El concejal Marcelo Cárdenas (PV) presentó un pedido de informes sobre el proyecto de urbanización en el loteo San José.  Los terrenos fueron ocupados el año pasado por un grupo de vecinos/as ante la necesidad habitacional; luego de un acuerdo con los propietarios (la familia Arias) se retiraron del lugar para poder comprarlos en cuotas accesibles, ahora deben empezar a pagar pero no están claros los términos de esa transacción. (Claudia Alvarez Ferreyra)

En abril del año pasado, ante la necesidad habitacional,  más de 130 personas tomaron tierras que se encuentran al final de la Avda. General Güemes. La familia propietaria pedía en un primer momento el desalojo.  Los/as vecinos/as pedían que esas tierras les fueran vendidas en cuotas. Para ello formaron una comisión,  y llegaron al acuerdo de constituirse en una cooperativa y comprar los lotes en el marco de esa sociedad. El martes pasado, el concejal Marcelo Cárdenas pidió informes a la municipalidad puesto que es el organismo al que le compete regular esta situación y porque los/as vecinos/as debían comenzar a pagar  pero tienen dudas respecto de los depósitos bancarios que deben realizar para adquirir los lotes ya que no reciben ningún comprobante.

En comunicación con Cuarto Poder, el concejal Cárdenas explicó que algunos vecinos le solicitaron que hiciera algo ante las inquietudes que le formularon. “Me mostraron hojas A4 con membrete donde figuran nombres, números de cuenta, CBU, para adquirir el terreno les piden que hagan depósitos previos, y eso no condice con la ley de loteo 1030. La ley dice que la empresa que va a lotear es la encargada de hacer todos los planos, las presentaciones, con informes que deben dar respecto a recursos hídricos, factibilidad de suelo, impacto ambiental y social expedido por la municipalidad. Todo recae en el municipio, encargado de hacer cumplir la ley si es que se va a hacer un loteo. Tienen que tener un visado por parte del IPV. Pasé por esos lotes y no hay cartel de nada. Pido informes porque desconozco  la situación”.

El edil asegura que la problemática del déficit habitacional es grande en la ciudad y que hace falta gestionar viviendas ante el IPV. Respecto al pedido de informes que acaba de realizar y que dispone  un plazo de 15 días al departamento ejecutivo municipal agrega: “Ni los vecinos saben, es como que van a comprar un auto y no lo ven,  tenían que hacer un depósito bancario que tenía plazo. Se arriesgan porque el banco solo cumple la función de recibir la plata y entregarla pero legalmente no incide en nada si después les niegan que pagaron porque no les dan un certificado de que están pagando para tal cosa”. Además asegura Cárdenas “hay que abrir las calles, hacer el tendido eléctrico, si lo venden así como está no van a poder ni bajar la luz, tener agua. Cuando van a hacer los convenios para un loteo se hace también la factibilidad de bajada de luz, Edesa expide un certificado y también aguas del norte”.

El proyecto dice que “la posibilidad de adquirir terrenos por parte de loteos privados en la ciudad puede ser una alternativa válida para las familias, dando una solución parcial a la problemática habitacional actual existente siempre y cuando se ajusten a normas y leyes vigentes tales como la ley 1030 decreto 1410/13 incluida la actualización de la misma… La venta de terrenos sin previa autorización y que no se ajusten a normas y leyes vigentes luego se convierte en una problemática  social grave para las personas que (los) adquieren y habitan… Para adquirir esos terrenos se han entregado a los interesados hojas A4 a modo de instructivo donde figura el nombre del loteo y la empresa MM y asociados (estudio contable). En ellas se brinda información de cómo adquirir dichos terrenos, figuran nombres de personas, números de CBU, cuentas bancarias y montos de dinero a depositar previamente para acceder a la compra de los mismos”.

También se menciona que “dicho loteo será un paliativo a la problemática habitacional de la ciudad”. En J. V. González el acceso a un terreno  o vivienda representa una gran problemática para las familias que no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder pagar ya que los costos en la parte privada son por lo general muy elevados. Hay además mucho trabajo en negro y precarizado, con bajos salarios, lo que impide a la gente poder adecuarse a los requisitos del mercado inmobiliario.

El pedido de informes puso  un plazo de 15 días para que el Departamento Ejecutivo Municipal de cuenta de los trámites iniciados por la parte privada sobre el nuevo loteo San José en J. V. González.

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