El instituto que organiza actividades para Urtubey en Buenos Aires sigue cobrando para modernizar la administración provincial aunque a veces parece facturar doble. Cuarto Poder se comunicó con el CIPPEC para evacuar dudas sobre un convenio vinculado a transparencia presupuestaria, pero la comunicación fue en vano. (R.M)
Las relaciones entre el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y el gobierno de la provincia siguen gozando de buena salud. En el 2008 se firmó un convenio de cooperación mutua (decreto 5508/08) pero empezó a concretarse en el 2012. Ese año el gobierno confió en estos profesionales formados en universidades yanquis lo que 10 ministerios, 35 secretarias y el Tribunal Electoral parecen que no podían hacer: asesorar en la implementación del voto electrónico y promover la aceptación del mismo por parte de la ciudadanía salteña. También se buscaba otra cosa: propagandizar en el país las bondades del sistema.
El decreto de aquel año fue el 2105/12. Por el mismo se estipulaba que por los servicios del Centro de Estudios, el Estado provincial desembolsaría $316.775 en el 2012, y $383.010 para las denominadas etapas 2 y 3, que se desplegarán en el 2013. El monto global representó un total de de $699.785. El CIPPEC, mientras tanto, precisaba que su trabajo tendría tres ejes: asistencia para la implementación de la reforma electoral promoviendo diálogo entre autoridades y actores, además de un análisis del nuevo sistema; asistencia para la difusión de las nuevas reglas y capacitación de electorado, actores y autoridades; y evaluación de la implementación del voto electrónico para la totalidad del padrón provincial.
Los considerandos del decreto también incluían otras actividades: “elaboración de documentos, talleres de capacitación, difusión, asistencia técnica en diversos aspectos, elaboración de informes, etc.”. En definitiva, convencer a los salteños que tenemos un sistema político propio del primer mundo.
Transparencia presupuestaria
En el mismo año 2012, otro decreto (2.760/12) establecía otro convenio. Los firmantes del mismo fueron el director del CIPPEC -Fernando Straface- y por el gobierno puso la firma quien ahora es ministro de Educación pero antes era Subsecretario de Financiamiento: Roberto Dib Ashur. El objetivo declarado de aquel convenio era bien noble: “aumentar la transparencia presupuestaria de la provincia (…) y así contribuir a una mejora de los canales de comunicación con los ciudadanos”. Cabe aclarar que lo que el CIPPEC define como transparencia presupuestaria está relacionado con el grado de apertura que poseen los gobiernos para mostrar sus cuentas públicas.
En ese sentido, el diagnóstico en el que se enmarcaba el nuevo convenio entre el CIPPEC y el gobierno de Urtubey era bien preciso: “En el proceso presupuestario nacional se notan deficiencias en términos de transparencias presupuestarias, las cuales se profundizan a nivel subnacional”. Salta no escapaba a esa realidad. Y es que según un estudio del mismo CIPPEC, en el año 2010 nuestra provincia tenía muchas cosas para mejorar en lo que a transparencia presupuestaria se refería. El instituto había planteado la supuesta trasparencia con un método que asignaba un puntaje a cada provincia de acuerdo a la cantidad, calidad y actualización de la información presupuestaria publicada. Según ese estudio, Salta se ubicaba en el puesto 9 detrás de Mendoza, Córdoba, San Juan, Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén y Formosa. Según los técnicos, las web oficiales salteñas tenían los siguientes límites informativos: poca desagregación de los informes de gastos; ausencia de informes sobre deuda pública; y falta de detalles en la información sobre transferencias a municipios.
Justamente allí, es cuando sale el decreto del 2012 que buscaba terminar con esas falencias, para lo cual los técnicos del CIPPEC propusieron un par de cosas: analizar la información presupuestaria de la provincia disponible en la web del gobierno; hacer un estudio comparativo con otras información presente en otras web de otras provincias del país o el extranjeros; proponerle a Urtubey que cambie la forma de presentar la información; sugerir lineamientos para el diseño de una página web que presente mejor la información; y la producción por parte de los técnicos de un Presupuesto Ciudadano. Todo sería presentado en el año 2012, incluido el mencionado Presupuesto Ciudadano.
