácter estrictamente financiero.

En efecto, el golpe cívico-militar de 1976 que utilizó el terror implementando el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas como método político, en lo económico significó la aparición del modelo de valorización financiera y endeudamiento externo compulsivo, que alcanzó su punto cúlmine a fines de 1982 cuando se estatizó la deuda en dólares que habían contraído los principales grupos económicos del país. Comenzaba así, en 1976, la primera experiencia neoliberal de la economía en Argentina.

De este modo, la dictadura, que había recibido del último gobierno peronista un exiguo endeudamiento externo de 4.941 millones de dólares, entregó el gobierno con un endeudamiento externo superior a los 31.709 millones de dólares. En sólo seis años, la dictadura cívico-militar había multiplicado la deuda externa por más de seis veces, a razón de duplicarla cada 365 días.

Durante ese mismo período, Argentina conoció los índices de inflación más altos de los que se tenía memoria hasta ese momento. Entre 1976 y 1983 el índice de inflación acumulado fue de más de 1.700%, alcanzando el 433,7% anual en 1983, y terminando con el mito de que los altos índices de inflación son producto del “distribucionismo peronista”. Cabe recordar que durante la extensa vigencia del modelo industrialista por sustitución de importaciones, la inflación nunca había superado los dos dígitos anuales.

Junto a la valorización financiera y la inflación apareció el dólar como objeto de deseo y comenzó a consolidarse el bi-monetarismo en nuestro país. La cultura, a través de memorables obras cinematográficas, expresó mucho mejor que analistas políticos y económicos, este nuevo valor social.

Viene al caso recordar, sobre todo para quienes militan la anti-política o sostienen que los problemas económicos de la Argentina los provocan los derechos laborales, que durante la dictadura cívico-militar estaba prohibida tanto la actividad política como la sindical.

O sea: sin partidos políticos ni sindicatos, la Argentina se endeudó y la inflación escaló a niveles nunca antes conocidos.

El nuevo gobierno democrático que asumía el 10 de diciembre de 1983 aceptaba sin beneficio de inventario la deuda externa heredada y durante el año 1984 la inflación se disparaba al 688%.

El 26 de abril de 1985 el presidente Alfonsín anunciaba, en un acto multitudinario en Plaza de Mayo, que la Argentina debía entrar en una “economía de guerra” y el 14 de junio del mismo año, lanzó el plan de estabilización conocido con el nombre de “Austral”. La inflación descendió abruptamente y al mes siguiente fue del 6,2%. Durante el año siguiente llegó al 81,9%.

Sin embargo, ese plan de estabilización surtiría efecto sólo durante un tiempo para finalmente fracasar. La inflación se convertiría en hiper, llegando al 4.923,7% en 1989, pulverizando la representación política de una fuerza que, con los contundentes triunfos electorales de 1983 y 1985, se presentaba como el “tercer movimiento histórico”.

No es el propósito de este documento analizar las causas del fracaso del Plan Austral ni de su sustituto, el Plan Primavera, que fue más efímero aún; pero es un lugar común en el “mainstream” asignar como razón de ese fracaso no haber realizado las reformas estructurales que demandaba el mercado (léase: privatizaciones). Lo cierto es que, en realidad, el proceso de hiperinflación y la caída de los planes de estabilización se produjo cuando el FMI se negó a desembolsar un tramo del préstamo con el que se debían pagar los vencimientos de bonos de deuda.

Este proceso de crisis, que detonó la representación política del alfonsinismo como partido en ejercicio del gobierno, se tradujo en una crisis institucional acotada porque coincidió con el cronograma electoral de las elecciones presidenciales de 1989 que ganó el candidato peronista Carlos Saúl Menem. Hablamos de crisis institucional acotada porque la “solución” del estallido hiperinflacionario y sus derivaciones consistió en adelantar seis meses el traspaso de mando presidencial.

El nuevo presidente asumió el 9 de julio de 1989, en lugar de hacerlo el 10 de diciembre de ese mismo año, como correspondía. El espacio político que había concitado las esperanzas mayoritarias de la sociedad argentina luego de la dictadura cívico-militar y había obtenido el 52% de los votos, terminó entregando el poder por adelantado.

El 9 de julio de 1989, seis meses antes de lo previsto, Carlos Saúl Menem asumía como Presidente de la Nación y heredaba el endeudamiento y la inflación que el radicalismo había recibido de la dictadura y que no pudo o no supo revertir. Tan sólo un año después, en 1990, durante la gestión de Erman González, tercer ministro de economía designado por Menem, se disparaba la segunda hiperinflación alcanzando un porcentaje interanual del 1.343,9%.

Sin embargo, el mundo había mutado y el nuevo Presidente se acomodaba al nuevo escenario internacional. En 1989 caía el Muro de Berlín y se abría el proceso de globalización impulsado por su columna teórica, el Consenso de Washington. Un nuevo Secretario del Tesoro de los EEUU, Nicholas Brady, presentaba un nuevo plan de financiación de deuda para países subdesarrollados que se conoció con su propio nombre: Plan Brady. El mismo fue pergeñado para “asistir” a países como Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y México en sus problemas de deuda soberana. Además del consabido menú de bonos de deuda para financiar y tomar más crédito, el plan “sugería” a los países que quisieran acceder, aplicar los lineamientos del Consenso de Washington que incluía las privatizaciones. En este marco se inicia en Argentina el plan de privatizaciones de todos los activos del Estado: YPF, Aerolíneas Argentinas, SEGBA, Obras Sanitarias, SOMISA, Correo Argentino, ENTEL, etc. Comienza así la segunda experiencia neoliberal de la economía en la Argentina.

Asimismo, en el año 1991, después de sufrir la segunda hiper, el gobierno designaba a su cuarto ministro de economía, Domingo Cavallo, quien presentaba su plan de estabilización conocido con el nombre de Convertibilidad, que consistía en darle a la unidad del peso argentino paridad con la unidad dólar. O sea: un peso valía un dólar. Previamente se había aplicado un plan de canje forzoso de plazos fijos por bonos de deuda conocido como Bonex que constituyó la primera apropiación por decisión del Estado de los ahorros que los argentinos tenían en los bancos. Se iniciaba así, el fenómeno de la apropiación de los ahorros de los argentinos que se produciría ante cada crisis de deuda. Era la primera vez, pero no la última.

Simultáneamente, comenzaba el proceso de liquidación de todas las empresas del Estado que culminó en 1998, un año antes de la entrega del poder, cuando el Gobierno Nacional decidió la desnacionalización de YPF con la venta de su acción de oro. Las cuentas no cerraban y necesitaban dólares para sostener la convertibilidad.

Igualmente es necesario aclarar que en el modelo inicial de la privatización de YPF las provincias productoras de hidrocarburos participaban como propietarias de parte del capital accionario de la empresa y el Estado Nacional, además de su porción accionaria, se había reservado el instrumento conocido como “acción de oro”, que le permitía no sólo vetar decisiones de la empresa, sino participar del diseño de las políticas energéticas como recurso estratégico de la Nación. Se trataba de un modelo de asociación pública y privada, en este caso, federal.

El proceso de liquidación de los activos del patrimonio nacional -la mayoría de ellos pagados con bonos de la propia deuda- más el ingreso de dólares para endeudamiento y para hacer sustentable la convertibilidad, lejos de solucionar el problema, lo agravaron y postergaron su explosión hasta el año 2001. Resulta útil recordar, a los fines de seguir derribando mitos, que durante toda la convertibilidad nunca hubo superávit fiscal.

La apertura indiscriminada de las importaciones, la destrucción del aparato productivo, el remate de campos destinados a la producción agrícola -pese a que durante la convertibilidad se habían eliminado las retenciones en virtud de la paridad dólar- y el consecuente aumento de la desocupación, comenzaron a generar una resistencia social creciente en el marco de lo que ya era una recesión económica. Como dato empírico, la figura tan denostada del corte de ruta conocido como “piquete”, tiene su origen en la Patagonia argentina, para ser más precisos, en la Provincia de Neuquén que se veía afectada por la caída de puestos de trabajos en el sector petrolero.

