Se trata de una guía elaborada por los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD); de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad junto con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

«Estoy convencida que este tipo de políticas intrapoderes unifican los esfuerzos del Estado haciéndolos más efectivos para las víctimas de las violencias», destacó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.

Este protocolo «se realizó para reemplazar los procedimientos usuales de toma de denuncia por violencia de género por parte de organismos especializados para garantizar la salud pública y el acceso a la justicia», ante el aislamiento por coronavirus, explicó el MMGyD en un comunicado.

En tanto, Mariela Labozzetta, jefa de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) explicó a Télam que «al principio de la pandemia había pocas denuncias por la falta de circulación», por lo que los distintos organismos comenzaron a reunirse.

«Había que ofrecer alternativas, como fue el WhatsApp que incorporó el Ministerio de Mujeres y otras opciones que fueron surgiendo, como este protocolo que presentamos, con un rol activo de quien toma la denuncia y con perspectiva de género», añadió la fiscal.

El protocolo cuenta con un instructivo que establece que en los casos en los que el personal policial llegue a un lugar donde se encuentre una persona en situación de violencia de género, como primera medida deberá apartar al agresor del ambiente o espacio físico en el que se encuentre la mujer o persona LGBTI+.