La intervención del CIPPEC tuvo rápidos resultados. En la medición del 2013, el instituto que asesoró a la provincia sobre cómo alcanzar mejor transparencia, fue también el encargado de evaluarla. La evaluación, por supuesto, mejoró: tres años después de la primer medición y uno después de la firma de otro convenio, Salta mejoró su performance de transparencia: del 9º puesto que ocupaba en el 2010 pasó al 7º lugar por detrás de Tierra del Fuego, Neuquén, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. El avance salteño no parece tan rotundo como el de otras jurisdicciones. Tierra del Fuego, por ejemplo, pasó del puesto 21 a encabezar el ranking de provincias transparentes mientras Neuquén paso del 7º al 2º lugar. Las caídas también son estrepitosas. Mendoza, por ejemplo, cayó del 1º puesto ocupado en el 2010 al 10º lugar del 2013; Río Negro del 6º al 12º o Formosa del 8º al 16º.
También la plata
No es esa la única duda que flota en el aire. Y es que a mediados de junio de este año, se publicó el decreto 1658/14, cuyo artículo 2 autoriza a pagar los servicios vinculados a la transparencia presupuestaria que, según el anexo del decreto del 2012, suponía un monto total de $88.000 por el servicio. El mismo debía abonarse de la siguiente manera: $35.200 con la entrada en vigor del servicio, otros $24.600 a los 45 días de entrada en vigor del convenio y otros $24.600 cuando el proyecto se cumpliese. Allí se especificaba que se aprobó el convenio firmado en el 2012 “de cuyos resultados se obtuvo mejor posicionamiento de la Provincia de Salta en orden a la transparencia presupuestaria” y que en esta etapa correspondía al CIPPEC desarrollar actividades de monitoreo y realización de un informe final.
Cuarto Poder se comunicó con el instituto para evaluar si en los criterios académicos del primer mundo dictaminan que quien asesora a alguien (en este caso un gobierno) sobre un problema sea también quien evalúe las formas de resolución del mismo. La llamada también fue para preguntar por qué, en el decreto del año 2013, se esperaban actividades como informes finales que según el decreto del 2012 ya deberían estar terminados. La comunicación fue difícil, porque luego de que la voz grabada de un contestador nos informara en un perfecto y elegante inglés que ya seríamos atendidos, una voz no menos amena de una señorita tomó nota de nuestras inquietudes, anotó nuestros correos electrónicos y números telefónicos para asegurarnos de que la encargada del programa de transparencia presupuestaria se comunicaría con nosotros. Hasta ahora, nada de eso ha ocurrido.
Amigos por conveniencia
Una de las medidas que Urtubey promocionó a nivel nacional como un logro de alcance nacional, fue la implementación del voto electrónico en toda la provincia. El CIPPEC también fue el actor encargado de organizar eventos que posicionaran en ese aspecto al gobernador salteño en la arena nacional. El jueves 13 de marzo de este año, por ejemplo, cuando Urtubey todavía soñaba que tenía chances presidencialistas, un encuentro en el senado de la nación fue organizado para que el gobernador salteño hablara sobre las bondades del voto electrónico.
La organización del evento estuvo en manos del CIPPEC; y el orador que inauguro las jornadas fue su director Fernando Straface, el mismo que pone su firma en los convenios que el instituto celebra con la provincia. Lejos de ser un militante “U” a nivel nacional, Straface es un actor con obligaciones contractuales. Y es que en ese decreto que vinculaba al instituto con el proyecto del gobierno de instaurar el voto electrónico, también se establecía que el CIPPEC se comprometía a difundir “en el orden nacional, internacional y en otras provincias del país las lecciones aprendidas de la implementación de las reformas”. De hecho, algunas de las notas publicadas en medios nacionales y que hablan bien del voto electrónico salteño también están firmadas por Straface.
