Se escuchan voces que pretenden justificar los linchamientos de ladrones, afirmando que “la población está cansada de la inseguridad y descarga su indignación en los delincuentes”. Debemos ser muy claros: nada justifica un asesinato. (Tito Tonda)

Absolutamente nada y quienes perpetran un linchamiento deben ser juzgados y condenados. Dicho esto pasemos a analizar la cuestión de la inseguridad.

La Justicia cuestionada

Comparto los reproches de la ciudadanía hacia aquellos jueces que carecen de valor para impartir justicia, pero me refiero más bien a aquellos casos en que, en connivencia con el poder, no cumplen con su obligación y declaran prescriptas -por citar un ejemplo- múltiples causas abiertas en contra de Intendentes corruptos y conocidos saqueadores de los dineros públicos.

Sin embargo, no es culpa de la justicia el hecho de que los menores que delinquen “entren y salgan” de las comisarías; así lo establecen las leyes. Los Jueces no pueden encarcelar cuando la ley no lo admite, y tampoco pueden hacerlo cuando las leyes si lo permiten pero no hay lugar en las cárceles que -también debemos decirlo- no cumplen con la función que la Constitución les asignó.

Surge entonces la pregunta: ¿Qué podemos hacer para enfrentar la inseguridad de cada día?

Son muchas las voces que reclaman “mano dura” y por otro lado se encuentran los que sostienen que debemos insistir con la inclusión. Me inclino por la segunda opción, pero no estoy de acuerdo con el concepto de inclusión declamado por el gobierno, y a éste le decimos que con la Asignación Universal por Hijo (hoy muy devaluada por la inflación) no alcanza. Tampoco alcanza con las computadoras ni los $ 600 mensuales del plan Progresar; un chico de 14 años que delinque obtiene más de lo que ese monto le da por día.

Es en situaciones complejas como éstas en que se hace evidente no sólo la ausencia del Estado sino también la falta de interés de los funcionarios por otra cosa que no sean los votos.

Cuando se detiene a un joven o a un niño cometiendo delitos graves, se está detectando también a una familia en situación de abandono.

Debiera existir un protocolo para que el Estado llegue a esa familia con una asistencia integral para todos sus integrantes, tal es el mandato ínsito en los artículos 32º y siguientes de nuestra Constitución Provincial.

Debería retenerse al menor transitoriamente, en instituciones adecuadas (no los conocidos reformatorios), con profesionales idóneos y capaces de brindarles contención y, mientras tanto, Asistentes Sociales y Agentes Sanitarios, enviados por el Juez interviniente, visitarán y asistirán a todo el grupo familiar; con seguridad, estos agentes del Estado se encontrarán con un escenario dominado por el desempleo, el alcoholismo, las adicciones, la desnutrición o el analfabetismo.

Recursos hay de sobra, solo que se van en festivales, corrupción y clientelismo. Basta recordar que este gobierno comenzó su mandato en el 2008 con recursos presupuestarios por $3.000 millones, hoy cuenta con más de $ 15.000 millones y aun no encuentra la forma de cumplir con las más elementales obligaciones que le impone el texto constitucional. Si comenzaran a hacerlo en el plazo que les resta de mandato, recién entonces estarían éticamente autorizados para hablar de inclusión.

Gobernar no significa repartir plata y culpar a los otros (generalmente a los medios de comunicación) de sus propios errores e inoperancia. Gobernar significa proyectar un futuro de prosperidad para todos, enfrentando con capacidad y eficacia los problemas actuales, buscando su origen (en este caso se encuentra en el abandono de miles de hogares a los que solo les llega la extorsión clientelista) y asistiendo a esos hogares de manera integral, como lo haríamos con nuestros propios hijos.

Un Estado verdaderamente inclusivo no da limosnas; se hace cargo de sus hijos.