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Buscan que Salta tenga fuero especializado en violencia

Justicia Patriarcal|

Lo anunció el gobernador Gustavo Sáenz. Quieren evitar la revictimización. Feministas aseguran que sería una medida importante para agilizar los tiempos judiciales.

La idea de un fuero unificado para las causas de violencia de género -que ya se implementa en otras partes del mundo- se enrola en una concepción que empieza a darse cuenta que, pese a los esfuerzos, el modelo actual de gestión judicial no termina por dar una respuesta eficiente a la violencia machista.

La semana pasada el gobernador Gustavo Sáenz anunció en la apertura de sesiones extraordinarias de la Legislatura que enviará un proyecto de ley que crea un fuero especializado en materia de violencia familiar y de género que tendrá competencias múltiples, tales como derecho de familia, civil y penal.

Tras asegurar que la Justicia necesita “transformaciones estructurales”, el gobernador se mostró confiado en que este proyecto se convertirá en ley. Destacó además la firma del Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la Violencia de Género realizado semanas atrás y el desarrollo del Programa nacional Acompañar.

Por otro lado, señaló que se implementará el “Polo Itinerante de las Mujeres”.

Algunas feministas consultadas aseguraron que este proyecto representa una medida importante que puede ayudar a agilizar los tiempos de la justicia. Una justicia que demostró tener matices patriarcales en Salta, donde aún son las propias víctimas quienes deben peregrinar para obtener justicia.

Justicia electa por voto

Una voz crítica ante este anuncio vino de la izquierda. La referente Gabriela Cerrano señaló que no servirá de nada pues una “propuesta del fuero especializado que estará a cargo de la misma justicia adicta al poder. Necesitamos un fuero único, pero en el marco de una justicia electa y revocable por el voto popular”, propuso.

Además la referente recordó: “Necesitamos un Consejo Autónomo de la Mujer, también electo y revocable por el voto, que tenga su propio presupuesto y el poder político para actuar cuando la justicia violente nuestros derechos, como trabajadoras, como niñxs, como disidentes, cuando queramos ejercer nuestros derechos de salud reproductiva y no reproductiva y para protegernos y sigamos vivas”.