“La realidad con la que nos encontramos excede a la investigación de una mera financiera irregular”, dijo el procurador General. El caso salpica a la policía y podría tener a más integrantes del poder involucrados.
Hasta el viernes pasado, la noticia de los allanamientos a una financiera no habían cobrado la magnitud que comenzó a dimensionarse durante esta semana. Y todavía queda mucho por conocer. El mismo procurador General, Pedro García Castiella, dijo que «solo se conoce la punta del iceberg» del caso. Puede haber, entonces, más imputados.
“Al comienzo teníamos la imagen de una financiera ilegal, réplica de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Fundación Zoe. Por ello, tomamos la decisión de allanar rápidamente para evitar que la proyección geométrica, característica del Esquema Ponzi, alcanzara a más víctimas” contó Castilla y acotó: “la realidad con la que nos encontramos excede a la investigación de una mera financiera irregular”.
Castiella dejó en claro, también, que el método de estafa es más complejo y compromete un flujo de dinero adicional, el cual podría provenir de otra actividad ilegal: un posible lavado de activos.
El Procurador confirmó, asimismo, que hay policías implicados (y no precisamente como damnificados): “Se detectó un sostenido trasvasamiento de parte de determinados miembros y elementos de la policía de la provincia confundidos con la organización en diversos roles , algunos de captación de incautos, otros prestando seguridad, otros filtrando información hacia afuera de la investigación y dando apoyo, aun en la clandestinidad luego de los allanamientos, a las personas que se encuentran prófugas”, precisó.
Hay investigadores que, por este motivo, ahora tienen custodia de la Policía Federal.
“También surge de los primeros avances de la investigación y los elementos hasta ahora reunidos, y por ello la necesidad de avanzar en la misma, la probable existencia de determinados superiores jerárquicos involucrados en la funcionalidad de la organización, tanto en los montos de los dividendos ya percibidos como así también en el aventajado posicionamiento piramidal”, indicó.
El rol cómplice de algunos policías fue confirmado por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien indicó que, previo a los allanamientos, existieron filtraciones que permitieron a cuatro personas –entre ellas, la organizadora de la financiera- darse a la fuga, posiblemente con parte del dinero de los inversores.
Sobre el audio que una de las prófugas envió a varias víctimas asegurando que devolvería el dinero, García Castiella fue categórico al señalar que tomará medidas con aquellas personas -pertenezcan o no a las fuerzas de Seguridad- que colaboren de alguna manera con los fugitivos ya que estarían incurriendo en el delito de encubrimiento.
Sobre el pase a disponibilidad realizado por el Jefe de la Policía del comisionado coadyuvante del CIF, Juan Ramón Miranda, el Procurador manifestó que permanecerá en el cargo, anunciando el dictado de una Resolución de la Procuración General que se sostiene en los Arts. 167 y 168 de la Constitución de la Provincia, mas los convenios preexistentes. Señaló también que la medida dispuesta, contraviene el convenio rubricado entre el Ministerio de Seguridad y la Procuración General en 2017, que establece que la elección de los funcionarios de la Policía de la Provincia que se desempeñen en el CIF es facultad exclusiva del Ministerio Público Fiscal.
En este punto, el Procurador fue inflexible al asegurar que “la asignación de Miranda resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones que el Ministerio Público Fiscal se encuentra llevando adelante” y que el Comisario General fue elegido por él para encabezar el proceso de reorganización del Departamento de Investigaciones del CIF, solicitando que no se avance con la medida, y se colabore con la investigación por el bien de la institución policial y de la seguridad de los salteños.
No la tiene fácil Castiella. Parece haber tocado el bolsillo de la mafia azul.