La Asociación Docente Provincial está entre vallas y una fuerte custodia policial.

Más de 25 efectivos se situaron alrededor del vallado edificio de la Asociación Docente Provincial, de España y Juramento. Protegen el lugar de un grupo de manifestantes que, según las autoridades del gremio, son aliados de la familia Argañaráz. Los de adentro dicen que tienen miedo de que tomen el gremio por la fuerza; los de afuera dicen que quieren normalizar la ADP.
La decisión de poner vallas y de esparcir pitufos se tomó ayer, luego de que la Comision Directiva recibiera ayer una supuesta amenaza de muerte, tras el conflicto que trae aparejado la suspensión de la actual secretaria general del Gremio, Patricia Argañaráz.

Hay varias versiones. En Fm Profesional dijeron que alguien les dijo a los de la comisión que “los iban a prender fuego”.

Esta trifulca se da en el siguiente contexto: la semana pasada las nuevas autoridades de la ADP anunciaron que llamarían a una asamblea para tratar la destitución definitiva de Patricia Argañaraz. En mayo vence el plazo de la suspensión, que comenzó a regir hace dos semanas cuando venció el certificado médico firmado por el Hospital San Bernardo. En teoría, la asamblea extraordinaria debe contar con la participación de Argañaraz, a fin de que presente un informe sobre su gestión.

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