ALEJANDRO SARAVIA
Hay un momento en que la provocación deja de ser una estrategia y se convierte en una confesión de impotencia política o bien manifestación de graves desequilibrios emocionales. Cuando un presidente necesita insultar todos los días, humillar a sus críticos y convertir cualquier discrepancia en una guerra personal, la pregunta ya no es sólo cuánto puede soportar la sociedad semejante espectáculo. La pregunta es también qué queda de la autoridad presidencial después de haberla degradado sistemáticamente. Javier Milei parece empeñado en demostrar que no reconoce límites. En las últimas semanas volvió a agredir a periodistas, descalificar a quienes cuestionan su gestión y convertir el debate público en una sucesión interminable de agravios.
Pero los episodios domésticos ya no alcanzan para describir el problema. Los papelones internacionales han llevado esta conducta a otro nivel: el de una política exterior subordinada a la confrontación ideológica y al temperamento presidencial. En Brasil, Milei volvió a intervenir en la política interna de un país vecino para respaldar al perdidoso Flávio Bolsonaro, atacar a Luiz Inácio Lula da Silva y calificarlo de ladrón y corrupto. La consecuencia fue concreta: Brasil decidió rebajar el nivel de sus relaciones diplomáticas con la Argentina, que pasaron a gestionarse mediante encargados de negocios. No estamos ante una simple disputa verbal. Estamos ante el deterioro de una relación con nuestro principal socio regional, con el que compartimos intereses comerciales, productivos y estratégicos.
España ofrece otra escena igualmente reveladora. Durante su visita a Madrid del 21 de octubre, Milei llamó dictador a Pedro Sánchez, lo acusó de corrupción y exhortó a los españoles a expulsar electoralmente a los socialistas. También insultó a periodistas que le formularon preguntas para él incómodas. El Ministerio de Asuntos Exteriores español condenó sus expresiones y denunció una injerencia externa en la política nacional. La visita, en vez de fortalecer los vínculos entre dos países unidos por una historia, una lengua y millones de relaciones humanas, volvió a colocar a la Argentina en el centro de una controversia diplomática.
Lo más grave es que todas estas escenas no parecen accidentes. El presidente viaja al exterior y, en lugar de ejercer la representación institucional de todos los argentinos, utiliza esa tribuna para intervenir en disputas partidarias ajenas y postularse de ese modo como líder de una supuesta internacional de extrema derecha. Confunde la diplomacia con la militancia y el interés nacional con sus afinidades ideológicas. Puede tener las preferencias políticas que quiera; lo que no puede hacer sin consecuencias es comprometer las relaciones del Estado argentino, así como los bienes públicos, como si fueran patrimonio personal.
La contradicción es evidente. Milei llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de la política, combatir la corrupción y restaurar la confianza ciudadana. Sin embargo, su conducta plantea una pregunta elemental: ¿cómo puede exigírsele responsabilidad a los demás cuando la investidura presidencial se utiliza para agraviar, provocar y descalificar? La palabra presidencial tiene un peso que no poseen las expresiones de cualquier ciudadano. Puede deteriorar relaciones, legitimar el hostigamiento y convertir diferencias legítimas en enemistades irreconciliables. La autoridad no se demuestra gritando más fuerte, sino ofreciendo razones, aceptando controles y asumiendo responsabilidades.
A ello debemos agregar que todas estas conductas presidenciales entrañan lo que puede caracterizarse como mal desempeño de funciones, causal de juicio político, un mecanismo institucional previsto en la Constitución. No sólo trasuntan desequilibrios emocionales de una persona, sino que afectan los intereses del país representado por ella, intereses por los que deben velar no sólo el presidente sino todos los funcionarios públicos, oficialistas o no.
A todo lo anterior se suman nuevas amenazas, ahora con la hoguera, a periodistas por cumplir con su deber de informarnos imparcialmente acerca del negociado en la causa conocida como LIBRA, sobreseida improcedentemente por dos monigotes que dicen actuar en nombre de la justicia, es decir, el fiscal Taiano y el juez Martínez de Giorgi, los Oyarbide de los Milei, dos mequetrefes que averguenzan no solo a ese poder sino a toda la abogacía.
Mientras tanto, los problemas argentinos siguen esperando respuestas. La pobreza no retrocede con insultos; el empleo no se recupera humillando periodistas; la economía no mejora por agredir a presidentes extranjeros. Gobernar exige resultados, no una competencia diaria para determinar quién recibe el próximo agravio. Existe, además, un riesgo más profundo: acostumbrarse y naturalizar estos desmanes.
Porque una presidencia no se mide por la cantidad de adversarios que consigue humillar, sino por su capacidad para representar a una nación sin comprometer sus intereses ni degradar su dignidad. Y cuando el insulto se convierte en sistema, el problema ya no es la mala educación de un presidente. Es el daño que esa conducta inflige a la función presidencial y a los intereses del país que representa. Por eso, precisamente, estamos hartos.
Y ese mismo hartazgo es el que nos muestra con claridad que ya es el momento de decir basta.