La postura desdeñosa del juez de la corte Horacio Aguilar frente a la prensa se torna cada vez más inocultable. Intimaciones y desplantes en un contexto de creciente hostilidad hacia el periodismo libre.
A un año de la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio, y luego de sendas reflexiones en torno al rol de los medios en tiempos de pandemia, pocas luces afloran en el horizonte en defensa de la libertad de prensa. Mientras las prácticas obstructivas del ejercicio libre del periodismo se mantuvieron intactas, algunos índices tendieron a agravarse. Escenarios tales como las movilizaciones en contra de las medidas sanitarias que tuvieron lugar en la primera mitad del año 2020, se convirtieron en lugares comunes para la agresión física y verbal a comunicadores, y el acceso a la información pública -a pesar de estar garantizado por ley- aún tiene carácter aspiracional.
Mientras tanto, los episodios lesivos de la libertad de prensa no dejan de tener lugar ante la mirada pasiva de los exponentes del poder. En algunas ocasiones, esto se explica en el hecho de que son protagonizados por ellos. Así al menos lo interpretaron la semana pasada los trabajadores de Radio Güemes de Orán, quienes mantuvieron un poco venturoso diálogo con el juez de la corte Horacio José Aguilar, que culminó peor de lo que esperaban. En la tarde del miércoles pasado, el magistrado dejó en claro su papel esquivo y hostil hacia la prensa, cortando repentinamente la comunicación que mantenía con los conductores del programa «La Previa de Hola Buen Día».
La requisitoria de los periodistas no era para nada compleja: Querían saber con qué criterio se había decidido destinar fondos millonarios para la ciudad judicial de Salta, existiendo necesidades similares en la ciudad de Orán. En una clara muestra de ninguneo a las demandas del interior, el magistrado interrumpió la entrevista aduciendo que debía continuar con sus actividades.
No es, sin embargo, la primera vez que Aguilar expone su intolerancia frente al ejercicio libre del periodismo. El 4 de marzo pasado envió a través de su apoderado (que curiosamente es su hermano Julián Aguilar) una carta documento al director de este medio en respuesta a una publicación que daba cuenta que los miembros de la corte habían recibido la vacuna Sputnik V. En la misiva, el juez de la corte intima a este medio a efectuar una retractación y a cesar con las publicaciones «improcedentes y difamatorias», exigiendo un resarcimiento que sería «destinado a entidades benéficas de la provincia de Salta».
Es sabido que, al igual que los sueldos de los jueces de la corte, los nombres de los funcionarios que recibieron la vacuna contra el Covid-19 de manera privilegiada, son un secreto de estado. Todo esto pese a que existen solicitudes en los tres poderes para que dicha nómina se transparente. En el caso de la justicia habrá que esperar a las resoluciones del juzgado federal a cargo de Ricardo Toranzos, quien investiga la presunta irregularidad en el suministro de 50 vacunas a trabajadores del CIF. No obstante, todas las aplicaciones efectuadas a funcionarios públicos en tanto «personal estratégico» deberán publicarse tarde o temprano en virtud de la resolución 712/21 del ministerio de Salud de Nación.
¿Intimaciones o intimidaciones?
En una línea similar a la expresada por Aguilar, el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán, también hizo llegar su carta a esta redacción. En la misma, el empresario intima a este medio a que se abstenga de referirse a la entidad que preside como «Liga Salteña de Bingos». Y aunque en el barrio todos aprendemos que los apodos no se eligen, lo que realmente incomodó a nuestro Grondona local, fueron las publicaciones en las que se denunciaban las maniobras de la comisión para aislar a representantes opositores. La liga, según su presidente, funciona de maravillas.
Pero cuando el asedio a la prensa no se da de manera formal, puede adquirir características intimidatorias y cuasi-mafiosas. Así lo atestiguaron los trabajadores de FM Aries, quienes se encontraron una madrugada con rastros de pintura simulando manchas de sangre en la vereda de la emisora. El mensaje amenazante pudo haber sido dirigido puntualmente a los comunicadores que prestan tareas en la emisora, aunque en rigor, se trate de un ataque a la libertad de prensa en su sentido más amplio.
Este y otros episodios fueron puestos sobre la mesa en una reciente reunión entre miembros de APES (Asociación de Periodistas de Salta) y el gobierno; aunque hubo quienes destacaron que varios temas quedaron afuera del cónclave. Por caso, a casi un año y medio de su promulgación, la ley 8173 de acceso a la información pública, aún no se ha reglamentado. El asunto no debería suponer complicación alguna, puesto que el texto de la norma solo indica que la provincia adhiere a la ley Nacional 27.275 de 2016. De allí que, por ejemplo, el oscurantismo en torno a la vacunación de «personal estratégico» no debería existir por principios como el de «presunción de publicidad» o de «transparencia y máxima difusión». La información en poder del Estado debería publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles. También debería ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros. Todo esto con la mayor premura posible y en tiempos compatibles con la preservación de su valor, lo que a las claras está lejos de ser una realidad en Salta.
