Uno de los organismos a los que se le solicitó información fue el Ministerio de Seguridad de Salta. También espiaban a jueces, legisladores y a tres gobernadores.
El actual gobierno busca desentrañar si desde diversas dependencias del Estado el Gobierno de Mauricio Macri desplegó actividades de espionaje e inteligencia ilegal en relación a 25 personas, entre ellas jueces de la Corte, de la Cámara de Casación, jueces federales y del fuero penal económico, gobernadores y presidentes de bloques en el Congreso. Ahora, el juez Rodolfo Canicoba Corral detectó «ingresos sospechosos» en búsqueda de datos sobre siete empresarios, «por parte de distintas Fuerzas». Uno de los organismos que ayudó al espionaje fue el Ministerio de Seguridad de Salta.
La tarea emprendida por el juzgado de Canicoba Corral busca establecer si hubo motivos que justifiquen los ingresos detectados. Un informe que está en el expediente detalla la fecha y desde qué organismos se buscó información, a lo que se incorporó un grupo de empresarios sobre los cuales se realizaron diversos ingresos.
El informe consigna distintos ingresos de búsqueda de datos de ese listado de personas desde la AFIP, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Jefatura de Policía de la Ciudad, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Gendarmería Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Procuración General de la Nación, las Jefaturas de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval y el ministerio de Seguridad de Salta.
Las extrañas búsquedas no se acotaron a los funcionarios de la justicia. Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, hubo rastreos sobre el gobernador chaqueño Domingo Peppo el 25 de enero de 2018; sobre Alicia Kirchner el 22 de agosto de 2018, y sobre el gobernador chubutense Mariano Arcioni en dos oportunidades: el 19 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de ese mismo año. Peppo presentó un escrito con sus abogados en el que pide tener acceso al expediente.