En 1999, la primera coalición de partidos que se presentó con el nombre de Alianza, ganaba las elecciones presidenciales. El radical Fernando De La Rúa era electo presidente con más del 48% de los votos prometiendo la continuidad de la convertibilidad.

El ministro de economía del nuevo gobierno, José Luis Machinea, que había sido parte del equipo que elaboró los planes Austral y Primavera del gobierno de Alfonsín, lanzó un impuestazo a la clase medida en lo que se conoció popularmente como la “tablita de Machinea” -que era nada más ni nada menos que el aumento al gravamen sobre la cuarta categoría de Ganancias- y generalizó el IVA. Machinea consideraba que el principal problema de la economía argentina era el déficit fiscal. Como estas medidas no alcanzaron, terminaron recortando los haberes jubilatorios y los salarios del sector público.

Previamente habían realizado una reforma laboral, como la que intentó Raúl Alfonsín con la Ley Mucci. Esta vez lograron sancionar la ley pero con un escándalo sin precedentes en lo que se conoció como la “Ley Banelco” -denuncias de sobornos a los Senadores para aprobar la norma-, que terminaría provocando la renuncia del entonces Vicepresidente, cabeza del otro partido integrante de la coalición de gobierno.

Ante la ineficacia de estas políticas y el malestar social creciente, el presidente De La Rúa termina convocando como ministro de economía a Domingo Cavallo, autor y ejecutor del plan de convertibilidad. La historia que siguió es conocida por todos. El FMI, una vez más, negó un desembolso de su préstamo para pagar vencimientos de deuda externa y Cavallo dispuso la incautación de la totalidad de los depósitos bancarios, en una medida conocida popularmente con el nombre de “corralito”.

Así, diez años más tarde, la segunda experiencia neoliberal desembocaba en la segunda crisis de deuda y se producía la segunda apropiación de los ahorros de los argentinos.

Al igual que en 1989, en el año 2001 el FMI le suelta la mano a la Argentina y el país, el gobierno y la convertibilidad vuelan por los aires cuando aún faltaban dos años para completar el mandato presidencial. Resulta esclarecedor señalar que en ese momento no sólo se habían privatizado -una década antes- todas las empresas y activos del estado, sino que hasta el sistema de jubilaciones había sido entregado a las “fuerzas del mercado” a través de la creación de las AFJP, cuyo control estuvo en manos de bancos y financieras.

Así, el presidente que había ganado en primera vuelta con más del 48% de los votos, terminó presentando su renuncia después de declarar el Estado de Sitio que provocó represión y 38 muertos en la Plaza de Mayo y en distintos lugares del país.

Se sucedieron cinco Presidentes en una semana, y uno de ellos declaró formalmente el default de la deuda, que constituyó el default de deuda soberana más importante del que se tenga memoria.

La crisis institucional y de representación política era inédita. En ese marco, se produce la muerte de dos dirigentes sociales durante una protesta en la estación de trenes de Avellaneda. En un primer momento el hecho había sido presentado como una refriega entre la policía y los manifestantes. Sin embargo, al día siguiente se publicaron en los principales medios del país las fotos del momento en que la policía persigue a los dirigentes sociales, los fusila e incluso le levanta las piernas a uno de ellos para acelerar el desangrado. Este hecho de tremenda gravedad y repercusión nacional e internacional, obliga a Eduardo Duhalde, último presidente electo por la Asamblea Legislativa, a convocar a elecciones presidenciales anticipadas para el 27 de abril de 2003.

A esas elecciones un peronismo fragmentado concurría con tres fórmulas, y el presidente de la convertibilidad, Carlos Saúl Menem, resultaba electo en primer lugar con el 24% de los votos y Néstor Kirchner, gobernador de la Provincia de Santa Cruz, en segundo lugar con el 22% de los votos. Ante el escenario de balotaje -mecanismo instaurado por la reforma constitucional de 1994- Menem renunció a competir y Néstor Kirchner fue proclamado Presidente de la Nación. Asumió ese cargo el 25 de mayo de 2003 en una Argentina donde el índice de desocupación alcanzaba el 25%.

Dos años después y bajo el concepto de que los muertos no pagan las deudas, Néstor Kirchner no solo condujo la reestructuración de la deuda argentina defaulteada, logrando la quita de capital e intereses más importante de la historia, sino que, además, canceló la totalidad de la deuda con el FMI, recuperando para el país una autonomía en materia de diseño y ejecución de políticas públicas de la que carecíamos desde 1957, año en que ese organismo desembarcó en la Argentina.

La comprensión de que el excesivo endeudamiento en dólares es un condicionante insalvable para el desarrollo de la economía argentina y la administración responsable de ese problema, permitió que la fuerza política que, con apenas el 22% de los votos, hizo presidente a Néstor Kirchner fuera reelecta para tres mandatos consecutivos completos constituyendo un hito, no ya en los 40 años de democracia, sino desde que la Ley Sáenz Peña instaló en 1912 el voto universal, secreto y obligatorio. La casualidad no es una categoría política.

Resulta clarificador, a los efectos de constatar el estado del endeudamiento del país, de sus empresas y de las familias argentinas, recurrir a la palabra de Nicolás Dujovne, quien fuera ministro de economía de Mauricio Macri, refiriéndose al gobierno que terminó su mandato a fines del 2015:

“Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición. Que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata.

Entonces la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel de gobierno como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, del 20% del PIB, si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16 puntos, y de esos 16 puntos, ocho denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja.

Las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida, regional o internacional. Y las familias dedican nada más que el 5% de su ingreso disponible… tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, excepto algún país del África subsahariana”.

En el año 2015 resulta electo como presidente Mauricio Macri en lo que podemos identificar como la segunda coalición de partidos que llega al gobierno, esta vez con la UCR en un papel totalmente secundario. Comienza entonces el endeudamiento externo más cuantioso y vertiginoso del que se tenga memoria en toda la historia argentina. Vale la pena recordar que durante los años 2016 y 2017, Argentina fue el país que más deuda soberana contrajo en el mundo. Comenzaba así la tercera experiencia neoliberal en nuestro país con endeudamiento externo.

El safari endeudador del entonces secretario de finanzas, Luis Caputo, culminó en el 2018 cuando, ante la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos de la deuda contraída, el gobierno recurrió al prestador de última instancia y volvió a traer al FMI como auditor de la economía argentina.

No fue una operación de crédito como cualquiera de las que se conocieron en el país desde 1957. Al igual que todo el endeudamiento en dólares con fondos de inversión privados, este acuerdo también fue inédito. El organismo multilateral otorgó al gobierno de Macri un préstamo por 57.000 millones de dólares -el más grande de toda la historia del FMI, equivalente al 60% de su capacidad prestable desembolsando 45.000 millones de dólares que fueron utilizados, en su mayoría, para la fuga de capitales especulativos que habían entrado en Argentina hasta ese mismo año. Más que un préstamo se trató de una monumental estafa. Ni uno solo de esos 45.000 millones de dólares quedaron en la Argentina, sin embargo no se conoce que el Poder Judicial haya procesado a ningún funcionario involucrado en esa operación. Se reafirma así el dominio del macrismo sobre este poder del Estado.

Es que, desde el comienzo de su gobierno, Macri tuvo como objetivo la captura del Poder Judicial. En este sentido, resulta absolutamente esclarecedor su intento de designar por decreto a la mitad de los miembros de la Corte, maniobra que finalmente logró convalidar.

