De los 60 intendentes que culminan su mandato en diciembre, unos 46 buscarán seguir en el cargo bajo el amparo de la constitución provincial que habilita las reelecciones indefinidas. Otros tantos dejarán las intendencias pero para ir en busca de otros cargos. (Nicolás Bignante)
«Para ser Intendente se debe tener veinticinco años de edad como mínimo, ser nativo del Municipio o tener dos años de residencia inmediata anterior en él y las demás condiciones para ser Concejal. Los Intendentes duran cuatro años en sus cargos y, los Concejales dos años. Todos son reelegibles». De esta forma la constitución provincial, a través del régimen municipal, habilita y consolida los patronazgos indefinidos en los municipios de la provincia. En algunos de ellos, las generaciones de votantes que irán a las urnas por séptima vez -contando elecciones ejecutivas e intermedias- no han tenido la oportunidad de conocer otra administración municipal, salvo aquella que los vio nacer. En otros casos podrían retornar históricos jefes comunales que, tras 20 años o más de gestión, regresarían al poder luego de un período de impase. Otros tantos, planean retomar las riendas de sus municipios tras haber sido destronados por encontrarse involucrados en escándalos de toda índole. En otros casos, la oposición cumple roles testimoniales o simplemente no existe. Lo cierto es que cuando se habla de las intendencias, las palabras renovación y recambio corren muy por detrás de los aparatos clientelares y las estructuras.
Al menos 46 de 60 intendentes buscarán ser reelegidos en sus cargos amparados por la constitución provincial. Las historias son para todos los gustos. En el joven municipio de Tolar Grande, el actual intendente Sergio Villanueva se encamina a la reelección directa. Su único opositor, un minero llamado Orlando López, fue trasladado a la provincia de San Juan por la empresa en la que presta servicios, por lo que tuvo que dejar atrás su carrera política. La lista “Nuestra fuerza más grande es la gente” es la única que figura en los registros del tribunal electoral y pertenece al actual intendente, quien fuera condenado a un mes de prisión por no presentar su declaración jurada en 2015. La lista de Villanueva obtuvo en ese año el 80% de los votos, exactamente el mismo porcentaje de la población que trabaja en el municipio: «En Tolar Grande tenemos desocupación cero», se jactaba por entonces el comandante del municipio andino.
Luego de seis años de ostracismo, el prostibulario Carlos Villalba quiere volver a las andanzas y retornar a la intendencia de la localidad fronteriza de Salvador Mazza. Todo bajo el patrocinio de Leavy y con su lista «Escribiendo Futuro». En el año 2013, fue encontrado en el cabaret «Terra Nostra» tras un operativo de la Policía Federal, AFIP y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. De los allanamientos promovidos por fuerzas de seguridad nacional se rescataron a 34 mujeres, víctimas de la trata de personas. Sus antecedentes no fueron impedimento para que en 2015 volviera a presentarse como candidato, tal como hará el próximo 6 de octubre.
En suma, lo que habilita a los patrones municipales a manejarse con tamaña impunidad no es más que el poder derivado del manejo discrecional de recursos; que a su vez deriva de la descentralización promovida por el gobierno provincial. Salta dedica el 60% de su presupuesto (este año, casi 46 mil millones de pesos) a pagar sueldos; los municipios funcionan como cajas de empleo y a esto se suman los beneficios sociales, que pueden ser utilizados con propósitos extorsivos.
Aunque el recuento arroje como resultado que unos catorce jefes comunales desistirían de renovar sus cargos, es preciso aclarar que de ellos, sólo cinco se irán a sus casas una vez finalizado su mandato. Hablamos de los intendentes: Daniel Escalera (La Caldera), Alberto Fermani (Las Lajitas), Jorge Gallardo (Hipólito Yrigoyen), Ramón Díaz (Angastaco) y Fernando Romeri (Metán). Aunque alguno de los mencionados pueda continuar su rumbo en otros ámbitos, todos llevan consigo al menos una promesa de cargo público cuyo cumplimiento está sujeto a los resultados del 10 de noviembre.
Los nueve intendentes restantes abandonarán la contienda por la administración municipal, pero para embarcarse en nuevas aspiraciones. Algunos ya lo hicieron en las primarias nacionales, como Marcelo Lara Gros, otros lo harán en octubre en las categorías legislativas provinciales. Néstor Pedroza, intendente de Urundel, aspira a quedarse con una banca en el senado provincial como representante de Orán por el partido Recuperación peronista. Lo propio hará su colega Alfredo Soto de Iruya, quien pretende llegar a la cámara alta provincial por el departamento homónimo a través del FREJUVI. En el mismo grupo de aspirantes se ubicaría Andrés Mellado Castellano, intendente de El Tala, quien buscará entrar por el frente Sáenz Gobernador. El alcalde de Aguaray, Alfredo Darouiche, quien sólo lleva un mandato luego de haber desterrado al histórico Juan Carlos Alcoba, no pensó este año en la reelección; en cambio intentará representar al departamento San Martín en el senado provincial. Tras varias especulaciones sobre la posibilidad de integrar una fórmula para la gobernación, Ignacio «nacho» Jarsún jugará sus fichas a la diputación provincial con su partido «Salta por Todos». El jefe comunal de Campo Santo y presidente del Foro de Intendentes Mario Cuenca, no perseguirá la reelección en su pago; lo hará en cambo en la ciudad de General Güemes, donde enfrentará a otros ocho candidatos.
A la lista la completan el pluricandidato Sergio Napoleón Leavy, Gustavo Sáenz y el oranense Marcelo Lara Gros, quien todavía guarda ciertas esperanzas de entrar al senado de la nación arrastrado por una eventual fuga de votos macristas. De modo que apenas un 8% de los intendentes de la provincia, no aspiran a seguir ocupando cargos en el estado.
En el podio de los que acumulan mayor cantidad de años en el poder y pretenden continuar se encuentran: Samuel Córdoba (General Ballivián) y Juan Ángel Pérez (La Merced) con 28 años, Carlos Mur Reinaga (El Potrero) con 24; Leonardo García (El Quebrachal) y Alfredo Llaya (Embarcación) con 20. Terminar con las reelecciones indefinidas y -por extensión- con los privilegios de la política parece ser un discurso fácil cuando emana de quienes no ven comprometida su inmunidad. Para todo lo demás, excusas sobran.
