Con la mira puesta en 2023, el exgobernador Juan Manuel Urtubey reapareció en la escena pública, reivindicó las políticas sociales de su gestión y hasta cree tener la solución a la crisis actual. Repaso obligado y necesario de los 12 años de gobierno «U» para no perder la memoria.
Nicolás Bignante
Una práctica extendida entre los olvidados y caídos de la política es la de hablar como si nunca hubieran gobernado y ahora fueran la solución a todos los problemas reales. Las crisis políticas abonan las condiciones para que recurran a ella los protagonistas de notables fracasos electorales, como Donald Trump en EEUU o Mauricio Macri en Argentina. Los malos antecedentes de gestión parecen no pesar en momentos de vulnerabilidad institucional y los representantes de la tragedia se vuelven invulnerables al sentido elemental de la vergüenza.
A la lista de los que asoman el periquete y buscan resucitar en medio del tormento económico actual, se sumó esta semana el exgobernador Juan Manuel Urtubey, a quien no parecen haberle bastado 12 años de gobierno para poner en práctica sus fórmulas. Su espadachín en el plano local es su eterno aliado, Pablo Kosiner, también liviano de culpas y desprovisto de autocrítica. Fue el exdiputado quien subió al ring al esposo de Isabel Macedo al asegurar que están trabajando en conjunto «para volver en las próximas elecciones».
En una entrevista con la conductora Viviana Canosa, el ex mandatario intercambió elogios con el ídolo de la ultraderecha y padrino político de uno de sus hijos, Javier Milei. Aclimatado al discurso imperante, el antecesor de Gustavo Sáenz se despachó contra los planes sociales asegurando que durante su mandato no se aplicaron en la provincia «porque eso no es peronismo, peronismo es crear trabajo». La frase exige, como mínimo, una revisión de las políticas sociales del urtubeycismo y su impacto real en los sectores más postergados de la provincia.
Planes no, asistencialismo si
Fueron inmediatas las repercusiones que los dichos del exmandatario tuvieron en redes sociales. Algunos recordaron las penosas imágenes de familias originarias agolpándose para atrapar los bolsones de alimentos arrojados desde un helicóptero durante la crecida del Pilcomayo. La cruda filmación recorrió los medios nacionales y la entonces ministra de Desarrollo Social, Edith Cruz, se justificó denunciando una «movida política» en su contra.
Si bien, la provincia no contó ni cuenta con planes propios, participó y financió parte de los programas de Nación como la tarjeta social. Dentro de ese programa, Nación envió para el último tramo del gobierno de Urtubey 128.714.400 de pesos, mientras que la Provincia aportó otros 213.724.680 de pesos. Pero, aunque en un sentido estricto las políticas sociales del gobierno de Urtubey no encuadran dentro de la definición de plan social, si tuvieron un fuerte componente asistencialista.
Sobre el final de su tercer mandato, el porcentaje del presupuesto de Desarrollo Social destinado a la entrega de módulos alimentarios alcanzó el 62%. El dato se desprende de la última presentación que la funcionaria realizó en la cámara de diputados. Allí también mencionó el crecimiento de los merenderos, al informar que de asistir a 80, pasaron a asistir a 249 con la entrega de víveres secos, alcanzando una población de 15.420 niños.
La ayuda social durante la gestión «U» no estuvo desprovista de polémicas en torno a posibles fines electoralistas. De hecho, Cruz fue denunciada por incumplimiento en los deberes de funcionario público luego de que se difundieran imágenes en las que aparecía repartiendo bolsones junto a un candidato a diputado nacional del urtubeycismo.
Conin-tenciones poco claras
A través del decreto Nº 1.499/13, el gobierno provincial, la Municipalidad de Salta, la Universidad Nacional de Salta, la fundación CONIN y organizaciones de la sociedad civil que integran Salta Solidaria en Red se comprometieron a mejorar el nivel de los comedores y merenderos a los efectos de transformarlos en Instituciones de Desarrollo Comunitario (IDC) y realizar un relevamiento nutricional y social en las zonas periféricas de la ciudad.
El acuerdo con la fundación que dirige el doctor Abel Albino estuvo en el centro de las polémicas por sus nulos resultados y los millonarios desembolsos que supuso. Fue por eso que la cámara de senadores solicitó en 2020 una auditoría cuyo un informe de 33 páginas fue entregado al ejecutivo en abril de este año.
El convenio establecía que la Provincia otorgaría los fondos necesarios para cubrir la realización de las obras de infraestructura definidas para la mejora edilicia de los comedores y merenderos involucrados en el Programa y destinaría en comodato a la Fundación CONIN un terreno dentro del ejido de la Ciudad de Salta, para la construcción de un Centro de Prevención de la Desnutrición Infantil y de Promoción Humana (CPP).
Sin embargo, para sorpresa de los auditores, entre 2015 y 2019 el ex Ministerio de la Primera Infancia no transfirió fondos a la Fundación CONIN. Si lo hizo en cambio con otras tres fundaciones: Fundación Nutrir Salta; Fundación El Fortín (Tartagal) y Asociación Civil C.Re.C.E.R. (Creando Redes Caritativas con Esfuerzo y Responsabilidad) de Metán. A Nutrir Salta le transfirieron $8.160.000 entre 2016 y 2019. En este período de tiempo, El Fortín recibió $2.000.000 y un monto similar la Asociación Civil de Metán.