La captura del Poder Judicial persiguió y logró cumplir sus tres objetivos fundamentales: garantizar primero su plan de negocios sin interferencias (parques eólicos, peajes -juicio CIADI-, Correo Argentino, entre los principales), segundo, su impunidad y tercero la persecución política de los opositores. Aplicó como método político el de la mafia: espionaje, amenazas y persecución a través de la judicialización de la política, tanto de opositores como empresarios y hasta de sus propios partidarios y sus familias, algo totalmente inédito en el período democrático. El objetivo era la estigmatización y desaparición del adversario, no física como en la dictadura, sino política. La ruptura del Estado de Derecho, arrasando con las garantías constitucionales del debido proceso, no ser juzgado dos veces por el mismo delito, violación de la cosa juzgada, encarcelamiento de empresarios y venta de sus empresas a precio vil, entre otras tantas violaciones al orden jurídico. Este proceso de judicialización no fue inocuo, terminó condicionando seriamente el sistema de representación política democrática en Argentina, con consecuencias que se proyectaron en el tiempo hasta la actualidad.

Con la llegada del FMI y la aplicación de sus recetas, se desataba nuevamente en la Argentina un proceso inflacionario con pérdida en el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, que finalmente hizo fracasar el intento reeleccionista de Mauricio Macri, convirtiéndose en el primer presidente que lo intenta y no lo logra.

No pudo seguir en el gobierno, pero el condicionamiento estructural que significaron sus decisiones en materia de endeudamiento, tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina, aún persiste. Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el juego de la oca, retrocedía casilleros a mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina.

En el año 2019, en primera vuelta y con el 48% de los votos resultó electo como presidente Alberto Fernández, encabezando el gobierno de la tercera coalición de partidos donde la primera fuerza era el peronismo.

Al tercer mes de gobierno una pandemia sin antecedentes en el mundo provocó efectos catastróficos en materia sanitaria, económica, política y social. Efectos que aún perduran en distintas franjas de la población. Frente a las imágenes internacionales, incluso de los países más desarrollados, que mostraban gente que moría sin atención médica o por falta de respiradores, cementerios creados para los fallecidos de COVID o, como vimos en Nueva York, camiones frigoríficos utilizados para transportar los cadáveres; las políticas de atención y protección desplegadas por el gobierno frente a esta verdadera catástrofe sanitaria y social y los recursos que ello implicó, evitaron que esas imágenes se reprodujeran en nuestro país.

Paralelamente, durante la Pandemia el gobierno reestructuró la deuda externa con bonistas privados contraída durante el gobierno de Mauricio Macri pero sin quita de intereses y escasa reducción de capital

Por otro lado y pese a obtener superávits comerciales muy importantes en los primeros años de gestión, el gobierno no logró la fortaleza necesaria en materia de reservas por una mala administración de los dólares obtenidos, en una Argentina en donde la tensión económica está indisolublemente ligada a la escasez o abundancia de dólares. Consecuencias de la economía bi-monetaria que, como explicamos al inicio de este documento, ha agravado hasta límites insoportables la restricción externa. Esta mala administración de las reservas se agravaría al final del gobierno ante el fenómeno de una fuerte sequía que hizo mermar el ingreso de miles de millones de dólares ante la caída de la cosecha.

En este marco comienza a aparecer un nuevo fenómeno en nuestro país: el de los trabajadores registrados pobres. Si bien los índices de desocupación bajaron notablemente hasta alcanzar el 5,7% en el 3er trimestre del 2023, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores registrados se redujo hasta llegar a una situación en la que muchos de ellos no llegaban a cubrir la canasta básica total (CBT). De esta manera, la movilidad social ascendente que caracterizó al peronismo en particular y a los modelos industrialistas en general, desaparecía.

Finalmente, a principios del año 2022, el gobierno firmó un nuevo acuerdo con el FMI que no sólo validó el escandaloso préstamo que obtuviera la administración de Mauricio Macri, sino que condenó al gobierno a una suerte de agonía al obligarse a implementar las políticas dictadas por el organismo multilateral que ordenaba, entre otras cosas, una devaluación del tipo de cambio por sobre la tasa de inflación, realimentando la misma en un círculo vicioso y letal.

Pruebas al canto, en el año 2023 y en pleno proceso electoral presidencial, el entonces Ministro de Economía y candidato de la coalición de gobierno fue obligado a devaluar por el staff del FMI al día siguiente de las elecciones primarias. Como consecuencia de ello, la inflación mensual se disparó a dos dígitos -registro que no se observaba desde la segunda hiper de 1990- y la interanual llegó al 211%, confirmando una vez más que la inflación, en Argentina, está indisolublemente atada al dólar y no al déficit fiscal.

En este punto, resulta imprescindible efectuar una reflexión. En términos políticos, la coalición de gobierno del Frente de Todos, tuvo un funcionamiento caracterizado por el apego irrestricto a la institucionalidad. Durante los primeros años, las medidas de mayor importancia para el rumbo del Gobierno se discutían entre los distintos sectores, cada uno fijaba postura y finalmente el Presidente era quien tenía la última palabra y tomaba la decisión definitiva. El entonces Presidente lo ha expresado en múltiples oportunidades:

“No somos necesariamente iguales, pero nuestras diferencias no nos dividen. ¿Hablo con Cristina? Sí. ¿Me importan sus ideas? Sí, por supuesto . . . pero el que toma decisiones acá soy yo”.

“Las decisiones las tomo yo, valoro a Cristina y Máximo, pero no existe la presidencia colegiada”.

Algo absolutamente lógico por otra parte, en un sistema marcadamente presidencialista. La falta de acuerdo nunca implicó una disolución de la coalición. Sin embargo, es cierto también que la firma del acuerdo con el FMI fue un parte aguas. Con la convicción de que las condiciones del acuerdo iban a desangrar al Gobierno y condenar al país, nuestro sector manifestó su rechazo con profundo respeto a la institucionalidad: el entonces jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, decidió renunciar al cargo de presidente del mismo, para no obstaculizar la construcción de la mayoría necesaria para la aprobación del acuerdo, mantuvo su pertenencia al bloque y a la coalición de gobierno. Resulta necesario aclarar que no solo quien fuera presidente del bloque de diputados votó en contra del acuerdo con el FMI, sino también legisladores y legisladoras del Frente de Todos en ambas cámaras.

Una breve digresión, resulta oportuno recordar, que el día que el acuerdo con el FMI se trató en la Cámara de Diputados, el despacho de la presidencia del Senado en el cual me encontraba junto a legisladores fue ferozmente atacado durante más de media hora con piedras y destruidos sus cristales, sin que interviniera ninguna fuerza policial para interrumpir la violencia.

A pesar de los profundos desacuerdos, nadie se fue del Frente ni hizo peligrar las mayorías parlamentarias para sancionar las leyes que el Presidente necesitaba. El respeto a las instituciones constitucionales primó por sobre las diferencias en los criterios de gestión política y económica.

El 22 de octubre de 2023 se celebró la elección general para elegir Presidente, Diputados y Senadores obteniendo la mayor cantidad de votos (36,6%) Unión por la Patria, que llevó como candidato a Sergio Massa. En esa oportunidad Javier Milei repitió simétricamente el tercio que obtuvo en las PASO y el macrismo que fue uno de los tres tercios de esa elección, se desplomó al 23,8% de los votos. Cabe recordar que en el turno electoral inmediatamente anterior -parlamentarias del año 2021-, el macrismo había obtenido el 41% de los votos.

El 19 de noviembre de 2023 se celebró el balotaje y ganó el candidato libertario Javier Milei, obteniendo el 56% de los votos de la mano de un nuevo partido político denominado La Libertad Avanza. Esa fuerza se había presentado por primera vez a elecciones para las parlamentarias del año 2021 y sólo había obtenido dos bancas en la Cámara de Diputados por el distrito de CABA: una de ellas ocupada por el propio Javier Milei -ahora devenido en presidente- y la otra por la actual Vicepresidenta.

En síntesis: una fuerza política que dos años antes solo obtenía dos bancas de las 257 que componen la Cámara de Diputados, consagraba a ese binomio como el nuevo Poder Ejecutivo Nacional. Si bien Mauricio Macri y quien había sido la candidata a presidenta de su fuerza política llamaron a votar en el balotaje por el candidato libertario, el desplazamiento de los votos de esa fuerza hacia La Libertad Avanza igualmente se hubiera producido por el carácter marcadamente antiperonista de sus votantes.

