Atrasarse en el pago de sueldos y ostentar vínculos con el poder local parecen ser requisitos primordiales para triunfar en el mercado de la obra pública. A las denuncias presentadas contra una de las empresas favoritas del romerismo, se suman ahora los planteos de profesionales de “Ingenio Construcciones”, otra firma de cuestionables nexos con el poder y poco apego a las leyes laborales.

 

Un axioma infalible en el universo de la obra pública indica que, cuanto más estrecho es el vínculo de las empresas con el poder político, mayor es la impunidad con la que se manejan. El postulado cuadra perfectamente con el ejemplo de Ingenio Construcciones, cuyo gerente es el joven Julián Matías Segura, primo del exsubsecretario de Obras Públicas municipal y expresidente de la Cámara de la Construcción, Juan Carlos Segura. A pesar de los abultados montos que la firma percibió de parte del gobierno municipal en los últimos años, actualmente no puede garantizar el pago en tiempo y en forma de los salarios de sus empleados.

La existencia de contratos municipales con la mencionada empresa debería, por sí sola, representar un escándalo, pero en Salta, hace tiempo que los límites entre la función pública y los negocios privados se han difuminado. A lo largo de los cuatro años de gestión bettinista se otorgaron millonarias obras a empresas de familiares y amigos, tales como la cuestionada “Khalifa Ingeniería y Construcciones”, de propiedad del sobrino de Guillermo Durand Cornejo. Pese a la multiplicidad de ofertas, está claro que en Salta el círculo rojo de la obra pública ostenta muchos nombres, pero pocos dueños.

Pero tan cuestionable como la concesión de contratos a los amigos, resulta el hecho de que estos no puedan siquiera garantizar el salario de sus trabajadores o las condiciones mínimas para el desarrollo de sus tareas. Los profesionales de la oficina técnica de Ingenio Construcciones aguardan por el pago de sus haberes correspondientes al mes de febrero. La firma realizó trabajos para la minera de capitales franceses Eramine, que recientemente declaró una inversión de 680 millones de dólares para la explotación de litio en la puna. Pero antes de finalizar, se retiraron del lugar sin pagar los honorarios de buena parte del personal. Entre los más perjudicados se encuentran ingenieros civiles y técnicos en Higiene y Seguridad.

Relatos descartables

Uno de los profesionales damnificados dialogó con Cuarto Poder y contó su experiencia durante la realización de obras en la puna. “Al irse de la mina les dieron a todos la baja: Oficinas técnicas, operarios, etc. Pero a los del área técnica no nos dieron nada. Se retiraron por falta de plata y dejaron todas las herramientas ahí. Ahora dicen lo mismo, que no tienen plata para pagarnos. No nos pagaron los sueldos, no nos pagaron aguinaldos, nada”, recalcó.

El motivo del retraso, según la empresa, obedece a que la contratante (Eramine) no realizó los pagos correspondientes, lo cual podría deberse -entre otras cosas- a que las obras no llegaron a concretarse. “Ellos aducen que no les pagaron. No soy el único, somos varios los que estamos esperando desde febrero que nos paguen”, relató a este medio.

“Somos ocho de la minera Eramine, más los de Higiene y Seguridad. Nos dijeron que ya estaba depositado en marzo, pero fui al banco y me dijeron que nada que ver, que nunca se hizo ese depósito. Ellos me hicieron ver una factura, pero estoy dudando si es apócrifa. No es una empresa seria. Ahora estoy parado y necesito la plata”, añadió el damnificado.

A la falta de pago, se suman otras irregularidades y destratos con el personal. “Los operarios iban a pedir la vestimenta y no se la daban. El contador salía y decía ‘¿qué vienen a reclamar?’. Se ponía atrevido con los operarios” destacó.

Así y todo, a diferencia de los obreros de la construcción que cuentan con un gremio consolidado para canalizar sus reclamos, los profesionales se encuentran totalmente desamparados a la hora de realizar sus planteos. “Las mineras pagan en dólares y los sueldos de nosotros eran muy bajos a comparación de otras empresas. Se laburaba 11 horas por 14 días”, se lamentó el profesional.

Todo queda en familia

El lazo que une al gobierno municipal con el empresario Julián Matías Segura es su primo, el exsubsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Segura. Hace exactamente un año, la intendenta Romero puso fin a la labor del empresario tras el escándalo desatado en torno a los sobreprecios en la refacción de Avenida Discépolo.

La obra se presupuestó inicialmente en $16 millones, pero al poco tiempo esa cifra se elevó a $33 millones. El sobreprecio quedó al descubierto luego de la intervención del Tribunal de Cuentas Municipal, por lo que se acordó con la empresa contratista abonar la mitad de esa suma y se determinó que no habría más reclamos.

A raíz de ese hecho, el Ejecutivo Municipal publicó la Resolución 84, con la firma del secretario Legal y Técnico Daniel Nallar, que dejó sin efecto la designación de Segura. Curiosamente, en ningún párrafo del instrumento legal se menciona el nombre del empresario.

En los considerandos apenas se aclara que el ejecutivo lleva adelante “un proceso de reorganización administrativa, en virtud del cual corresponde dejar sin efecto tal designación”.

Puede fallar

Pero la liquidación de haberes no es el único punto flaco de la firma. Entre las múltiples obras asignadas por la Municipalidad, hay algunas que evidenciaron graves falencias y una calidad cuestionable.

Una de ellas fue la obra “Ventanas al Pasado”, inaugurada a fines de diciembre del 2021, y conocida como el Paseo de los durmientes. A los pocos días de haberse habilitado el tránsito, presentó quiebres en el pavimento que en principio se rellenó con alquitrán.

Los más curioso es que fue el propio Juan Carlos Segura quien advirtió las deficiencias en la obra llevada a cabo por la empresa de su familiar. El funcionario aclaró por entonces que los errores se produjeron en la compactación del pavimento que fue lo que generó la aparición de fisuras. Para solucionarlo, se levantaron los paños dañados para realizar el proceso de compactación nuevamente seguido de hormigonado.

La polémica revivió meses más tarde, a mediados de 2022, cuando un voraz incendio pulverizó las instalaciones del Centro Comercial del Norte, en calle Ituzaingó. Luego de que un funcionario municipal denunciara que Aguas del Norte tapó dos hidrantes que podrían haber abastecido a las autobombas, la empresa de agua emitió un comunicado responsabilizando al municipio por la obra “Ventanas al pasado”.

En relación a los hidrantes, Aguas del Norte aclaró que “fueron lamentablemente tapados con posterioridad por la Municipalidad al momento de realizar la nueva vereda”.