Diputados del PRO proponen una Fiscalía Anticorrupción. En nombre de la autonomía solicitan que no dependa del Ministerio Público, sino de la Corte de Justicia, aunque ésta da pocas muestras de separación con respecto al Ejecutivo.
Embanderados en la lucha contra la corrupción, los dos diputados macristas presentes en la legislatura salteña redactaron un proyecto que solicita la creación de una Fiscalía Anticorrupción con jurisdicción para toda la provincia. Con buen tino, propusieron que de crearse, la misma no debe depender de la Procuración General, a cargo de Pablo López Viñals, figura a la que consideran íntimamente relacionada con el poder ejecutivo provincial. Aunque López Viñals provino de la riñonada del fallecido padre del gobernador salteño; el procurador mantiene, aún tras la muerte de su mentor -Rodolfo Urtubey (p)-, estrechos lazos políticos y afectivos con el mandatario provincial.
El detalle que los representantes macristas en la cámara baja parecen desconocer es otro: la historia de la Corte de Justicia local en la que varios de sus miembros tienen un pésimo historial de dependencia política con los Ejecutivos de ayer y de hoy. El ejemplo paradigmático fue el del exjuez de la Corte, Gustavo Ferraris, quien en el año 2007, y a pocos días de la finalización del gobierno de Juan Carlos Romero, fue designado entre gallos y medianoche como magistrado de la Corte de Justicia pese a carecer de un pasado judicial y con nefastos antecedentes que cargó mientras era funcionario del Ejecutivo de aquel entonces.
Aunque ese fue el caso más obsceno, hay otros no menos evidentes y que incluyen a los actuales miembros de la Corte de Justicia. Entre los empleados y algunos jueces de la provincia sólo Susana Kauffman, Guillermo Posadas y en menor medida Guillermo Díaz, son reconocidos como magistrados que cuentan con carrera profesional. No es la valoración que poseen Ernesto Samsón, Fabian Vittar, Abel Cornejo y Pedro Catalano.
De los dos primeros recuerdan, profesionales y empleados, que accedieron al lugar que ocupan por contactos políticos con el Ejecutivo provincial: Samsón fue hasta el año 2013 funcionario de Urtubey, mientras Vittar -quien había sido legislador electo por el Partido Renovador de Salta- accedió al cargo tras acuerdos políticos entre el PRS y el propio Urtubey durante los primeros años de su gobierno. De Cornejo y Catalano, mientras tanto, todos enfatizan sus habilidades para acomodarse y no importunar con causas incómodas a las gestiones de Juan Carlos Romero y el propio Urtubey.
Todos los consultados, además, insisten en que tal dependencia tiene aspectos estructurales y subjetivos. Lo primero está relacionado con el hecho de que los cargos se renuevan cada seis años y ello inclina a los magistrados a contar con el favor del gobierno que presenta las ternas; lo segundo con el hecho de que muchos de los que pasan por la Corte naturalmente se han mostrados inclinados a poseer relaciones carnales con los ejecutivos provinciales de todo signo.