Sin embargo, no fue solo el voto antiperonista el que hizo presidente a Javier Milei. Resulta insoslayable señalar el rol que los medios de comunicación y su reproducción en las redes sociales tuvieron en su surgimiento y triunfo electoral. El actual Presidente se hizo conocido como panelista de televisión y algunas otras excentricidades. Los mismos medios también cumplieron un importante rol como complemento imprescindible del proceso de judicialización instrumentado por Mauricio Macri, que afectó gravemente el sistema de representación política democrática a través de la persecución y la proscripción, y que desembocó en el intento de asesinato de quien suscribe este documento. Por otra parte, sería intelectualmente deshonesto no mencionar el incumplimiento del contrato electoral por parte del gobierno del Frente de Todos que, como dijimos, no pudo o no supo desatar el nudo gordiano del endeudamiento para interrumpir el desarrollo de esta tercera crisis de deuda.

Mención aparte merece los efectos que la pandemia tuvo sobre la población, y en especial sobre los más jóvenes por el prolongado encierro y la incertidumbre. El confinamiento, que fue una medida de protección, fue presentado como la contracara de la libertad.

El nuevo Presidente se declara libertario, anarco capitalista, enemigo del Estado, seguidor de la escuela económica austríaca -corriente de pensamiento que no aplica en ninguna parte del mundo-, su propuesta central durante la campaña electoral fue ajuste y dolarización y sostiene que la principal causa de la inflación es la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Califica al gobierno de la convertibilidad, a Carlos Menem y a Domingo Cavallo como el mejor gobierno, el mejor Presidente y el mejor Ministro de Economía de la historia y pretende reeditar privatizaciones, aperturas indiscriminadas y desregulaciones sin reparar que el mundo que recibió a Carlos Menem como presidente nada tiene que ver con el actual. El sueño de la globalización que EEUU pensaba iba a ser la pax romana, porque consolidaría definitivamente un mundo unipolar, resultó ser el instrumento por el cual crecieron las economías del sudeste asiático y consolidaron el surgimiento del gigante chino como la economía de crecimiento más importante de la que se tenga memoria, que la coloca en el podio junto a los EEUU. Algo impensable tan sólo 30 años atrás. Hoy estamos en un mundo multipolar con fuerte disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo y el resurgimiento de los nacionalismos y del proteccionismo económico. Sin ir más lejos, Francia ha impugnado el acuerdo Unión Europea-Mercosur, a partir del conflicto interno que mantiene con el sector agrícola. Es más, el ex presidente y actual candidato republicano en los EEUU, Donald Trump, con quien gusta identificarse el presidente Milei, está en sus antípodas de pensamiento económico. Es nacionalista, absolutamente proteccionista y es su antítesis hasta en lo personal: no sólo se casó 3 veces, sino que tiene 5 hijos, pero “de dos patas”, parafraseando al presidente Milei. Tal vez, solo en la afición de ambos por la red social X, como sistema de comunicación- y en alguna que otra excentricidad podamos encontrar cierto grado de afinidad.

Pero lo más relevante del nuevo Presidente es que a pesar de haber sostenido como caballito de batalla que con los “mismos de siempre” no se podían obtener resultados distintos, produjo, ni bien fue electo, un insólito reciclaje de personajes y ex funcionarios. El más preocupante es el de Luis Caputo, artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del FMI a la Argentina, a quien nombra, nada más ni nada menos, que como Ministro de Economía. A él se le suma la reaparición como figura estelar de Federico Sturzenegger, ex presidente del BCRA durante el gobierno de Macri y protagonista del “Megacanje” de la deuda externa junto a Domingo Cavallo en el gobierno de De La Rúa.

Este último personaje, sin haber sido designado como funcionario, resulta ser el compilador del DNU 70/2023 y del proyecto de Ley Ómnibus. Ambos instrumentos constituyen un paquete de modificaciones del sistema legal argentino a medida de los principales grupos empresarios y lo que es más grave aún, una reforma encubierta de la Constitución Nacional. El párrafo tercero de los fundamentos del proyecto de ley hace expresa mención de ello al atribuir la situación que atraviesa la Argentina a “haber abandonado el modelo de la Democracia Liberal y la Economía de Mercado plasmado en nuestra Constitución de 1853″. Al Presidente le asiste el derecho de pretender reformar la Constitución, pero no puede hacerlo a través de un DNU o una ley, sino a través del mecanismo de reforma que prevé la propia Constitución Nacional. No deja de resultar llamativo que el Presidente quiera anular la reforma que impulsó en 1994 su tan admirado presidente Menem.

Sin embargo, no sería preciso calificar a este gobierno como la cuarta experiencia neoliberal. Las características del discurso y de la praxis política del nuevo Presidente, como la de sus equipos en las distintas áreas, colocan al gobierno en un plano que va más allá de lo disruptivo y lo llevan a un lugar que la Argentina nunca conoció. Esto se desarrolla, además, en un marco económico y social de extrema gravedad.

En este sentido, ni bien arribó al gobierno decidió realizar una devaluación del tipo de cambio de 118%, constituyendo la devaluación inducida más importante de la historia, sólo superada por la que el mercado le hizo al gobierno de Alfonsín durante la híper de 1989. Esta medida duplicó, en sólo un mes, el índice mensual de inflación que había llegado a 12,7% en noviembre, y se disparó a 25,5% en diciembre. Pudimos comprobar, una vez más, la íntima relación entre dólar e inflación. Los precios de combustibles, alimentos, remedios, prepagas, alquileres, colegios, transporte, etc., aumentaron sin ningún tipo de límite ni control, profundizándose aún más la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones al punto de poner en riesgo la tolerancia social y agravar la violencia producto de la seguridad ciudadana en los centros urbanos más poblados. La caída y la pérdida abrupta de los ingresos nunca es gratuita.

Hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado. Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico.

El análisis precedente no es un ejercicio historicista, sino que tiene por objeto demostrar con evidencia empírica dos cuestiones. En primer lugar, los efectos absolutamente desestabilizadores y devastadores que ha tenido sobre los gobiernos, las instituciones democráticas y la representación política de los partidos, la distorsión económica provocada por el endeudamiento desenfrenado al afectar el patrón de acumulación económica del país, agravar la restricción externa y profundizar su carácter bi-monetario.

En segundo lugar, el fracaso de los programas neoliberales de ajuste y endeudamiento externo, con o sin privatizaciones y sus secuelas con el aumento de pobreza y violencia para el conjunto de la sociedad argentina, pero que sin embargo siempre ha significado un excelente plan de negocios para algunos pocos. Cada ciclo neoliberal terminó cristalizando una formidable transferencia de ingresos de todos los argentinos a los grupos más concentrados de la economía.

La cuestión es el modelo.

En efecto, desde la caída del modelo agroexportador que tanto seduce al actual Presidente y que solo permitía vivir bien a reducidas minorías, el desarrollo del modelo de sustitución de importaciones, que se profundizó a partir de 1945, fue interrumpido dramática y trágicamente a partir del golpe cívico militar de 1976 y fue retomado con fuerza a partir del año 2002, fue el único que generó industrialización y permitió conformar un poderoso mercado interno con altos salarios y movilidad social ascendente, al punto de ser el principal motor del surgimiento de la clase media argentina. En el año 2012, un informe del Banco Mundial daba a conocer que la Argentina había duplicado su clase media, desde el año 2002 hasta ese momento.

