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Juez salteño fuera de la ley | Prohibe que una mujer se realice un aborto

 Se trata del juez Tomás Méndez Curutchet quien hizo lugar a una demanda y convocó a una audiencia al progenitor y a la mujer gestante.

El juez en lo Civil y Comercial de Primera Instancia Tomás Méndez Curutchet hizo lugar el lunes a la demanda del hombre, que presentó un recurso de amparo con el patrocinio de los abogados Santiago Cornejo Colombres, Sergio Federico Peñalba, Rafael Cornejo, Arturo Torino y Cristóbal Pereyra.

El juez además convocó a las partes a una audiencia en la que pretende que, ante autoridades judiciales y los abogados, el hombre y la joven lleguen a una “conciliación” o acuerdo sobre la continuidad del embarazo que ella no desea llevar a cabo. La citación es para el 11 de junio.
“Resuelvo ordenar, bajo responsabilidad del peticionante y, previa contracautela, la medida de prohibición de innovar para que la Srta … y la Provincia de Salta se abstengan de realizar cualquier práctica que pudiera interrumpir el embarazo hasta que se dicte sentencia definitiva y la misma se encuentre firme”, señala la resolución firmada por Méndez Curutchet.

Otros antecedentes anti derechos

Luego de la promulgación de la ley fueron varios los intentos de hombres que apoyados en otros hombres abogados buscaron contrariar las voluntades de mujeres de acceder a su derecho. En San Juan a fines de abril se conoció la presentación que realizara un hombre para impedir que su ex pareja acceda a la práctica.

La abogada Mónica Lobos -que además de representar al hombre es militante “celeste” y presidenta de Abogados por la Vida en San Juan- sostuvo: “En los fundamentos de la ley fue común escuchar que el derecho a la vida no es un derecho absoluto. Ahora me pregunto: la libertad de una mujer, ¿es un derecho absoluto? ¿Puede imponerse aun vulnerando y eliminando derechos de otras personas? ¿Qué igualdad pretendemos lograr como sociedad? ¿Un enfrentamiento entre hombres y mujeres o una igualdad real que tienda a la justicia?”.

La arremetida de grupos antiderechos no se detiene pese a que Argentina cuenta con una ley sancionada por el Congreso nacional.