Cuatro efectivos serán imputados por ingresar a la fuerza a un domicilio, amenazar y golpear a sus ocupantes.

 

La fiscal de Derechos Humanos Verónica Simesen de Bielke dispuso la apertura del decreto de imputación para cuatro efectivos de la policía de la provincia, acusados de allanar un domicilio, amenazar y agredir físicamente a sus habitantes. La audiencia de imputación por los delitos de: allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, y amenazas en concurso real, en calidad de coautores, está prevista para el miércoles 24 de febrero.

Las actuaciones de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, iniciaron con la denuncia de dos hermanos, quienes relataron que el 5 de abril de 2020, cerca de las 5, dormían en su vivienda ubicada en barrio Arturo Menu de Rosaro de la Frontera, cuando escucharon ruidos en la puerta. Uno de los ellos dormía junto a su esposa e hija. Al despertarse, ambos hermanos se levantaron para ver qué sucedía y observaron a los uniformados, que golpeaban a un vecino.

Ambos relataron que en ese momento, fueron vistos por uno de los policías, quien sacó su arma, les apuntó y les gritó “quédense quietos o los quemo”. Luego, fueron esposados y golpeados, mientras los subían al patrullero.  Una vez allí y mientras permanecían arrodillados y esposados, fueron golpeados con una cachiporra en la espalda y llevados al hospital, donde luego fueron examinados.

Posteriormente, los denunciantes relataron que fueron nuevamente subidos al móvil, donde uno de los efectivos les dio golpes de puño y con la punta de la cachiporra en el estómago.

Tras esto, fueron llevados a la Comisaría 31, donde los amenazaron, al decirles  que la próxima vez, serían llevados a un descampado y que “no la iban a contar”.

Del decreto surgió que los efectivos policiales, llegaron al domicilio y sin que existiera motivo suficiente autorizado por ley, ingresaron a la vivienda. Una vez allí, con exceso en sus funciones, detuvieron a las víctimas sin la autorización de la autoridad competente y luego, mientras los trasladaban, acometieron en contra de su integridad física, al causarle las lesiones que fueron constatadas.

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