El informe detalla, por otra parte, irregularidades no menores como, por ejemplo, que los convenios de trabajo conjunto no poseen fecha de celebración o la ausencia de rendición de cuentas. «Se hizo efectivo el pago de subsidios sin que se hayan presentado las correspondientes rendiciones de gastos mensuales, en incumplimiento a la cláusula sexta de los convenios de trabajo conjunto celebrados en los años 2016 y 2017», destaca el informe.
Norte olvidado y sin obras
El Fondo de Reparación Histórica del Norte se lanzó el 20 de marzo de 2012 en Embarcación, donde Juan Manuel Urtubey junto a su hermano Rodolfo firmaron el convenio para iniciar las primeras 14 de las 176 obras previstas para los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia. Al culminar su mandato, decenas de obras quedaron inconclusas, otras mutaron sospechosamente en sus características, algunas se tornaron impagables y otras simplemente desaparecieron de la lista.
Este semanario recorrió el norte en varias oportunidades donde pudo constatar la dimensión del desfalco y las enormes irregularidades en la ejecución del programa. Algunas de las obras que integran la lista son:
Planta depuradora de Orán ($33 millones), el Nuevo Mercado Municipal de Orán ($14,7 millones), la Terminal de ómnibus de Morillo ($2 millones), la Escuela de Educación Especial N° 7209 de Cnel. Juan Solá ($4,6 millones), la Planta de líquidos cloacales y colectora máxima de Pichanal ($14 millones), las Redes cloacales y domiciliarias de Santa Victoria Este ($3 millones), la Planta depuradora de Hipólito Yrigoyen ($6,5 millones), la Electrificación Tartagal-Tonono ($7 millones).
Ponerle un número al atraco parecería imposible considerando que el plan preveía una inversión de 220 millones de dólares cuando la divisa norteamericana cotizaba en $4,32, por lo que los valores en pesos deberían -como mínimo- multiplicarse por 33 para equiparar el valor actual del dólar oficial.
Plan del Bicentenario
Muchas de las obras fallidas del FRH pasaron directamente a ser financiadas por el Plan del Bicentenario, otro empréstito que se terminará de pagar recién en 2024 y por el cual la provincia empeñó las regalías hidrocarburíferas. Esa deuda se tomó con una tasa de 9.125% de intereses y el monto total del préstamo fue de 350 millones de dólares. Inicialmente, el plan preveía inversiones en proyectos vinculados a infraestructura educativa, hospitalaria, vial, de servicios básicos, transporte, carcelaria y de seguridad, hídricas, productiva, turística y cultural. También se destinarían parte de esos fondos a la adquisición de bienes preexistentes, como tierras para nuevas urbanizaciones; compra de maquinarias y equipos.
Los resultados de aquella operación fueron igual o más catastróficos que los del Fondo de Reparación Histórica. La dilación en la ejecución de las obras llevó a que muchas de ellas se paralizaran, se volvieran impagables o pasaran a formar parte de la lista de proyectos del llamado Plan Belgrano, lanzado durante la era Macri.
Para el final de la gestión «U», los servicios de la deuda alcanzaban los 9800 millones de pesos sólo para el año 2020. De ellos, 5 mil millones están en moneda nacional con Nación, FFIR y Convergencia Fiscal. En tanto 4800 millones de pesos están en dólares y corresponden al Fondo de Reparación Histórica, Plan Bicentenario, BID y BIRF.
Indudablemente, de haberse concretado ambos planes, no se hubieran resuelto, pero al menos se hubieran menguado los efectos del desastre social que llevó a que todo el norte provincial sea declarado en emergencia sociosanitaria. Hoy en cambio, departamentos como Rivadavia exhiben índices humanitarios comparables con los de África.
Desnutrición: Dibujando números
Las muertes por desnutrición y abandono del estado en el norte provincial cobraron una notoria visibilidad a meses de que concluyera el mandato urtubeycista. A los traspiés de la administración entrante, se sumó una variable de análisis desconocida hasta entonces: el aceitado mecanismo de ocultamiento de datos durante la gestión Urtubey.
Cuarto Poder accedió a planillas internas del ministerio de Salud, donde se encuentran asentados los datos sobre mortalidad infantil hasta 2019. De allí se desprende que en 2018 unos 283 niños perdieron la vida por diferentes motivos, de los cuales 240 eran menores de un año y los otros 43 tenían entre 1 y 4 años.
La información oficial -entiéndase, los datos suministrados por la anterior gestión- consigna que, del universo de fallecidos entre los 1 y 4 años, unos 20 decesos estuvieron relacionados directamente con la malnutrición. Aparecen allí causas como: «desequilibrio medio interno», «acidosis metabólica», «sepsis», «desnutrición proteicocalórica», «diarrea», «shock séptico», «deshidratación», «marasmo nutricional», «gastroenteritis», «colitis», «enterocolitis necrotizante», «choque hipovolémico» y «otras septicemias especificadas». En todos los casos se trata de niños oriundos de municipios de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia.
En 2019, las muertes de niños menores de cuatro años en el territorio provincial fueron 278, considerando todo tipo de causas. De ellos, unos 229 no llegaron cumplir un año de vida. Los comunicados y balances oficiales consignaron que apenas nueve de esos decesos estuvieron vinculados con la desnutrición, aunque la realidad y las mismas estadísticas digan lo contrario. Mientras que las palabras «desnutrición» y «deshidratación» eran desplazadas de las causales de defunción, las sepsis, shocks hipovolémicos y/o diarreas estuvieron presentes en segunda instancia en reiterados casos. De esta forma -y por instrucciones directas de superiores jerárquicos del área de Salud o Primera Infancia- decenas de casos relacionados a la malnutrición eran sencillamente invisibilizados.