Este modelo siempre había presentado como principal problema la restricción externa, que se producía cuando los dólares ingresados al país por la exportación de productos primarios no alcanzaban para financiar la importación de bienes de capital e intermedios necesarios para el desarrollo de la producción industrial, que crecía al compás del mayor consumo no sólo de las clases medias, sino también de las clases populares. Aparecían así los cíclicos estrangulamientos en la balanza de pagos -los famosos “stop and go”- . A partir del cambio de patrón de acumulación producido en 1976, el endeudamiento del país en dólares sumado a la aparición del carácter bimonetario de nuestra economía profundizaron y agravaron la restricción externa.

A continuación, en los gráficos nro 1 y nro 2 se observa la variación del PBI argentino. En el primero punta a punta por períodos desde 1945 hasta 2023 y en el segundo según la tasa anual acumulativa por los mismos períodos.

En ambos gráficos se observa que los principales crecimientos del PBI se produjeron durante los modelos industrialistas y donde la deuda externa era exigua, como fue hasta 1975, o fue reestructurada y administrada responsablemente como en el período 2003-2015.

Obsérvese la caída del PBI en la tercera columna del gráfico nro. 1, que engloba el período de las dos primeras experiencias neoliberales (la de la dictadura cívico-militar con endeudamiento externo geométrico sin privatizaciones y la de la convertibilidad con endeudamiento y privatizaciones).

El tercer experimento neoliberal, con el macrismo en el gobierno, que inició el período de reendeudamiento y retorno del FMI al país, directamente hizo caer el PBI.

Cabe señalar que durante los tres gobiernos peronistas se alcanzó la mejor distribución del ingreso con un nivel de participación de los trabajadores en el PBI superior al 50% -el “fifty-fifty’ peronista-. Conforme muestra el gráfico siguiente.

Una digresión. Es un lugar común en las declaraciones de los “analistas” políticos y económicos de los últimos tiempos, afirmar que el “ruido” de la política (discusiones públicas o privadas al interior o al exterior de un gobierno) perjudica a la economía.

Quiero reparar en la 2da columna del gráfico nro.1 que presenta la variación del PBI punta a punta entre 1955 y 1975, en la que se observa el mayor crecimiento comparativo de la serie. En dicho período los “ruidos” de la política fueron, entre otros: el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955; la destitución del Gral. Perón en ese mismo año; la proscripción del peronismo por más de 18 años; los fusilamientos públicos de civiles, oficiales y suboficiales del ejército argentino a manos de la propia fuerza en 1956; el surgimiento de la guerrilla y la resistencia peronista; el golpe militar, detención y confinamiento en la isla Martín García del presidente constitucional Arturo Frondizi en 1962; el golpe militar y destitución del presidente radical Arturo Illia en 1966, que había llegado al gobierno con el 24% de los votos por la proscripción del peronismo; los asesinatos de dirigentes sindicales; el “Cordobazo” en 1969 (revuelta popular de obreros y estudiantes en la provincia de Córdoba) y el posterior “Viborazo” en 1971; el secuestro y fusilamiento del Gral. Aramburu en 1970; el fusilamiento de 22 guerrilleros detenidos en el penal de Trelew en 1972; etcétera, etcétera, etcétera.

Como se puede ver, en el período de mayor crecimiento del PBI, los “ruidos” de la política eran algo más sonoros que meros cruces verbales o diferencias políticas.

En cuanto a los “ruidos” que se produjeron durante el otro período de mayor crecimiento del PBI que va del 2003 al 2015, cabe recordar, entre otros: la crisis política y social interna disparada por la resolución 125 en 2008, que provocó una ruptura institucional en la cima del Poder Ejecutivo cuando el entonces vicepresidente votó en contra de su propio gobierno, se transformó en “líder” de la oposición, se mantuvo en el cargo y ejerció su derecho a voto en contra del gobierno de forma permanente; la crisis financiera global del 2008 producida por la caída del gigante bancario de EEUU Lehman Brothers -similar al crack de 1930 conocido como “la gran recesión”-; la sequía en el año 2009, que no tuvo la magnitud de la ocurrida el año pasado en nuestro país, pero que provocó la pérdida de más de un millón de cabezas de ganado. Sin embargo, en 2011 el gobierno llegó al tercer turno electoral presidencial y obtuvo el 55% de los votos en primera vuelta.

En síntesis: el crecimiento de la economía en Argentina y su posibilidad de desarrollo con trabajo bien remunerado sólo se ha alcanzado con un patrón de acumulación sustentado en un modelo industrialista de sesgo exportador con valor agregado, con bajos volúmenes de deuda externa o con una correcta y responsable administración de la misma. Esto no significa negar la necesidad de una revisión de este modelo en lo que hace a las correcciones que demanda la estructura productiva de la Argentina, que nos permita profundizar el sesgo exportador, plantear una ineludible actualización laboral o contemplar la creación o transformación de empresas bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa, como se hizo con YPF antes de su desnacionalización.

A continuación, en el gráfico nro. 3 pueden observar la evolución interanual del PBI de toda las serie que va de 1945 a las actualidad. Al final de la curva, para el año 2023, se observa una caída del PBI estimada en -1,9%. Sin embargo, la última estimación del FMI eleva esa caída al -2,8%.

Capítulo aparte merece la cuestión del déficit fiscal y la emisión monetaria para cubrirlo como única causa de la inflación tal cual sostiene el Presidente en ejercicio y no pocos “analistas” económicos.

El mundo demuestra que esta tesis no tiene sustento en la realidad. La publicación inglesa The Economist informa regularmente los principales indicadores económicos de 43 países agrupados por regiones, entre los que incluye a la Argentina junto a los países más desarrollados del mundo. De ese listado sólo tres países tienen superávit fiscal. Sin embargo, de los cuarenta países restantes que tienen déficit fiscal, sólo la Argentina tiene una inflación anual de tres dígitos, tres países tienen inflación anual de dos dígitos y los treinta y seis países restantes tienen una inflación anual de tal sólo un dígito. Si la tesis que sostiene, entre otros, el presidente Javier Milei, fuera correcta, es indudable que todos esos países que tienen déficit fiscal deberían tener muy altos índices de inflación.

Por otro lado, en nuestro país el 5 de noviembre del 2023 el diario La Nación publicó una interesante nota, cuyo título y bajada eran “Problema histórico: la Argentina tuvo sólo seis años de superávit fiscal desde 1961. Un informe del IARAF plantea que es necesario generar fondos anticíclicos para evitar el uso reiterado de la emisión monetaria y el endeudamiento por encima de las posibilidades del Estado, es también un antídoto contra la inflación.”

Los seis años de superávit fiscal a los que se refiere el informe del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal con sede en la Provincia de Córdoba) corresponden al período 2003-2008, con gobiernos peronistas e industrialistas que habían administrado la cuestión de la deuda externa con la comprensión que la escasez de dólares en Argentina tensiona la economía, la política y las instituciones a límites insoportables, y dispara la inflación.

Dicho período de superávit fiscal efectivamente se cortó en 2008 por la crisis global de Lehman Brothers, reseñada anteriormente. Ese escenario de crack financiero global exigió al gobierno sostener la demanda agregada para evitar que la recesión global hiciera estragos en la Argentina.

El hecho de haber sido el único gobierno que logró superávit fiscal desde 1961 y lo mantuvo durante 6 años, demuestra que lejos estamos de ser paladines del déficit fiscal.

Sin embargo, tenemos la comprensión de que ese instrumento no es el principal problema que tiene la economía argentina. Lo que tensiona y detona realmente la economía de nuestro país es el déficit en la balanza de pagos que sígnica, nada más ni nada menos, que la Argentina se empieza a quedar sin dólares.

Ya sea por déficit en la cuenta corriente, cuando las exportaciones no alcanzan a cubrir las importaciones o su saldo es muy exiguo, o por la cuenta capital, cuando se produce su apertura indiscriminada permitiendo el ingreso de capitales especulativos que realizan maniobras de “carry trade” y se terminan llevando más dólares de los que ingresaron al país.

En el modelo industrialista característico de los gobiernos peronistas, los problemas en la balanza de pagos normalmente se producen vía déficit en la cuenta corriente.

