n. de r.
En tiempos todavía lejanos de la elección provincial que se realizará el año que viene, comienzan a aparecer intendentes y legisladores que quieren renovar el pacto con los ciudadanos, seguir cobrando dietas millonarias y ser los favoritos en negocios con el Estado.
Uno que ahora se muestra interesado por la suerte de las familias empobrecidas del Valle de Siancas fue Daniel Segura Jimenez, diputado provincial que está alineado con el oficialismo. Cuarto Poder en anteriores ediciones dio cuenta que junto a su padre y dos hermanos integran la empresa familiar que es dueña de un supermercado y se dedica a la producción agropecuaria, pero que también obtiene importantes ganancias como proveedor del Estado Provincial.
El 21 de Abril de 2025 la empresa “Miguel Segura S.A.” inscribió nuevamente su directorio en el que figuran Miguel Segura López (padre) y sus tres hijos Federico Miguel, Marcelo Gustavo y Daniel Alejandro. La relación del diputado (Daniel) con esta sociedad está publicada y es conocida por todos los güemenses y los funcionarios del gobierno provincial que intervienen en las contrataciones que casi siempre lo tienen por ganador.
Esta sociedad -Miguel Segura S.A.- sostuvo en todo tiempo buenos vínculos políticos con el poder de turno. Miguel Segura López (padre) ya se encargaba de la entrega de bolsones en los doce años en que gobernó Juan Romero, y continuó con estas contrataciones hasta la fecha, pasando por los gobiernos de Juan Urtubey y el de Gustavo Sáenz. Tal vez esto explique por qué uno de los hermanos fue Intendente de General Güemes y ahora es diputado; que otro fuera senador provincial y que su tío Pedro Segura fuera vicegobernador de la Provincia de Jujuy. Las incursiones por la política siempre culminaron en un tratamiento favorecedor en las contrataciones públicas.
Los Segura ganan licitaciones que tienen por finalidad ayudar a los ciudadanos que padecen la miseria pero, como en todo, el monopolio de las contrataciones en manos de una sola firma abre el camino a especulaciones. Existen muchos mayoristas que pueden competir con Miguel Segura S.A. pues cuentan con giros comerciales superiores que esta empresa, pero no quieren participar y perder.
Si bien la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario mantiene perfil bajo, algunas versiones no confirmadas hablan de que con las licitaciones contratadas por esa dependencia se compran los bolsones que se entregan a diputados y senadores para el trabajo político. Daniel Segura recibe bolsones para repartir a sus adeptos que son los mismos que vende su empresa?
Los más paranoicos sostienen que habría sobreprecios porque los bolsones que vende Segura no respetan la cantidad exacta de productos, el tipo de envase y los requisitos técnicos específicos (por ejemplo, exigir que la fecha de vencimiento de los alimentos sea mayor a 6 meses desde la entrega). De allí que les pueda faltar aceite o leche, que son los productos más caros. Sólo son habladurías, claro. Pero no estaría mal que alguien controle o que se publiquen los pliegos de las licitaciones dejando en claro qué le compran a una sociedad que siempre logra triunfar en las contrataciones.
En Noviembre de 2024, mediante la disposición 139/24 dictada en el expediente 411-183723/2024-0 ganó la licitación para entregar 4000 módulos alimentarios por $36.800.000,00, esta vez por menor precio. Por simple cálculo matemático cada bolsón se cobró $9200.
El 27 de Enero de 2025 por Disposición 11/25 esta agencia gestionó la Contratación Abreviada N° 102-0032-CAB25 por 4000 bolsones invocando la emergencia hídrica. A pesar de que solamente ofreció la entrega de 1000 módulos por $9.750.000 igualmente fue beneficiado el grupo Segura. Cada módulo se cobró a $9.750.
El 22 de Septiembre de 2025, en el Expediente N° 440-145083/2025-0, se tramitó la licitación n° 102-0240-LPU25 para la provisión de 5500 módulos alimentarios en la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario y en la que por Disposición 120/25 firmada por su presidente Pablo Guillermo Peñalba, ganó Miguel Segura S.A. con $57.750.000. Esta vez el precio por bolsón fue de $10500.
Por Disposición 137/25 del 30 de Octubre de 2025 la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario declaró nuevamente ganador al grupo de los hermanos Segura en la Licitación Pública Nº 102-0319-LPU25 tramitada para la provisión de 5500 módulos alimentarios por $65.450.000,00. En un mes el precio del módulo subió a $11.900.
Por Disposición 144/25 de Noviembre de 2025 Peñalba decidió sobre la Licitación Pública N° 102-0308-LPU25 y adjudicó a Miguel Segura S.A. para la provisión de 3600 módulos alimentarios por el monto de $32.364.000,00. Cada bolsón costó $8.990.
Según algunos comerciantes que se consultaron, las contrataciones de la agencia solamente parecen “contener” a los Segura. Ganan casi siempre, con precios más bajos o más altos, y a veces compite sola o empata. Nadie quiere gastar un peso para presentarse en licitaciones que ya tienen ganador anticipado.
En otro nivel de gobierno la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Sergio Camacho dictó la Resolución 60/26 aprobó el 22 de Abril de 2026 el procedimiento de la Licitación Pública n° 137-0058-LPU26 gestionado por la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Bienes y Servicios para comprar bolsones. En este caso, como no podía ser de otra manera, Miguel Segura S.A. ganó el contrato para proveer 10.800 módulos por un total de $129.492.000,00 IVA incluido. En este caso la empresa relegada fue AG MAX SRL. Se dijo entonces que la oferta más conveniente para los intereses de la Provincia fue la de los Segura con $11.990 por bolsón.
De acuerdo con el artículo 265 del Código Penal Argentino, incurre en delito el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo. Este podría ser el caso del diputado Daniel Segura.
Si bien un diputado provincial no adjudica directamente las licitaciones de módulos alimentarios (tarea que compete al Poder Ejecutivo o a la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario), sí se aplica al funcionario público -un diputado lo es- que pueden ejercer influencia política, presión presupuestaria o control legislativo sobre los órganos contratantes.
Al parecer el legislador nunca se puso colorado con esta situación. Es más, Segura nunca se abstuvo de votar en relación a las partidas presupuestarias que se destinan a la compra de módulos alimentarios, lo que importa una grave falta ética y también una violación de los principios de la ley 8072 (sistema de contrataciones provincial) que buscan asegurar la transparencia y evitar privilegios. Lógicamente que también podría ser investigado por negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Habrá algún fiscal que se anime a investigarlo? Está claro que el oficialismo disimula estas irregularidades por amiguismo político. Lo que no se entiende es que los autoproclamados “leones libertarios” tengan temor en denunciarlo y evitar que la ayuda social se monopolice con una sospechosa empresa familiar.
La ley 3382 prohíbe a todos legisladores representar o patrocinar, directa o indirectamente, intereses particulares para obtener beneficio o privilegio. Es más, al momento de asumir el cargo legislativo Daniel Segura estaba obligado a denunciar esta situación ante la Escribanía de Gobierno. Sin embargo, parece no haber leído ninguna ley que lo complique o lo obligue. Tal vez simplemente tenga el convencimiento de que sus influencias son suficientes y no van a suspender las compras de bolsones con su empresa. Está claro que para la justicia los poderosos siempre tienen la razón.