A raíz de la citación indagatoria al ex gobernador Juan Carlos Romero, para que declare por la compra-venta irregular de terrenos por parte de la Provincia, se ha discutido acerca de la procedencia de ser llevado por la fuerza pública en caso de que no concurriera a prestarla. Análisis de su legalidad. (Garrik)
Recordemos que el juez de Transición 4, Federico Diez, citó a Romero a prestar indagatoria el jueves en la ciudad judicial. La causa se vincula a compras irregulares de 4 terrenos, por ejemplo, una de ellas tiene que ver cuando un particular adquirió por $80.000 el 6 de junio de 2006, un terreno en la localidad de Cerrillos y a los 2 días, el 8 de junio, vendió dicha propiedad a la Provincia por la suma de 2.002.165 pesos. El particular se quedó con una ganancia de 1.992.165 pesos, dinero que el estado provincial pagó de más por orden de Romero, quien para justificar la compra, adujo necesidades habitacionales en la zona, pero nunca realizaron las viviendas que se requerían.
Sin analizar estas operaciones, nos limitaremos a analizar la posibilidad de que un legislador sea conducido por la fuerza pública a declarar en causa penal como cualquier hijo de vecino, sobre todo teniendo en cuenta que no sólo el senador nacional se suele negar a colaborar con la justicia, sino también que hace poco el vicepresidente Amado Boudou, se presentó a declarar como imputado en la causa Ciccone.
Inmunidad de arresto
La ley nacional 25.320, establece que cuando un juez le impute la comisión de un delito a un legislador sujeto a desafuero, el tribunal seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión.
De esta manera, el senador puede ampararse en sus fueros parlamentarios hasta tanto no se lo desafuere, y negarse a presentarse a declarar como imputado. Lo mismo pudo haber hecho Amado Boudou, sin embargo este decidió acudir a la justicia, porque no nos olvidemos, la declaración indagatoria es un derecho de defensa que tienen los acusados de un delito, y en la misma ni siquiera están obligados a declarar ni a decir verdad, sin que haya presunción alguna en su contra. La justicia igualmente podrá seguir actuando de oficio y seguir con el proceso hasta su culminación, sólo resta esperar cuáles serán los intereses que primen a la hora de saber la verdad.