Con el fallo de la Corte de Justicia de Salta, el expediente volverá al juzgado de primera instancia y se deberá adjuntar esa documentación para que sea analizada por la Fiscalía. La empresa sigue afirmando que cumple con los requerimientos. El testimonio de un vecino que vive a metros desmiente la versión que afirma que el feedlot no contamina. (C.A.F/M.A).
Nadie se atrevía a pronosticarlo pero al parecer la presión mediática obligó a Inversora Juramento a ensayar un gesto de transparencia alrededor de su sistema productivo (engorde bovino a corral) el cual genera fuertes olores y es sospechado de producir daños en la salud de las personas que viven en las cercanías.
Así es que la semana pasada se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de la empresa, una comisión compuesta por la diputada Alejandra Navarro y los concejales Rubén Palmero, Marcelo Cárdenas (FPV) Jorge Esquivel (Frente Evita) y Juan Pablo Cuellar (UCR-Cambiemos). Aparte de entregar una copia del Estudio de Impacto Ambiental y Social, también mostraron la primera parte del proyecto de traslado de las vacas al puesto 21, y quedó claro que ellos manejan la situación. Absolutamente nadie se atrevió a salir del comportamiento protocolar y cuestionar a la empresa en dicho encuentro. Sólo un edil se animó a soltar una verdad. Dijo off the record que todos los presentes estaban interesados en que Jorge Brito les financie la campaña.
Ratifican el amparo
Antes del inicio de la feria y luego de que colocáramos el foco sobre el gigante emprendimiento ganadero, la Corte confirmó el amparo ambiental que la fiscalía impulsó contra el municipio por la falta de información respecto a Inversora Juramento.
Dichos pedidos de informes de la fiscalía, dirigidos al intendente de esa ciudad, Juan Domingo Aguirre, ingresaron al municipio en fecha 8 de diciembre de 2013, y ante su omisión, el 22 de enero de 2014 se reiteraron. El 3 de febrero de 2014, el municipio a través de la Coordinadora Ejecutiva de Ingresos Públicos, contadora Sandra Páez, respondió los pedidos pero sin precisar la información requerida, sobre todo respecto a la información y participación social exigida por la ley. Se dijo que tal certificación ambiental había sido presentada, pero fue observada por la municipalidad, sin dar detalles de los puntos cuestionados.
Esta situación, pese a la insistencia ejercida desde la fiscalía, se extendió por todo el año 2014, hecho que llevó al fiscal a plantear al año siguiente un recurso de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia de Joaquín V. González, a cargo de la jueza Patricia Rahmer.
A modo de no comerse el amague es menester destacar que llama la atención que el amparo haya sido interpuesto contra el municipio del sur y no hacia la empresa de Brito, sospechada de contaminar.
La jueza y la empresa
Los responsables de la empresa Inversora Juramento S. A., el gerente general Claudio Cerezo y el apoderado Francisco Müller, al ser consultados manifestaron que presentaron el Estudio de Impacto Ambiental en el municipio, la Secretaría de Medio Ambiente y la justicia. Señalaron que había una negativa de la municipalidad para entregar la información a la fiscalía y al Concejo Deliberante. Esto último es una cuestión que tendría además de fondo una disputa que excede a sus controles.
“La ley 7070 —rige desde 1999— no exigía a las empresas que ya estuviesen operando que presentasen informe de impacto ambiental. Debían ser interpeladas por la autoridad de aplicación para hacerlo. Independientemente de esto, la empresa preparó el informe de Impacto ambiental, lo tenemos listo y presentado a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia que era en ese momento la autoridad de aplicación”. Desde la ley 7070 la autoridad de aplicación pasaría a los municipios que se presentasen como tal “si el municipio renuncia queda en la provincia… Cuando el municipio pidió el estudio de impacto ambiental instado por la fiscalía en 2012 o 2013, lo presentamos”, dijo Müller.
La contaminación ambiental relatada por un vecino
Andrés Luna Diez tiene una vivienda a metros del feedlot de Inversora Juramento. Su casa está impregnada con los olores nauseabundos. Es imposible habitar el lugar, a pesar de que tiene un gran valor familiar puesto que fue la casa de sus abuelos y estaba antes de que se instalara la firma de Brito.
En diálogo con nuestro semanario comentó: «mi casa está a menos de 100 metros del feedlot y tengo una gran preocupación. Hasta hace una semana tenía 30 mil animales al frente; así no se puede vivir, en mi casa no se puede vivir, las moscas son muchas y el agua de mi pozo está contaminada».
«Es poco serio decir que no contaminan. Hablé con un empleado y me dijo que difícilmente muevan el feedlot por completo. Me prometió que iba a reducir un 30% la presencia de animales y aunque lo corran ya es impresionante el impacto», dijo y agregó: «Sí se genera amoniaco y gas metano que se produce por la bosta es imposible sostener eso, está fuera de la realidad sostener lo que dicen en Inversora Juramento».
«Yo tuve que irme de mi casa por la amenaza, no sé cuál es la solución, ellos tienen un potencial económico que le permiten hacer modificaciones; tienen que dejar de mentir diciendo que no hay un foco infeccioso y las moscas. El feedlot grande no lo van a mover, va a seguir estando y muchos estamos asustados por la contaminación y por lo que están generando», indicó.
Para finalizar, Luna Diez resaltó: «Ellos utilizan funcionarios públicos para justificar al feedlot, no invitan a los que desde hace años vienen manifestándose en reclamo de mejores condiciones ambientales. Merecemos todas las explicaciones. Solo dicen cosas bonitas por los medios. Parece que ya están en campaña. Tengo intenciones de hacer la denuncia correspondiente para que la justicia determine a favor de los vecinos de la zona, hay gente tremendamente afectada, con cáncer y afecciones en los riñones, eso hay que investigar».