El padre del niño atropellado aseguró que el intendente habría realizado movimientos patrimoniales días después de la tragedia. Según sostuvo, algunas de esas maniobras fueron frenadas por la Justicia mientras avanza la causa.
La muerte de Tomás Alancay sigue causando conmoción en La Merced y ahora la causa sumó un nuevo capítulo que sacude al pueblo. Pablo Arias, padre del menor atropellado el pasado 5 de abril, denunció públicamente que el intendente Javier Wayar habría intentado desprenderse de parte de su patrimonio después de la tragedia.
Según publicó El Nuevo Diario, la familia detectó movimientos patrimoniales vinculados al jefe comunal apenas días después de la muerte del nene. Arias aseguró que incluso hubo intervenciones judiciales para impedir algunas transferencias.
“A cuatro días de fallecido el intendente habría hecho donaciones de bienes”, sostuvo el padre en declaraciones radiales. Y detalló cómo, estarían distribuidos los bienes entre familiares directos.
“Tiene el 50% de sus bienes a nombre de la hermana, el 25% a nombre del padre y el resto a nombre de él, que quiso pasar las cosas como donación a la hermana, pero la Justicia actuó e impidió eso”, afirmó.
La familia también salió a desmentir versiones sobre una supuesta ayuda económica del intendente:
“Wayar no nos ayudó con 80 millones de pesos como se dice. Todo fue a pulmón y con ayuda de vecinos”, expresó Arias.
Mientras tanto, el reclamo de justicia sigue creciendo. En la primera audiencia judicial, realizada el 4 de mayo, la defensa del acusado pidió prisión domiciliaria, aunque el planteo fue rechazado.
Además, trascendió que algunos vehículos que antes aparecían vinculados al patrimonio del intendente ya no figurarían bajo su titularidad. También surgieron dudas sobre una vivienda ubicada en La Silleta que anteriormente había sido mencionada por el propio funcionario.
Hoy, según la información que circula en la causa, el único bien que seguiría formalmente a nombre de Wayar sería la Ford Ranger involucrada en el siniestro fatal, vehículo que permanece secuestrado por orden judicial.