En el modelo de valorización financiera de las experiencias neoliberales, los problemas en la balanza de pagos se producen por apertura indiscriminada de la cuenta capital, el ingreso de capitales especulativos y la toma de deuda para cubrir la salida de estos. Este fue precisamente el mecanismo de endeudamiento aplicado por la dupla Macri-Caputo entre 2016 y 2018, que ante la imposibilidad de garantizar el pago de la deuda adquirida y la salida de los capitales especulativos, tuvieron que recurrir al préstamo extraordinario del FMI. Esa es la razón por la cual de los 45.000 millones de dólares desembolsados de ese préstamo no quedó nada en la Argentina.

Todo esto el presidente Milei lo sabe, muy bien y desde hace tiempo. Con meridiana claridad se lo explicó al aire a uno de sus principales parteners mediáticos Alejandro Fantino:

“Parte del acuerdo con el Fondo se lo patinaron en el Banco Central, para salvar a quienes financiaron los que quisieron ocultar el desastre del 28 de diciembre de 2017. Argentina se queda sin financiamiento y entonces lo consigue -refiriéndose a Luis Caputo- de Blackrock, de Pimco y de Templeton y salen a decir ‘vieron que no pasó nada, conseguimos el financiamiento’. Pero obviamente, despuéshabía que salir y, como no nos daban los números, tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional, y nos pusieron 45 mil millones de dólares”.

La frase de Milei “como no nos daban los números” en realidad es un eufemismo. No era un problema de números, el problema era que los dólares no estaban.

En realidad, el master plan de Milei no difiere mucho del que llevó adelante la dictadura cívico-militar en lo que hace a la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación laboral de hecho, ni del de las privatizaciones de los años ‘90. Si el plan de la dictadura fue de apertura indiscriminada y el de Menem de privatización de las empresas públicas, el de Milei agrega la extranjerización de la tierra y de los recursos naturales a través de dos figuras: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contemplado en el proyecto de ley “Ómnibus” y la derogación de la Ley de Tierras impuesta por el DNU 70/2023. Así las cosas, si queda vigente el DNU 70/2023 y si se aprueba el RIGI incluido en el proyecto de ley “Omnibus”, Argentina ingresaría inerme a un proceso de extranjerización irreversible en un siglo XXI que se caracterizará por la disputa del dominio sobre la tierra, el agua y los recursos naturales.

Para los que quieren justificar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sosteniendo que es para promover las inversiones extranjeras de capital, deberían distinguir lo que significa la extranjerización de la Argentina de lo que es la inversión extranjera directa (IED) como concepto económico.

A continuación y para seguir derribando mitos, podemos ver el promedio anual de inversión extranjera directa por gobierno durante los 40 años de Democracia.

El volumen de inversión extranjera directa durante los ‘90 se explica por los dólares que ingresaron de la venta de las empresas del Estado, mientras que el período de mayor inversión extranjera directa que va del 2003 al 2015, se explica por la aplicación de un patrón de acumulación basado en la producción industrial, generación de valor de agregado y desarrollo de un fuerte mercado interno a través de altos salarios, sin venta de patrimonio estatal, con recuperación de empresas y generación activos como Ar-Sat y el FGS, junto al desarrollo de un importante plan de infraestructura federal, además de pagar deuda externa y cancelar la del FMI. No fue magia, es política.

Sin embargo, la novedad que Milei presenta es su verdadero plan de estabilización que es, ni más ni menos que la dolarización, tal cual lo manifestó en la campaña electoral en numerosas entrevistas televisivas. Para llevar adelante este “plan” tiene que conseguir los dólares para rescatar la Base Monetaria y los pasivos remunerados del BCRA.

Cuando en la campaña electoral se le planteaba que no tenía los dólares suficientes para ello, él contestaba que iba a obtener financiamiento de los Fondos de Inversión. Milei llegó a la presidencia pero el financiamiento no apareció. El que sí apareció como su Ministro de Economía fue el “Messi” de las finanzas, Luis Caputo, endeudador serial en el gobierno de Mauricio Macri y junto a él, en el Proyecto de Ley Ómnibus, tres reformas fundamentales.

La primera se trata de la modificación de los límites para la toma de deuda soberana impuestos al Poder Ejecutivo Nacional por la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública sancionada en el año 2021 que establece, entre otras cuestiones, que el endeudamiento de la Argentina en moneda extranjera, bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción requerirá autorización del Congreso de la Nación, y por la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado en su artículo 65, que establece que sólo podrá reestructurar la deuda pública, ya sea mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

La segunda reforma habilita lisa y llanamente a la liquidación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES. En ese sentido el secretario de finanzas Pablo Quirno sostuvo en una reunión informativa en la Cámara de Diputados que:

“La propuesta de hoy es que se liquide el FGS, se liquide bajo consolidación patrimonial, eso es lo que está incluido en la ley, y las acciones revierten al Tesoro”.

La tercera reforma es la habilitación para, una vez más como en los ‘90, se privaticen los activos del Estado.

En síntesis: el Poder Ejecutivo Nacional (Milei-Caputo) podrá volver a endeudar a la Argentina en dólares, sin límites y bajo jurisdicción extranjera sin pasar por el Congreso, podrá reestructurar la deuda externa sin la obligación de mejorar monto, plazo o interés, estará habilitado para liquidar el FGS de la ANSES y privatizar los activos del Estado. De aprobarse estas reformas, más que una autorización legal, el Congreso estaría otorgando patente de corso al Presidente y a su Ministro de Economía.

Mientras tanto, Milei también despliega otra alternativa para dolarizar. Está licuando los pasivos remunerados del BCRA y la Base Monetaria vía inflación y espera que la recesión brutal que está provocando interrumpa la inercia inflacionaria e inclusive le permita realizar una nueva devaluación previa a la cosecha sin que el pass through a precios sea equivalente en términos porcentuales; tal cual sucedió en el año 2002 cuando la caída de la convertibilidad significó una devaluación de más del 300% y la inflación sólo fue del 41% anual, dado el marco de recesión y caída del nivel de empleo que llevaría al año siguiente a una desocupación del 25%. Ello le permitiría rescatar la totalidad de una Base Monetaria cada vez más licuada con los dólares de la cosecha que entrarán a partir del mes de marzo y, si aún no consiguió los dólares suficientes con las facultades que le otorgaría el Congreso si se aprobara la ley “Ómnibus”, el Presidente, pese a que dijo que jamás afectaría la propiedad privada, podría emitir un bono en dólares sobre los pasivos remunerados del BCRA, también cada vez más licuados, dándose así una tercera apropiación de los ahorros de los argentinos como desenlace de esta tercera crisis de deuda. No resulta ocioso señalar que por primera vez en la historia el BCRA entregó bonos – Bopreal- en una moneda que no emite -dólares- para la deuda en pesos con importadores.

Dolarización y aumento del endeudamiento soberano en moneda dura están entre nosotros y han comenzado a desplegarse. La dolarización de la economía argentina implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social. El país no va a tener más dólares. Al contrario, vamos a tener menos dólares porque vamos a afectar la competitividad de la mayoría de los sectores productivos generadores de divisas y aumentará el peso de la deuda externa en nuestra economía, que ya es agobiante, convirtiéndose en el verdadero suplicio de Sísifo.

El sector productor de manufacturas de origen agropecuario (MOA) y de granos y carne representan más del 55% del ingreso de las divisas en Argentina. ¿Qué va a suceder con la competitividad de este sector? ¿Qué sucedió con el sector agropecuario durante la vigencia de la convertibilidad en la segunda experiencia neoliberal y sin retenciones? Perdió competitividad y el Banco Nación terminó rematando campos hipotecados. ¿Qué piensan que va a suceder con la competitividad del campo argentino frente a Brasil, hoy nuestro principal competidor de la región en materia de producción de carnes y granos?

