En medio de fuertes señalamientos por desmanejos y corrupción, la obra social de la provincia denunció públicamente a un empleado por embolsillarse $500 mil. La cifra podría ser un vuelto en relación a los negocios detrás de las polémicas tercerizaciones del instituto.
El escarnio público al que fue sometido un empleado raso del Instituto Provincial de la Salud (IPS) podría ser apenas la punta del iceberg de un entramado mucho más complejo de corrupción. Convenios con empresas familiares y servicios tercerizados sin motivo aparente, son algunas de las denuncias que recaen sobre las autoridades actuales de la institución. Mientras el organismo monta un desproporcionado show mediático, el descontento de los afiliados por la prestación del servicio y los señalamientos por desmanejos se multiplican.
El pasado lunes el instituto llamó a una conferencia de prensa para informar sobre los resultados de una auditoría interna. En el comunicado escrito entregado a los medios se leía: «El Instituto Provincial de Salud de Salta informa a sus afiliados que, tras haber detectado irregularidades graves por parte de unos de sus empleados perteneciente al sector de Derivaciones Extra Provinciales, se dio inicio al correspondiente sumario administrativo, además se radicó una denuncia policial y se dispuso su licencia sin goce de haberes».
Tres días más tarde, investigadores del CIF llegaron hasta las oficinas de la obra social para retirar los expedientes del lugar en donde trabajaba el empleado investigado. Desde el IPS no dudaron en ventilar el nombre del acusado ante la prensa, al igual que el delito por el cual se encuentra imputado: Fraude a la Administración Pública, Concusión y Falsificación de Instrumento Público, todo ello en concurso real en perjuicio del IPS.
Según se desprende del informe de la auditoría, Pablo Federico Anze convencía a los afiliados para que le realicen transferencias de dinero a su caja de ahorro con la promesa de agilizar los, ya de por sí, engorrosos trámites del IPS. Se estima que la práctica se habría aplicado con al menos 20 pacientes a los que les entregaba recibos apócrifos. La dimensión del desfalco fue estimada por la auditoría en $500 mil, aunque fuentes internas consultadas por este medio aseguran que no supera los $200 mil.
Ese mismo jueves a las 7 de la mañana, mientras las autoridades de la obra social preparaban una nueva conferencia para la ocasión, la policía de la provincia ingresó al domicilio de Pablo Federico Anze y se lo llevó detenido. Secuestraron computadoras y hasta su vehículo personal, todo en presencia de su esposa.
Siempre por lo más fino
Anze prestaba funciones en el estratégico departamento de derivaciones extra provinciales. De allí se derivaba a pacientes para que puedan continuar su tratamiento en otras instituciones. El intermediario por excelencia era y es Meditar S.A., una empresa santafesina de servicios médicos de alta complejidad.
Según confiaron fuentes del instituto a Cuarto Poder, por orden de la presidenta Gladys Sánchez, todas las prestaciones debían realizarse a través de esta empresa, sin importar la diferencia de costos que pueda existir. Esto se habría dado a instancias de su amistad con César Lago, subgerente de la compañía. De allí que algunas operaciones que podrían haberse costeado por $200 mil en la provincia, se pagaran casi el doble con Meditar. La orden de Sánchez alcanzaba concretamente a Pablo Anze, ya que era él quien debía autorizar las derivaciones. De esta forma, con unas pocas operaciones de este tipo, el desfalco habría superado ampliamente el fraude atribuido al empleado desleal.
El reconocimiento implícito de la estrategia de Sánchez (la operación cara lavada) quedó en evidencia cuando dos afiliadas presuntamente damnificadas le confesaron al propio Anze que desde el IPS coaccionaron para que lo denuncien. «Nos dijeron que si no te denunciábamos perdíamos todas las prestaciones», confesaron. El linchamiento del empleado, incluso contradice el acuerdo propuesto por Sánchez de manera preliminar para que el imputado devuelva en cuotas el monto cobrado irregularmente. ¿Limpieza estructural o sacrificio mediático?
Mañas conocidas
En 2018 la provincia de Entre Ríos se vio convulsionada por una denuncia de idénticas características. Las autoridades del Instituto de Obra Social de la Provincia (IOSPER) contrataron a la gerenciadora santafesina por cifras millonarias y pagando tres veces más de lo que costaba en la provincia del litoral. La obra social, que por entonces contaba con un presupuesto total de 3.800 millones de pesos, desembolsó más de 1.300 millones de pesos a Meditar.
Luego de que se conociera la noticia, médicos y clínicos entrerrianos dejaron trascender que las mismas prestaciones en Entre Ríos tenían un costo que equivale a un 33% de lo que se pagaba en Santa Fe. Por ejemplo, entre lo abonado a Meditar figuraba una derivación a Santa Fe por 224 mil pesos, que, en Entre Ríos salía menos de 70 mil. En la maniobra se perdió mucho dinero, ya que hubo una gran diferencia entre lo facturado por los prestadores a la intermediaria y lo que finalmente terminó abonando la obra social.
El año pasado, en plena pandemia, una ciudadana de Nogoyá solicitó un crédito asistencial al IOSPER para afrontar una operación de $51 mil. La obra social derivó la misma a una clínica santafesina a través de Meditar, pero en la provincia vecina le respondieron que no contaban con los fondos. La operación nunca se hizo, pero la clínica santafesina pasó factura a la obra social entrerriana. A los meses, cuando fue la mujer fue a cobrar su sueldo, se llevó la sorpresa de que el IOSPER le había empezado a descontar en cuotas el crédito que nunca le habían otorgado por una operación que nunca se había hecho.
Negocio de amigos
En marzo de este año, según consta en el Boletín Oficial, la empresa POZUELO SRL cambió su objeto social y pasó de trasportar «mercaderías o cosas en general por vía terrestre» a brindar «servicios de transporte de personas». A un mes de haber incursionado en el nuevo rubro, uno de los gerentes de la firma, Alejandro Ingala, envió una nota dirigida a su amigo personal Marcelo Vicente, miembro del directorio del IPS y casi en tiempo récord rubricaron un convenio para el traslado de personas con discapacidad. Meses después, el instituto informó que todos los viajes pasarían a realizarse monopólicamente a través de POZUELO SRL, en una clara vulneración a los derechos de padres y niños con discapacidad.
Lejos de acusar recibo, la auditora del área de discapacidad del IPS, Graciela Salazar, justificó la centralización del servicio aduciendo que se hacía para «tener mayor control y evitar irregularidades como la que se detectaron en la presentación de facturas y cantidad de kilómetros recorridos».