Los Familiares Contra la Impunidad en Salta presentaron el pedido de juicio político al juez Martín Pérez.
Después de tanto pomposo anuncio de los políticos de siempre, fue la Comisión de Familiares Contra la Impunidad la que presentó el pedido de jury contra Martín Pérez.
El pedido de destitución del camarista ascendido por el gobernador fue ingresado por mesa de entradas a la cámara de diputados y lleva la firma de los padres y madres que cada viernes marchan en Salta para pedir Justicia. El pedido en contra de Martín Pérez se basa en el lamentable accionar que mostró el magistrado durante la investigación por el crimen de las turistas francesas, ocurrido en 2011. El encabezado del escrito presentado ante la Cámara Baja lo dice todo: “la historia de la libertad es la lucha por limitar el poder del gobierno”.
La solicitud (que es el primer pedido formal en contra del juez premiado) ostenta tres decenas de firmas que la avalan y está compuesto apenas por tres carillas fechadas el 11 de junio de esta año. Ingresó por mesa de entradas a diputados a las 10.30 de ayer y lleva el número de expediente 441A/14. El escrito está dirigido al presidente del cuerpo, Manuel Santiago Godoy, quien seguramente impulsará el pedido de los familiares.
La nota fue ingresada a la cámara de diputados, pero para ser un pedido formal de jury debe ser remitida e ingresada a través de mesa de entradas del poder judicial salteño. Textualmente los familiares pidieron lo siguiente: “Los motivos que originan la presente propuesta son tan lamentables como alarmantes. La comisión de familiares contra la impunidad, casi al cumplir 3 años –en agosto, venimos luchando por Justicia y Verdad –Justicia legitima, objetiva y real- y en contra de la denegación de la misma y el negligente retardo. Sin duda van en contra de la Constitución Nacional y Provincial, los tratados internacional con jerarquía constitucional, el sentido profundo y el más profundo sentido de justicia. Los magistrados no pueden seguir incurriendo en morosidad judicial manifiesta, porque en muchos de los casos es grave, nos referimos específicamente al camarista Martín Pérez elegido por el Ejecutivo Provincial, con intervención del Consejo de la Magistratura. Es decir que todas estas instituciones y organismos son responsables y de algún modo cómplices por su mal desempeño como Juez de Instrucción (artículo 53 de Constitución Provincial). Doy como ejemplo casos en los que intervino, como es el de Marcela Mamaní (desaparecida), en el tan resonante y aberrante caso de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, entre otros. Es por ello que pedimos el Jury Político y exigimos el cumplimiento de la administración de justicia a cargo de la Corte y del Ministerio Público, e insistimos en que todas estas instituciones y/u organismos son responsables de la injusticia e impunidad de lo que somos víctimas tantas familias, que marchamos todos los viernes en busca de Justicia, Verdad y Juicio Oral y Público en todos los casos, al igual que el resto de los mortales. El abogado Martín Pérez debería ser apartado de su cargo de camarista a fin de que las causas sean atendidas con la celeridad que se merece y no se presente de la negligencia judicial, mal desempeño, impericia, imprudencia y deshumanización. Avalan nuestro pedido numerosas normas nacionales e internacionales, el articulo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional viene a ser la piedra angular reconociendo con jerarquía constitucional diversos tratados de Derechos Humanos, siendo de sumo interés el artículo 8 inc. 1 del “Pacto de San José de Costa Rica”, sobre garantías judiciales que consagra el derecho de ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, también le recordamos que el artículo 25 del mismo cuerpo legal consagra protección judicial contra cualquier acto que viole los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones públicas”.
El requerimiento de la Comisión de Familiares contra la Impunidad es probable que sea analizado por los diputados en el recinto, pero deberá ser impulsado más salidamente para que lo evalúe la comisión de juicio político que integran Guillermo Posadas y Guillermo Catalano (Corte), Mónica Leonetto (Fiscal de Estado) Jorge Soto y Silvina Avilés (senado), Alejandra Navarro y Manuel Godoy (diputados) Guillermo López Mirau y Aldo Juarez (abogados del foro). Por lo menos alguien hizo el pedido formal.