Por su parte, ¿Qué va a suceder con el complejo automotriz, que representa casi el 10% del ingreso de divisas en nuestro país? ¿Cómo les irá a los desarrolladores inmobiliarios que venden su producto en dólares pero que para construirlo gastan en pesos?

Podríamos seguir enumerando sectores afectados en su competitividad con la dolarización pero resulta imprescindible preguntarse sin la necesidad de ser economista: ¿es posible considerar que se puede eliminar por completo la política monetaria que constituye el 50% de la política económica de cualquier país del mundo sin afectar a todos y cada uno de los sectores que componen la actividad productiva de un país?

Por otra parte, el presidente Milei debería aprovechar su primera visita oficial a Israel para revisar algunos de sus diagnósticos en relación al rol del Estado y su importancia, como así también, a la idea de igualdad. En efecto, el Presidente se declara un admirador incondicional de la República de Israel pero, sin embargo, sostiene que el Estado aplasta a la gente y exalta al individualismo como el único camino para el ejercicio de la libertad. Por su puesto la palabra Patria le es un concepto totalmente ajeno. Debería aprovechar su estadía en ese país para leer al poeta Shaul Tchernijovski, quien escribió que “El hombre no es más que un pequeño tramo de su tierra, el hombre no es sino la forma de su patria”; y comprender también, que la República de Israel fue creada a partir de la construcción de un Estado fuerte, presente y eficiente. Podrá ver además que, pese a ser un aliado incondicional de los EEUU -y viceversa-, su moneda no es el dólar sino el Shekel israelí, aun cuando también tuvieron procesos de hiperinflación importantes. Quienes hemos estado en Israel pudimos ver, más allá de los conocimientos históricos y estadísticos, el rol fundamental y omnipresente que cumple el Estado en todas las áreas; desde la defensa hasta la agricultura, desde la tierra hasta el agua. Si visita un Kibutz (experiencia socialista típica de las que el Presidente califica como “colectivismo zurdo”) se podrá enterar que la propiedad de la tierra siempre es del Estado y que este sólo la alquila por un plazo máximo de 90 años. Por eso esperamos que la visita, además de reconfortarlo espiritualmente, haya sido de aprendizaje para revisar algunos conceptos más cercanos al dogma que a la razón.

1. Tal cual lo hemos desarrollado y comprobado en este documento de trabajo, Argentina está atravesando la tercera crisis de deuda incubada en el gobierno de Mauricio Macri por el brutal endeudamiento contraído con fondos de inversión, agravado por el retorno del FMI a nuestro país con un préstamo de volumen y condiciones inédito y escandaloso. Es necesario señalar que este proceso no ha alcanzado aún su clímax. De la experiencia histórica analizada en este documento, surge claramente que dichos procesos se desarrollan durante años para finalmente desencadenar en una crisis con derivaciones que ya hemos conocido en 1989 y en 2001, pero que nunca son iguales por el contexto histórico, político e institucional. Va de suyo que las medidas adoptadas por el gobierno que se inició el 10 de diciembre de 2023, lejos de evitarlo podrían acelerar este proceso.

2. El presente documento de trabajo no pretende desconocer la legitimidad de la que está investido el presidente Javier Milei en virtud del 56% de los votos obtenidos en el balotaje. Pero esto exige algunas precisiones.

3. Es cierto que Milei obtuvo el 56% de los votos en el balotaje que definía quién sería el Presidente de la República, pero en la elección general que se vota la representación parlamentaria, sólo obtuvo el mismo tercio de votos que había logrado en las PASO. Se conformó de esa manera un Poder Legislativo fragmentado donde el peronismo es la primera minoría en ambas cámaras. La legitimidad de origen

que da el voto popular no debe hacerle perder de vista al actual mandatario la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno, que sólo podrá ser lograda a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos. En este sentido, cabe recordar que otras fuerzas políticas, en distintas etapas, que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan.

4. Todas las medidas adoptadas hasta el momento son repeticiones de políticas ya ejecutadas en el pasado, inclusive algunas de ellas aplicadas con el Parlamento cerrado por la dictadura. Todas fracasaron estrepitosamente provocando sólo pobreza y dolor. En el mismo sentido, la presencia de funcionarios que también fracasaron durante la presidencia de Mauricio Macri, en áreas de vital importancia, ponen en contradicción un principio básico por el cual Javier Milei logró el apoyo de la sociedad ante la lógica implacable de que con los mismos de siempre los resultados no pueden ser distintos. Entonces, ¿cuál es la lógica de repetir como Ministro de Economía a Luis Caputo? ¿Por qué ahora va a hacer bien las cosas si, en su momento, lo tuvieron que echar por haber fracasado? En este sentido el presidente Javier Milei debería analizar seriamente que quienes fueron los amplios derrotados en los últimos comicios presidenciales intentarán condicionarlo desembarcando en las principales áreas de gobierno e incluso tomar el control político y desplazarlo del manejo del Poder Ejecutivo si lo consideran necesario.

Reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas, sólo puede conducir a malos resultados. Cuando estaba finalizando este documento surgieron declaraciones del Presidente en relación a una nueva alianza de gobierno con la incorporación orgánica del macrismo en el ámbito legislativo y ejecutivo, confirmando lo expresado en la primera parte de este párrafo. Cualquier periodista utilizaría la calificación de “noticia en desarrollo”. Nunca se debe perder el sentido del humor, aún en los momentos más difíciles. De confirmarse la noticia estaríamos en presencia de la cuarta coalición de gobierno por la fusión de Macri y Milei.

5. Estamos de acuerdo en que la Argentina debe revisar la eficiencia del Estado, y que no basta con la consigna del “Estado presente” para resolver los problemas del país, que son demasiados. Se debe analizar y controlar la correcta asignación de recursos para poder corregirla, en caso de ser necesario.

6. Sin embargo, no compartimos su diagnóstico en cuanto a que el déficit fiscal es la única razón de la inflación y de la crisis argentina. Como desarrollamos en el presente documento, la escasez de dólares es la que tensiona la economía y dispara la inflación. Pruebas el canto, además del análisis de los hechos en nuestro país, una vez más traemos a colación la publicación de The Economist en relación a los principales indicadores económicos de 43 países, entre los que se encuentra la Argentina junto a los más desarrollados de todas las regiones del mundo. Como ya dijimos, de esos 43 países sólo 3 tienen superávit fiscal, sin embargo, 23 tienen superávit en la cuenta corriente. Además, de los 43 países, 33 tienen tasa de interés de referencia de un solo dígito, sólo 4 países la tienen fijada en dos dígitos y Argentina es uno de los 3 países sin datos. Igualmente todos sabemos que tenemos una tasa de interés de referencia de 3 dígitos. La tasa de interés es uno de los cuatro precios fundamentales de la economía, que según se acomode en relación al dólar permite el carry trade, licuar ahorros y pasivos o definir el patrón de acumulación, entre otras tantas cosas.

7. Por eso el endeudamiento desmedido en dólares es veneno para nuestra economía bi-monetaria. Y en el caso del préstamo del FMI es más grave aún; no sólo por el volumen en dólares inédito que significó sino por el condicionamiento permanente que implica para la política económica del país. Por eso no estamos de acuerdo con la derogación de la Ley de Sostenibilidad de Deuda que establece que el endeudamiento de la Argentina en moneda extranjera, bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción requiere autorización del Congreso de la Nación, ni con la modificación de la Ley de Administración Financiera del Estado en cuanto establece que en el caso de reestructuración de deudas se debe mejorar monto, plazo y/o intereses. No deja de resultar contradictorio y muy sorprendente que quien quiere cerrar el Banco Central para que los “políticos ladrones” no emitan más pesos porque cree que la única causa de la inflación es la emisión de pesos para hacer frente al déficit fiscal -o sea a la deuda en pesos del Estado- al mismo tiempo pretenda eliminar todas las restricciones que tiene el Estado para emitir deuda pública pero… ¡en dólares!, y para eso lo convoca como Ministro de Economía al endeudador serial de Macri que trajo nuevamente al FMI, Luis Caputo.

