La reciente orden del juez Ignacio Colombo, exigiendo medidas preventivas contra la contaminación del Río Arenales, no hace más que poner de manifiesto la ineficacia crónica del sistema judicial en Salta. A pesar de las múltiples sentencias y recomendaciones que se han emitido a lo largo de los años, la situación ambiental y sanitaria de la provincia no solo no mejora, sino que empeora de manera alarmante.
La resolución, que insta a la instalación de un cordón sanitario, la demarcación y vigilancia de zonas peligrosas, y la realización de una campaña de difusión para prevenir el uso del Río Arenales, entre otras medidas, llega tarde y con un historial de incumplimientos previos. No es la primera vez que la justicia emite estas órdenes, y la falta de acciones concretas demuestra que las sentencias se han convertido en meras formalidades que no logran abordar la raíz del problema.
Seis años después de la orden del ex juez Marcelo Domínguez, que solicitaba un plan de manejo, un plan sanitario de emergencia y un plan de monitoreo para el Río Arenales, la contaminación persiste y las consecuencias se vuelven más graves. La impunidad con la que la empresa Aguas del Norte es un claro indicador de que las multas y recomendaciones no son suficientes para disuadir la negligencia ambiental.
El vínculo directo entre la contaminación del río y la salud de los ciudadanos es evidente. Informes revelan la presencia de E. coli en el agua potable, abundante salmonella en las colectoras, y la propagación de enfermedades como el COVID-19. La falta de medidas efectivas y ejemplificadoras por parte de la justicia ha llevado a que Salta tenga que enfrentar no solo problemas de salud pública, sino también pérdidas de vidas humanas.
La última sentencia del 23 de diciembre de 2023, con sus recomendaciones y pequeñas multas, es un reflejo de la falta de determinación para abordar la situación de manera integral. La justicia, al parecer, sigue siendo un espectador pasivo en lugar de un agente de cambio efectivo. Mientras tanto, los salteños continúan expuestos a condiciones ambientales y sanitarias deplorables, pagando el precio de una justicia que falla en proteger sus derechos fundamentales. La salud y la vida de los ciudadanos no pueden seguir siendo moneda de cambio en la ineficacia judicial. Es hora de exigir responsabilidades y acciones concretas que protejan el bienestar de la población salteña.