8. Sí nos parece fundamental discutir un sistema tributario simplificado con pocos impuestos en cantidad -para ordenar y facilitar la vida, en especial de las PyMES que por lo general llevan una contabilidad muy doméstica y son las principales generadoras de trabajo en la Argentina- pero muy estricto en su cumplimiento con normas que aumenten la percepción de riesgo por elusión y evasión. Debe tratarse de un sistema progresivo que no solo contemple los flujos, sino también el stock y revise los gastos tributarios que expresan excepciones, exenciones y alícuotas quebradas a distintos grupos y sectores de la economía. Otra noticia en desarrollo que prueba el escándalo de la evasión y la elusión, en esta oportunidad, a través de la emblemática cerealera Vicentin llevada a cabo por Diaz y Forti SA, que operaba las plantas en 2020/21: Exportó durante un año sin liquidar las divisas, que ingresaban por vía paralela, evadió 700 millones de dólares, pero solo pagará una multa de 2 millones de dólares. Argentina nunca deja de sorprender.

9. Por su parte, sostenemos la necesidad de replantear el actual sistema público de salud, cuya descentralización (entre Nación, provincias y municipios), fragmentación (entre los subsistemas público, de obras sociales y prepagas) y mala regulación, han ido provocando su debilitamiento y, fundamentalmente, su inequidad e ineficiencia en términos de asignación de recursos. Todo ello en un país que tiene uno de los mayores niveles de inversión en salud de toda Latinoamérica. A ello se le agrega que la expansión del complejo médico-industrial (nuevos medicamentos, nueva tecnología, nuevas enfermedades y nuevas prácticas), sin una revisión del sistema, se torna imposible de financiar. Mientras tanto, los “tiempos de acceso” (esperas por turnos, trabas burocráticas, autorizaciones, etc.) se alargan cada vez más tanto en hospitales y salitas como en el sector privado también, condenando al pueblo a una peregrinación sanitaria indigna y a los profesionales de la salud a una tensión que quiebra la relación médico-paciente.

10. Resulta ineludible discutir seriamente un plan de actualización laboral que brinde respuestas a las nuevas formas de relaciones laborales surgidas a la luz de los avances tecnológicos y de una pandemia que trastocó todos y cada uno de los ámbitos de la vida de las personas. Teletrabajo y plataformas digitales, que intermedian entre oferta y demanda, son algunas de las modalidades que se deben amparar normativamente. Sin embargo, las formas de contratación laboral ya incluidas en nuestro sistema legal también deben ser revisadas, mediante la actualización de los convenios colectivos de trabajo -muchos de los cuales datan de décadas atrás- teniendo en cuenta las nuevas realidades antes mencionadas. Estas actualizaciones deben respetar los derechos conquistados por los trabajadores, pero también deben realizarse bajo el concepto de que una vez consagrados, los derechos acarrean obligaciones que deben cumplirse. De lo contrario, el ejercicio de un derecho sin el cumplimiento de sus obligaciones correlativas, no es mas ni menos que un privilegio.

11. También creemos que levantar la escuela pública de la que somos hijos significa pensar cuál es la razón entonces por la que parte de los sectores medios y medios bajos hacen un esfuerzo para enviar a sus hijos a escuelas de gestión privada para que tengan clases todos los días.

12. También queremos discutir la integración de la empresas del estado tanto por vía de la participación del capital privado como de las provincias, en el caso de que sus recursos estén afectados a la explotación económica de aquellas, como así su cotización en bolsa para agregar valor y eficiencia bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa.

13. Estamos dispuestos a discutir un régimen de incentivo a las grandes inversiones pero que agreguen valor y transfieran tecnología. Lo contrario sería reprimarizar nuestra economía y condenarnos al extractivismo.

14. En materia de seguridad debemos abandonar el consignismo. Con la desigualdad social por un lado o el gatillo fácil por el otro, no puede elaborarse ningún plan de seguridad. Que no nos vengan a correr los que durante la gestión de Macri designaron a cargo de la escuela de inteligencia del Ministerio de Seguridad a una Miss Argentina. Se debe desarrollar más inteligencia para desarmar la criminalidad organizada y policía de proximidad para la prevención. En este sentido, la video vigilancia puede ser un método eficaz en el marco de las nuevas tecnologías (drones de vigilancia, cámaras operadas con inteligencia artificial, anillos de seguridad, entre otros). Existen experiencias provinciales y municipales para tomar como referencia. Un plan de seguridad exige una conducción política que apunte a la transparencia y combata la corrupción de las fuerzas de seguridad, al tiempo que también evite la autonomización de las mismas.

Esta enumeración no es de carácter taxativo sino enunciativo. Seguramente habrá más cosas que debatir y proponer, pero también es imprescindible señalar que todo debate sobre cuestiones de Estado, para poder prosperar y llegar a conclusiones efectivas, útiles y de posible realización debe reunir, al menos, dos condiciones básicas. La primera es que debe efectuarse con conocimiento de lo que se habla, no sólo desde la teoría sino, fundamentalmente, desde la realidad y la experiencia histórica que nos permite confirmar empíricamente lo que pensamos o revisar lo que creíamos. Va de suyo que esto requiere el manejo de ejemplos y números objetivos y no tirados a la marchanta. La segunda condición ineludible para dar ese debate, es el marco de respeto al que piensa diferente. En este sentido el clima de insultos, escraches, descalificaciones y estigmatizaciones que se desarrolló durante el debate y aumentó exponencialmente a partir de la vuelta a comisión del proyecto de ley “Ómnibus” presagia un escenario de violencia que, como ya sabemos, comienza por lo verbal y luego pasa a lo físico. Lamentablemente, quien suscribe este documento puede dar testimonio de ello en primera persona.

Finalmente y más allá de las ideas, propuestas y debates que los argentinos podamos tener, con algunas cuestiones sí debemos ser taxativos.

I. La dolarización significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo de nuestro país.

II. Otorgar patente de corso para que Milei y Caputo sigan endeudando al país en dólares, mediante la derogación de las leyes de Sostenibilidad de la Deuda y la eliminación de las restricciones existentes en materia de reestructuración de deuda externa, significaría una verdadera catástrofe de carácter irreparable.

III. La actual conformación política del sistema de poderes en Argentina, puede caracterizarse a partir del análisis del proceso iniciado en las elecciones del año pasado que marcó la constitución de tercios exactos en las PASO; que en las elecciones generales se reacomodó cuando uno de esos tercios obtuvo la mayor cantidad de votos alcanzando el 36,6%, el que había salido primero mantuvo su tercio y el tercero se desplomó por completo, obteniendo apenas el 23,8%. Ya es sabido que en el balotaje la gente determinó que Javier Milei sea el titular del Poder Ejecutivo. El resultado electoral y las divisiones políticas posteriores conformaron un Poder Legislativo más fragmentado aún. La situación del país y la responsabilidad de quienes han sido elegidos para gobernar y legislar van a requerir la construcción de un sistema de acuerdo parlamentario.

Ese sistema de acuerdo parlamentario no puede tener una lógica de mercado persa o de toma y daca indigno por cargos, recursos y vaya a saber qué otra cosa – antecedentes históricos gravísimos hay-. Las Provincias necesitan los recursos que les corresponden por leyes, decretos o acuerdos previos que surgen del presupuesto 2023 -que es ley de leyes- y que les están siendo ilegalmente retenidos. Esto no es “castigar a los gobernadores”, sino perjudicar a todos los argentinos y las argentinas que, salvo en CABA, viven en las 23 Provincias. Cuando hablamos de toma y daca queremos ser claros: canjear recursos para las provincias a cambio de facultades extraordinarias o permiso ilimitado para endeudar aún más al país en dólares y privatizar patrimonio nacional a ciegas, coloca a quienes lo hagan en abierta contradicción con el Art. 29 de la Constitución Nacional.

Argentina, febrero de 2024.

Cristina Fernández de Kirchner